domingo, 26 de abril de 2009

EL ESCANDALOSO EXPEDIENTE DE LA SOJA TRANSGENICA


Verano del ’96
La soja transgénica se autorizó en sólo 81 días del verano de 1996. De 136 folios del expediente, 108 son de Monsanto, en inglés y sin traducción. Solá invocó un dictamen jurídico que aún no se había firmado. Amenazas al investigador de los efectos del glifosato sobre los embriones. Otro estudio sostiene que su fumigación exterminó a los predadores naturales del mosquito vector del dengue. Según D’Elía, en presencia de Buzzi intentaron sobornarlo para bajar las retenciones.

Por Horacio Verbitsky


El expediente administrativo que fundamentó la autorización firmada en 1996 por Felipe Solá para introducir en la Argentina la soja transgénica de Monsanto resistente al herbicida glifosato tiene apenas 136 folios, de los cuales 108 pertenecen a informes presentados por la misma multinacional estadounidense. Ese trabajo está en inglés y en el apuro por llegar a una decisión predeterminada, la Secretaría de Agricultura ni siquiera dispuso su traducción al castellano. Se titula “Safety, Compositional, and Nutricional Aspects of Glyphosayte-tolerant Soybeans” y ocupa del folio 2 al 110 del expediente. Solá se apresuró a firmar la autorización apenas 81 días después de iniciado el expediente, el 25 de marzo de 1996, el mismo día en que los organismos técnicos plantearon serias dudas acerca de sus efectos sobre la salud y solicitaron informes sobre el estado de las autorizaciones en Europa. La resolución de Solá dice que intervino la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía. Pero ese dictamen jurídico recién se firmó tres días después, el 28 de marzo. ¿Quién dijo que en verano decae la laboriosidad oficial?


Tiempo record


El subsecretario de Alimentos Félix Manuel Cirio informa el 3 de enero de 1996 al presidente del Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal (Iascav), Carlos Lehmacher, que le envía los documentos que Monsanto presentó a la Administración de Alimentos y Drogas (FDA) en Estados Unidos, “para que inicie las tareas de análisis y evaluación de dicho material en lo concerniente a Bioseguridad para consumo humano y/o animal”. No hay en el expediente tal análisis ni evaluación, sólo requerimientos de información, que Monsanto no respondió. Sin embargo el 12 de enero el Iascav comunicó a Monsanto que consideraba la posible introducción en el mercado de la soja resistente al glifosato (folio 111). El 26 de enero, el Director de Calidad Vegetal del Iascav, ingeniero agrónomo Juan Carlos Batista agregó en otra nota a Monsanto que sería importante conocer la contestación de la empresa a las observaciones de la agencia estadounidense de drogas y alimentos, FDA (folio 113). Ante la falta de respuesta, Batista insistió el 9 de febrero: “De persistir interés por la prosecución del trámite, agradeceré nos remita lo solicitado” (folio 115). No era falta de interés sino de preocupación por el procedimiento administrativo que estaba asegurado en la más alta instancia. De allí el expediente salta al 25 de marzo con la firma de la resolución 167 de Solá, quien no necesitó ni tres meses para llegar a una decisión trascendente para la economía y la salud pública.


“Efectos no deseados”


El apuro se intensificó en los últimos días: se violaron los procedimientos administrativos vigentes, se dejaron sin respuesta serios cuestionamientos de instancias técnicas y no se realizaron los análisis solicitados. El 25 de marzo, el Coordinador del Area de Productos Agroindustriales del Iascav, Ingeniero Agrónomo Julio Pedro Eliseix, dirigió la nota PRAI 113/96 a su colega director de Calidad Vegetal del Iascav, Juan Carlos Batista. Le comunicó que antes de seguir con la evaluación del producto presentado por Monsanto era necesario establecer ciertos criterios de evaluación para organismos modificados genéticamente (OMG), en términos de Identidad y Nutrición y acerca de la “aparición de efectos no deseados”, como “alergenicidad, cancerogénesis y otras toxicidades”. También recomendó que la empresa garantizara “un correcto rastreo y recupero de la mercadería”, para poder rastrearla y recuperarla en caso de problemas. El mismo día, Batista pidió informes sobre la posibilidad de que Europa declarara la inocuidad de la soja transgénica como alimento y autorizara su importación. Estos pasos quedaron sin respuesta ya que ese mismo día Solá autorizó en apenas 24 líneas que constan en el folio 135 del expediente, “la producción y comercialización de la semilla y de los productos y subproductos derivados de ésta, provenientes de la soja tolerante al herbicida glifosato”. Pero la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía recién dictaminó que Solá tenía facultades para suscribir ese acto administrativo el 28 de marzo, pese a lo cual el expediente le asignó dolosamente el folio 134. Es decir que el entonces secretario de Agricultura, Pesca y Alimentación concedió la autorización tres días antes de contar con el visto bueno de su asesor jurídico y sin esperar respuesta a las observaciones de peligro de sus técnicos. También después de la firma de Solá, el mismo 28 de marzo, la presidente del Instituto Nacional de Semillas, Adelaida Harries, informa que la soja resistente al glifosato cumple con los requisitos de inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares. En el folio 140 del expediente consta un documento que debería haberlo iniciado. Una semana después de concedida la autorización, el ingeniero Batista envía al presidente del Iascav un escrito sin membrete, firma ni identificación del autor titulado “Organismos modificados genéticamente. Consideraciones para su Evaluación”. Dice que influirán en la calidad de vida de las próximas generaciones y que “este avance en caminos aún desconocidos, obliga a que sean desandados con prudencia”. Sus productos “deberían ser pasibles de estudios que garanticen no sólo los aspectos de impacto medioambientales y nutricionales sino, fundamentalmente, los referentes a seguridad e inocuidad”. Entre esos estudios menciona “absorción, distribución y biotransformación de sustancias químicas ‘in vivo’ o ‘in vitro’, ensayos experimentales de toxicidad en animales, de corto, mediano y/o largo plazo”, nada de lo cual se hizo aquí. Estas gravísimas irregularidades deberían acarrear la nulidad de la resolución como acto lícito, arrojan tardía luz acerca del vicio de origen de la mayor transformación económico-social y política producida en el país en las últimas décadas y explican que Solá sea uno de los portavoces del bloque agrario que ahora intenta subordinar a sus intereses al conjunto de la sociedad argentina.


Solá invocó el 25 de marzo un dictamen jurídico que por entonces no existía. Recién se firmó tres días después.


Amenazas a un científico


Algunos de esos estudios recién se están haciendo ahora. Según el que realizó el investigador Andrés Carrasco, reproducido aquí hace dos semanas por el periodista Darío Aranda, el glifosato en dosis muy inferiores a las que se emplean en la agricultura produce gravísimas alteraciones embrionarias. El doctor en medicina Carrasco, de 63 años, trabaja desde hace casi treinta en desarrollo embrionario, fue presidente del Conicet y es Subsecretario De Innovación Científica y Tecnológica del Ministerio de Defensa. Realizó el experimento en su laboratorio de embriología molecular, con sede en el Instituto de Biología Celular y Neurociencias de la Facultad de Medicina, en la Universidad Nacional de Buenos Aires. La difusión de su estudio dio lugar a virulentas reacciones del lobby agromediático. Comenzó con una nota en Clarín de Matías Longoni, uno de los principales colaboradores del ex director del INTA y lobbysta sojero Héctor Huergo en el suplemento Clarín Rural, quien lo descalificó como “un supuesto estudio científico”. Siguió con una nota en La Nación, sobre un “estudio de supuesta validez científica”. Clarín está asociado con La Nación en la feria anual Expoagro, en torno de la cual se realizan cada año negocios por no menos de 300 millones de dólares vinculados con los productos transgénicos y sus encadenamientos económicos. A mediados de esta semana Carrasco fue víctima de un acto intimidatorio en la propia Facultad de Medicina, donde cuatro hombres llegaron hasta su laboratorio e increparon a una colaboradora de Carrasco. Dos de ellos, que parecían “muy nerviosos y exaltados”, se presentaron como miembros de la Cámara de la Industria de Fertilizantes y Agroquímicos y se negaron a dar sus nombres. Los otros dos dijeron ser abogado y escribano. En ausencia de Carrasco interrogaron a la investigadora y exigieron ver “los informes, los experimentos”, para lo que carecían de cualquier título. Dejaron una tarjeta del estudio Basílico, Santurio & Andrada a nombre del abogado Alejandro Felipe Noël. El decano de la Facultad de Medicina se solidarizó con Carrasco y le ofreció el asesoramiento del área jurídica de la facultad. Cuando desde la facultad llamaron al estudio para verificar la existencia del abogado recibieron la respuesta de que no estaba. Carrasco no oculta su indignación por la presencia amenazante de estas personas, que “no tienen derecho a hacer interrogatorios en un ámbito académico. Trataron de convertir en delito la difusión de mi trabajo, con una virulencia y agresividad enormes”. Por la noche encontró en el contestador de su teléfono insultos a “este señor que no quiere mostrar el informe”. Carrasco explica: “Si yo sé algo no me voy a callar la boca. En todo caso pongo en juego mi prestigio entre mis pares. Si lo que digo es falso, yo resultaré perjudicado, si es verdad, compartamos los beneficios de saber”. El 16 de abril esa cámara (Ciafa) y la de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) dijeron en una declaración conjunta que para el Senasa el principio activo glifosato en su uso normal está dentro del grupo de activos de menor riesgo toxicológico y se lo utiliza con éxito en todo el mundo. Aprobado por los organismos de protección ambiental de Estados Unidos y Europa, se comercializa en más de 140 países. Agregan que no presenta efectos nocivos sobre la fauna, la microfauna ni la salud humana, ni tiene efectos inaceptables para el ambiente.


Todos nos beneficiamos


El dirigente de la Federación de Tierra y Vivienda Luis D’Elía dijo a este diario que durante una reunión propiciada por el presidente de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, Huergo le sugirió que recibiría beneficios económicos si colaboraba con la reducción de las retenciones a la exportación de la soja de laboratorio. El diálogo ocurrió en noviembre de 2007, cuando el gobierno del ex presidente Néstor Kirchner elevó la alícuota del 27 al 35 por ciento, es decir varios meses antes de que la presidente CFK y el ministro de Economía Martín Loustau implantaran las retenciones móviles. D’Elía dice que el encuentro se produjo cuando él había renunciado a la Comisión Nacional de Tierras y su relación con el gobierno nacional parecía quebrada, a raíz de sus declaraciones sobre el conflicto en Medio Oriente. Buzzi, con quien en 2001 había formado parte del Frente Nacional contra la Pobreza (Frenapo), le pidió que lo acompañara a una entrevista en los estudios de Canal Rural, con el ingeniero Huergo, y luego los tres fueron a desayunar. Buzzi le dijo que Huergo era “un fenómeno” y que podía ayudarlos a financiar toda la actividad a favor de las reivindicaciones de la Federación. Esos reclamos que D’Elía apoyaba, contra la concentración y la extranjerización de la tierra y a favor de una nueva ley de arrendamientos, no aparecieron en la conversación. “Me fui dando cuenta de que el punto principal que planteaban era la rebaja de las retenciones a la soja. Querían el apoyo de los movimientos sociales para eso”, dice D’Elía. Agrega que Huergo le guiñó un ojo mientras le decía: “Hay que defender la soja y con la soja tenemos que ganar todos, ¿me entiende?”. D’Elía concluye: “creyeron que como estaba mal con el gobierno me sumaría. Pero conmigo se equivocaron”.


La soja y el dengue


Un trabajo reciente del ingeniero agrónomo Alberto Lapolla vincula la epidemia de dengue con la sojización. Desde hace años se advierte una invasión de mosquitos de las especies Aedes y Culex en lugares del país y épocas del año inhabituales, como la pampa húmeda mucho más allá del verano. En 2008, la invasión se extendió hasta mayo, pese al descenso de la temperatura. Ya en 2007 y 2008 hubo casos de fiebre amarilla en Bolivia, Paraguay, Brasil y el Norte argentino, que entonces se adjudicaron a viajeros, porque es confortable pensar que el mal siempre viene de afuera. Con la epidemia de dengue de este año se hizo evidente que la invasión incluía al temible Aedes aegypti, vector de la fiebre amarilla y el dengue. El estudio de Lapolla señala la equivalencia del mapa de la invasión mosquitera con el de la República Unida de la Soja, según la definición de la multinacional Syngenta: Bolivia, Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay, donde el poroto transgénico de Monsanto se fumiga con el herbicida glifosato, y sus compañeros de ruta, 2-4-D, Atrazina, Endosulfán, Paraquat, Diquat y Clorpirifós. Todos los venenos mencionados “matan peces y anfibios, sapos, ranas, escuerzos, etc., es decir los predadores naturales de los mosquitos, de los que se alimentan tanto en su estado larval como de adultos”. Esto se comprueba en “la casi desaparición de la población de anfibios en la pradera pampeana y en sus cursos de agua principales, ríos, arroyos, lagunas y bosques en galería, así como el elevado número de peces que aparecen muertos o con deformaciones físicas y graves afectaciones en su capacidad reproductiva”, como han informado reiterados estudios e investigaciones. A esto debe sumarse la deforestación en las áreas boscosas y de monte del Noreste y el Noroeste, que destruyó su equilibrio ambiental, “liquidando el refugio y hábitat natural de otros predadores de los mosquitos, lo cual permite el aumento descontrolado de su población”. Hace dos semanas visitó la Argentina la periodista francesa Marie-Monique Robin para la presentación de su libro El mundo según Monsanto, recién traducido al castellano. La ministra de Salud Graciela Ocaña la invitó a conversar, pero no pudo asistir a la cita porque fue llamada desde la presidencia por la irrupción de la epidemia de dengue. En su lugar, la audiencia se realizó con el secretario de Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias, Licenciado Alberto Hernández. “Fue muy simpático y amable, pero no tenía la menor idea del tema. Al punto que me preguntó por qué había tantas fumigaciones”, fue el azorado comentario de la investigadora.


viernes, 24 de abril de 2009

El glifosato llegó a la Corte Suprema

Un recurso de amparo solicita la veda del veneno más usado en la industria sojera hasta que se determine su efecto sanitario.

"Se solicita se ordene la suspensión de la comercialización, venta y aplicación de glifosato y endosulfan –agrotóxicos básicos de la industria sojera– en todo el territorio nacional." El reclamo forma parte del recurso de amparo presentado ayer, ante la Corte Suprema de Justicia, por la Asociación de Abogados Ambientalistas (Aadeaa). En un hecho sin precedentes y que apunta al emblema del modelo de agronegocios actual, la ONG también solicita que el Gobierno determine en 180 días el efecto sanitario de los químicos agrarios, carga responsabilidades sobre los estados provinciales de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, y también apunta a Monsanto, la compañía líder del sector, la mayor productora y comercializadora de glifosato. La presentación judicial cita media docena de estudios científicos que describen los males de los agrotóxicos y destaca la necesidad de priorizar la protección del ambiente y la salud de los pueblos por sobre una actividad económica.

Con 36 carillas, la presentación describe el accionar del modelo agrario basado en el monocultivo de soja, precisa los efectos negativos de los agrotóxicos, informa cuadros médicos agudos de campesinos y solicita la urgente necesidad de frenar el uso de los dos agroquímicos hasta tanto no se precise su grado de toxicidad. También requiere que la Comisión Investigadora del Ministerio de Salud –creada en enero último para investigar los efectos de agroquímicos– "se expida definitivamente" sobre los efectos de los herbicidas. "Hasta el momento, preocupantemente, no ha tenido avances concretos", afirma la ONG, fundada en el año 2004 por un grupo de abogados vinculados con el cuidado del ambiente.
"Los demandados son el Poder Ejecutivo nacional y las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe (las tres provincias donde la Justicia de primera instancia ya se expidió contra las fumigaciones sojeras). A la empresa Monsanto, principal comercializadora del herbicida, se la cita como tercera interesada (por ser la mayor productora del herbicida)", aclara el escrito.
La presentación ante la Corte se origina luego de que este diario difundiera un estudio del Laboratorio de Embriología Molecular del Conicet-UBA (Facultad de Medicina), en el que se comprobó que dosis muy inferiores a las utilizadas en agricultura provocan trastornos intestinales y cardíacos, malformaciones y alteraciones neuronales. El amparo de la Asociación de Abogados Ambientalistas es el primero en llegar al máximo tribunal y constituye un viejo anhelo de comunidades campesinas e indígenas.
"Lo presentamos a las 7.45. Sabemos que Monsanto ya lo sabía a las 9 y que el secretario de Ambiente (Homero Bibiloni) se enteró antes de las 10. Está claro que existen enormes intereses en juego", reconoció el director ejecutivo de la entidad, Mariano Aguilar.
La Corte no tiene tiempos estipulados para expedirse. El máximo tribunal puede fallar en pocos días (como con el freno a los desmontes en Salta) o dejar dormir la presentación. "La Corte ha demostrado su conocimiento de derecho ambiental en el caso del Riachuelo y con los bosques de Salta, confiamos que siga en el mismo camino", arriesgó el abogado, aunque también reconoció que esta causa tiene implicancias muy por encima de las dos anteriores: apunta a un modelo agrario presente en medio país.
El amparo se fundamenta en la figura del "daño ambiental colectivo" (perjuicio que se ocasiona a grupos de personas y que ocasiona la presentación judicial de un ciudadano o entidad del tercer sector) y en el artículo 41 de la Constitución nacional: "Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según establezca la ley". Y recuerda que el derecho ambiental, en el que se basa el amparo, "tiene carácter preventivo y precautorio, que lleva fundamentalmente como columna vertebral de su existencia evitar, ante la duda, que se produzcan mayores daños en la vida o en la salud de las personas, ello a pesar de las múltiples comprobaciones que se acreditan (de la toxicidad de los herbicidas)".
En reiterados apartados, la presentación judicial apunta contra los organismos oficiales. "A los efectos de entender la verosimilitud del derecho cabe destacar la inexistencia de contralor por parte del Estado sobre los efectos que causan las sustancias invocadas sobre los seres humanos y sobre el ambiente todo." La causa, que lleva el número 262/09, reclama la realización de un relevamiento de las zonas afectadas por los agrotóxicos, que se identifiquen los damnificados y se brinde contención y tratamiento médicos adecuados. También solicita declaración testimonial del profesor de embriología y director del Laboratorio de Embriología, Andrés Carrasco, y del secretario de Ambiente.

Por Darío Aranda - Publicado en Página 12 - Argentina

lunes, 13 de abril de 2009

El tóxico de los campos


EXCLUSIVO: UNA INVESTIGACION DEL CONICET CONFIRMO EL EFECTO PERJUDICIAL DEL GLIFOSATO


El agrotóxico básico de la industria sojera produce malformaciones neuronales, intestinales y cardíacas, aun en dosis muy inferiores a las utilizadas en agricultura. El estudio, realizado en embriones, es el primero en su tipo y refuta la supuesta inocuidad del herbicida.

Por Darío Aranda

Las comunidades indígenas y los movimientos campesinos denuncian desde hace una década los efectos sanitarios de los agrotóxicos sojeros. Pero siempre chocaron con las desmentidas de tres actores de peso, productores (representados en gran parte por la Mesa de Enlace), las grandes empresas del sector y los ámbitos gubernamentales que impulsan el modelo agropecuario. El argumento recurrente es la ausencia de “estudios serios” que demuestren los efectos negativos del herbicida. A trece años de fiebre sojera, por primera vez una investigación científica de laboratorio confirma que el glifosato (químico fundamental de la industria sojera) es altamente tóxico y provoca efectos devastadores en embriones. Así lo determinó el Laboratorio de Embriología Molecular del Conicet-UBA (Facultad de Medicina) que, con dosis hasta 1500 veces inferiores a las utilizadas en las fumigaciones sojeras, comprobó trastornos intestinales y cardíacos, malformaciones y alteraciones neuronales. “Concentraciones ínfimas de glifosato, respecto de las usadas en agricultura, son capaces de producir efectos negativos en la morfología del embrión, sugiriendo la posibilidad de que se estén interfiriendo mecanismos normales del desarrollo embrionario”, subraya el trabajo, que también hace hincapié en la urgente necesidad de limitar el uso del agrotóxico e investigar sus consecuencias en el largo plazo. El herbicida más utilizado a base de glifosato se comercializa bajo el nombre de Roundup, de la compañía Monsanto, líder mundial de los agronegocios.

El Laboratorio de Embriología Molecular cuenta con veinte años de trabajo en investigaciones académicas. Funciona en el ámbito de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). Es un espacio referente en el estudio científico, conformado por licenciados en bioquímica, genética y biología. Durante los últimos quince meses estudió el efecto del glifosato en embriones anfibios, desde la fecundación hasta que el organismo adquiere las características morfológicas de la especie.

“Se utilizaron embriones anfibios, un modelo tradicional de estudio, ideal para determinar concentraciones que pueden alterar mecanismos fisiológicos que produzcan perjuicio celular y/o trastornos durante el desarrollo. Y debido a la conservación de los mecanismos que regulan el desarrollo embrionario de los vertebrados, los resultados son totalmente comparables con lo que sucedería con el desarrollo del embrión humano”, explica Andrés Carrasco, profesor de embriología, investigador principal del Conicet y director del Laboratorio de Embriología.

El equipo de investigadores dice que las diluciones recomendadas para la fumigación por la industria agroquímica oscilan entre el uno y el dos por ciento de la solución comercial (cada un litro de agua, se recomienda 10/20 mililitros). Pero en el campo es sabido –incluso reconocido por los medios del sector– que las malezas a eliminar se han vuelto resistentes al agrotóxico, por lo cual los productores sojeros utilizan concentraciones mayores. El estudio afirma que en la práctica cotidiana las diluciones varían entre el diez y el treinta por ciento (100/300 mililitros por litro de agua).

Utilizando como parámetros de comparación los rangos teóricos (los recomendados por las compañías) y los reales (los usados por los sojeros), los resultados de laboratorio son igualmente alarmantes. “Los embriones fueron incubados por inmersión en diluciones con un mililitro de herbicida en 5000 de solución de cultivo embrionario, que representan cantidades de glifosato entre 50 y 1540 veces inferiores a las usadas en los campos con soja. Se produjo disminución de tamaño embrionario, serias alteraciones cefálicas con reducción de ojos y oído, alteraciones en la diferenciación neuronal temprana con pérdida de células neuronales primarias”, afirma el trabajo, que se dividió en dos tipos de experimentación: inmersión en solución salina y por inyección de glifosato en células embrionarias. En ambos casos, y en concentraciones variables, los resultados fueron rotundos.

“Disminución del largo del embrión, alteraciones que sugieren defectos en la formación del eje embrionario. Alteración del tamaño de la cabeza con compromiso en la formación del cerebro y reducción de ojos y de la zona del sistema auditivo, que podrían indicar causas de malformaciones y deficiencias en la etapa adulta”, alerta la investigación, que también avanza sobre efectos neurológicos graves: “(Se comprobaron) Alteraciones en los mecanismos de formación de neuronas tempranas, por una disminución de neuronas primarias comprometiendo el correcto desarrollo del cerebro, compatibles con alteraciones con el cierre normal del tubo neural u otras deficiencias del sistema nervioso”.

Cuando los embriones fueron inyectados con dosis de glifosato muy diluido (hasta 300.000 veces inferiores a las utilizadas en las fumigaciones), los resultados fueron igualmente devastadores. “Malformaciones intestinales y malformaciones cardíacas. Alteraciones en la formación y/o especificación de la cresta neural. Alteraciones en la formación de los cartílagos y huesos de cráneo y cara, compatible con un incremento de la muerte celular programada.” Estos resultados implican, traducido, que el glifosato afecta un conjunto de células que tienen como función la formación de los cartílagos y luego huesos de la cara.

“Cualquier alteración de forma por fallas de división celular o de muerte celular programada conduce a malformaciones faciales serias. En el caso de los embriones, comprobamos la existencia de menor cantidad de células en los cartílagos faciales embrionarios”, detalla Carrasco, que también destaca la existencia de “malformaciones intestinales, principalmente en el aparato digestivo, que muestra alteraciones en su rotación y tamaño”.

La soja sembrada en el país ocupa 17 millones de hectáreas de diez provincias y es comercializada por la empresa Monsanto, que vende las semillas y el agrotóxico Roundup (a base de glifosato), que tiene la propiedad de permanecer extensos períodos en el ambiente y viajar largas distancias arrastrados por el viento y el agua. Se aplica en forma líquida sobre la planta, que absorbe el veneno y muere en pocos días. Lo único que crece en la tierra rociada es soja transgénica, modificada en laboratorio. La publicidad de la empresa clasifica al glifosato como inofensivo para al hombre.

Como todo herbicida, está conformado a partir de un ingrediente “activo” (en este caso el glifosato) y otras sustancias (llamadas coadyuvantes o surfactantes, que por secreto comercial no se especifican en detalle), cuya función es mejorar su manejo y aumentar el poder destructivo del ingrediente activo. “El POEA (sustancia derivada de ácidos sintetizados de grasas animales) es uno de los aditivos más comunes y más tóxicos, se degrada lentamente y se acumula en las células”, acusa la investigación, que describe el POEA como un detergente que facilita la penetración del glifosato en las células vegetales y mejora su eficacia. Investigadores de diversos países han centrado sus estudios en los coadyuvantes (ver aparte) y confirmado sus consecuencias.

En el estudio experimental del Conicet-UBA (según sus autores, el primero en investigar los efectos del herbicida y el glifosato puro en el desarrollo embrionario de vertebrados), se focaliza en el elemento menos estudiado y denunciado del Roundup. “El glifosato puro introducido por inyección en embriones a dosis equivalentes de las usadas en el campo entre 10.000 y 300.000 veces menores, tiene una actividad específica para dañar las células. Es el responsable de anomalías durante el desarrollo del embrión y permite sostener que no sólo los aditivos son tóxicos y, por otro lado, permite afirmar que el glifosato es causante de malformaciones por interferir en mecanismos normales de desarrollo embrionario, interfiriendo los procesos biológicos normales.”

Carrasco rescata las decenas de denuncias –y cuadros clínicos agudos– de campesinos, indígenas y barrios fumigados. “Las anomalías mostradas por nuestra investigación sugieren la necesidad de asumir una relación causal directa con la enorme variedad de observaciones clínicas conocidas, tanto oncológicas como de malformaciones reportadas en la casuística popular o médica”, advierte el profesor de embriología.

La investigación recuerda que el uso de agrotóxicos sojeros obedeció a una decisión política que no fue basada en un estudio científico-sanitario (“es inevitable admitir la imperiosa necesidad de haber estudiado éstos, u otros, efectos antes de permitir su uso”), denuncia el papel complaciente del mundo científico (“la ciencia está urgida por los grandes intereses económicos, y no por la verdad y el bienestar de los pueblos”) y hace un llamado urgente a realizar “estudios responsables que provengan mayores daños colaterales del glifosato”.


Fuente: Página 12 - Argentina
Subnotas a este artículo del mismo autor: Los otros estudios y Venenos en alza

domingo, 5 de abril de 2009

Despojo de tierras para agrocombustibles: ninguna tierra es marginal

Brasil, Colombia o Argentina son considerados como regiones con gran potencial para expandir la producción de agrocombustibles para abastecer a la Unión Europea, en mucha mayor medida de lo que ya se viene dando en estos países. Una de los argumentos que se esgrimen por parte de los defensores de los agrocombustibles es la existancia de extensas áreas de tierra disponibles, a las que se denominan comúnmnete como “tierras marginales” o tierras de deshecho, abandonadas, improductivas. Sin embargo, en este artículo sostendremos que el concepto de “tierras marginales” -tierras con un bajo valor productivo es un concepto muy confuso y su uso en el contexto de los agrocombustibles puede resultar peligroso. Esta calificación de “marginal” es introducida por un interés productivista y económico de considerar los suelos (1). Desde nuestro punto de vista, el hecho de que un recurso natural, como lo es el suelo, no esté siendo utilizado para producir un beneficio económico para el mercado globalizado, no significa que no tenga un gran valor ecológico y para las poblaciones locales.

Desde un punto de vista ecológico no existe la marginalidad. En zonas de poca productividad, la producción de biomasa puede ser baja, o puede ser necesaria gran cantidad de fertilizantes y agua, lo que tendrá otras consecuencias como contaminación de aguas y toxicidad. Las denominadas tierras marginales tienen desde un punto de vista social, una función clave para la subsistencia de comunidades rurales. Así lo destaca un reporte reciente de la FAO (2). La población rural, y de un modo especial las mujeres, extraen habitualmente de estas áreas, todo aquello que necesitan para su subsistencia, como el alimento, caza, agua y leña. Los planes de expansión de los monocultivos industriales tan sólo extreman el problema de la concentración de tierras, y termina dificultando e incluso impidiendo su acceso a la población que depende de ellas, y así minando su modo de vida.

Muchas áreas naturales en Latinoamérica, como en Brasil la selva amazónica, el cerrado, la mata atlántica y el pantanal, han sido ya gravemente afectados por el boom de la producción de agrocombustibles, y la conversión del uso de las tierras en monocultivos industriales. Millones de indígenas, afrodescendientes y campesinos viven en estos ecosistemas, y dependen de ellos. Muchos han sido ya expulsados de sus hogares, a menudo con violencia. Hoy crece palma aceitera, maíz, caña de azúcar o sojá transgénicas en sus territorios ancestrales. Los impactos indirectos del desplazamiento de personas son muy serios y deben ser tomados en cuenta. Estos se encuentran repentinamente obligados a comenzar una nueva vida, casi siempre en condiciones muchísimo peores, en los suburbios pobres de las grandes ciudades o villas miseria (3).

Las preocupaciones de los campesinos y organizaciones sociales y ambientales latinoamericanas deben ser tomados en consideración y respetados no sólo por aquellos que elaboran las políticas globalizadoras, sino también por consumidores y hasta por ambientalistas. Las políticas de la Unión Europea que promocionan ampliamente la introducción de agrocombustibles que deben elaborarse a base de materias primas procedentes de las commodities de estas tierras supuestamente “marginales”, están olvidando o fallando en valorar a las poblaciones rurales de los países del Sur, sus modos de vida y los ecosistemas donde viven y de los que dependen, sus culturas, sus tradiciones, y así también sus derechos. Estas poblaciones no están orientadas al mercado global, sino a la producción de alimentos para sí mismos. Esto es lo que se califica de “marginal” o “deshecho”. En países como Malasia o Indonesia se habla de la existencia de grandes áreas de tierras marginales, donde deberán implementarse las plantaciones de palma africana, pero sin embargo, estos países tienen unas de las tasas de deforestación más altas del mundo. Todos sistemas de certificación de agrocombustibles que aspira a implementar la Unión Europea para la supuesta utilización de agrocombustibles “sostenibles”, fallan en resolver el problema de las tierras marginales, sugiriendo simplemente que los cultivos para agrocombustibles deben implementarse en estas tierras, sin acertar a definir de un modo claro cuáles son y dónde están.

Retomando la reflexión acerca de las tierras marginales, nuestra apreciación en el seguimiento que hacemos de cómo se está desenvolviendo la expansión de los monocultivos, es que la industria de agrocombustibles tiene sus ojos puestos principalmente en las mejores tierras, pero de modo intencionalmente confuso se utiliza este término de “tierras marginales”. Lo que realmente puede observarse, es que la producción de agrocombustibles está teniendo lugar sobre los ecosistemas naturales, los sistemas de agricultura local y sobre las propias comunidades rurales.

Hablamos de Argentina, donde niños mueren de hambre diariamente en todo el país, de Colombia, donde la población afrocolombiana está siendo desplazada con violencia y asesinada por encargo de empresas para hacerse con sus tierras para las plantaciones de palma; de Brasil, donde la reforma agraria es el principal motivo de lucha para la población rural. En estos países, ninguna tierra es tierra marginal.

Caso Argentina: De la Soja a la Jatropha

En Argentina, algunos funcionarios del gobierno y empresas intentan promover la jatropha como cultivo que restaura los suelos y da un aceite reutilizable y no comestible. La planta a partir de la que se produce este aceite, supuestamente crece en “tierras marginales”, con una alta productividad y sin competir con la cadena alimentaria humana ni animal.

El Grupo de Reflexión Rural GRR, que se ocupa intensamente de los problemas que ocasiona el agronegocio en el campo argentino, denuncian que estos planes producirán aún más desplazamientos de campesinos, más concentración de tierras y de riqueza en pocas manos, además de añadir miles de hectáreas deforestadas a los ya desaparecidos bosques. “No se limitará a aumentar la pobreza, el hambre, la tuberculosis, el chagas, la leishmaniasis o la fiebre amarilla, sino que además, la especie es extremadamente invasiva y su impacto en áreas de biodiversidad como el chaco será aún peor que el impacto de la soja transgénica” denuncia un representante del GRR. Esto significa, que como ya ha pasado con otros de los cultivos destinados a la producción de agrocombustibles en Latinoamérica, como la soja, la palma, la caña de azúcar o el maíz, la introducción de jatropha en el sistema económico, “no significará mayor desarrollo para las familias campesinas y para las comunidades, pero incrementará el producto interior bruto que sólo enorgullece al gobierno, confundiendo una vez más crecimiento con desarrollo”. El cultivo de la jatropha curcas está por cierto aún prohibido en Argentina, porque los correspondientes estudios de plagas aun no han sido efectuados en el país. (4)

La expansión indiscriminada de los monocultivos de soja y la apertura a la lógica del agronegocio del mercado mundial, han destruido la coexistencia en el campo argentino entre grandes terratenientes, pequeños campesinos e indígenas. Los grandes terratenientes que se asociaron con las multinacionales ganaron la batalla, y miles de campesinos fueron desplazados en los últimos años del campo argentino. Mientras el precio internacional de la soja aumentaba, la soja se exendía más allá de las tierras fértiles, hacia las llamadas “tierras marginales”, en el norte del país. Ahí vivían campesinos que cultivaban alimentos, y comunidades indígenas que luchaban por sus derechos territoriales, de los que dependían para su supervivencia (5). Esa región tiene además una de las tasas de biodiversidad más altas del país. Un conflicto de tierras enorme, que se desenvuelve con violencia, comenzó con la soja, y continuará con los planes oficiales para implementar la jatropha.
Casos muy recientes de comunidades afectadas por las situaciones descritas en el norte de Argentina son la comunidad indígena Wichi, que resiste en contra de la deforestación de los bosques para dar paso a más expansión de más soja en la región del bosque seco del chaco en la provincia de Salta. O el caso de la comunidad indígena guaraní que fue expulsada violentamente de su tierra por los productores sojeros, con la complicidad del gobierno de la provincia de Jujuy. Estas luchas son sólo ejemplos puntuales, pero para nada únicos.


Robo de tierras en Colombia

Nada ilustra de una manera más clara los conflictos por la tierra y la inexistencia de las tierras “marginales” que el caso colombiano. En Colombia, existen conflictos gravísimos por la tierra, que implican muerte, robo, ocupación de las tierras, militarización y paramilitarización, y una serie larguísima de violaciones de derechos fundamentales. La revista colombiana Semana, publicó recientemente una sección especial sobre el tema del robo de las tierras (7), donde se afirma que quienes reclaman sus tierras son asesinados, torturados y amenazados. De las tierras usurpadas apenas se ha devuelto el 1 por ciento. Algunos habitantes del Chocó intentaron regresar a sus tierras encontrándose al llegar con la sorpresa de que su pueblo había sido demolido y en su lugar crecía palma africana. Quince mil personas fueron desplazadas en este contexto, sólo en el bajo Atrato para la implementación del megaproyecto agrícola, cuyo boom se basa también en el de los agrocombustibles. Pocos son los que continúan resistiendo desde 1997 en que comenzó este desplazamiento. Las vidas de los demás ya han sido cambiadas para siempre, y la ocupación ilegal de 29.000 hectáreas de tierras por empresarios ha sido reconocida por el Estado colombiano.

En Colombia, desde hace ya casi dos décadas parcelas campesinas vienen siendo usurpadas o sus dueños presionados para venderlas a precios bajos, en un confuso marco jurídico para hacer aparecer todo como “legal” (8). A pesar de este complejísimo contexto, el gobierno colombiano habla de que prevee una expansión potencial de hasta 3.500.000 ha para los cultivos de palma. La pregunta al estado colombiano sería dónde se localizan estos millones de hectáreas, pues se menciona la aptitud de suelo y clima y otros factores de producción, pero no el hecho de que se trata de territorios de pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas y campesinas. La revista Semana menciona un millón de hectáreas de tierras abandonadas en zonas remotas y conflictivas, que pertencecen a víctimas del conflicto armado; es impensable su ocupación para el agronegocio, ya que deberían ser restituidas a sus dueños legítimos. De este modo, más expansión de la palma en Colomiba, sólo podrá significar, al igual que en otras partes de Latinoamérica, más conflictos como los ya existentes sociales, culturales y económicos, además de los ambientales. Este es el peligro que supone la expansión de los agrocombustibles sobre cualquier superficie de tierra, aunque se llame a esta “marginal”.



Guadalupe Rodríguez, Salva la Selva (http://www.salvalaselva.org/)







Información completa sobre agrocombustibles en los países del Sur puede encontrarse en:
http://www.stop-agrocombustibles.nireblog.com/



Notas:
(1) Ibáñez Juan J., Dr. (CSIC-Universidad de Valencia), “Tierras Marginales: un Concepto Peligroso y Confuso”,


http://weblogs.madrimasd.org/universo/archive/2008/06/01/93491.aspx (1-6-2008) and “Tierras Marginales y Biocombustibles de Segunda Generación: Otra Gran Mentira”





(2) FAO Report, Andrea Rossi & Yianna Lambrou,“Gender and Equity Issues in Liquid Biofuels Production – Minimizing the Risks to Maximize the Opportunities” (4- 2008) ( http://www.fao.org/newsroom/es/news/2008/1000830/index.html)


(3) Global Forest Coalition, “The True Cost of Agrofuels: Impacts on Food, Forests, Peoples and the Climate ”, (2007) (http://www.globalforestcoalition.org/img/userpics/File/publications/Truecostagrofuels.pdf)
(5) Norma Giarranca, “Agrofuels in Latinamerica”, july 2007, ( http://www.grain.org/seedling/?id=491 )
(6) Desalojos y violencia contra comunidades indigenas en el norte de Argentina Noticias Urgentes del colectivo de CAPOMA- Jujuy, Argentina, august 2008 ( http://www.lasojamata.org/ )
Recursos acerca del monocultivo de la soja en: http://stop-agrocombustibles.nireblog.com/post/2008/03/04/documentacion-acerca-de-la-soja#more
(7) “Los usurpados del Chocó”, Revista Semana, http://www.semana.com/noticias-nacion/usurpados-del-choco/121717.aspx

(8) “Los están matando”, Revista Semana, http://www.semana.com/noticias-nacion/estan-matando/121735.aspx

jueves, 2 de abril de 2009

Productores de soja fumigan sobre pobladores rurales en Argentina

En Desvío Arijón, provincia argentina de Santa Fe, las plantaciones de frutilla fueron reemplazadas por la soja y los vecinos resisten a las fumigaciones con agrotóxicos.

Desvío Arijón, un pueblo ubicado a 40 kilómetros al sur de la capital de la provincia de Santa Fe, sufre las consecuencias de la expansión del monocultivo de soja transgénica en Argentina.
Su cultivo tradicional, la frutilla, ya no se siembra en el pequeño pueblo. La soja ocupó su lugar y con ella las fumigaciones con herbicidas, entre los que se cuenta el glifosato.

El veneno puede aplicarse legalmente en zonas rurales pobladas de toda la provincia de Santa Fe. La Ley Provincial Nº 11.273, conocida como ley de fitosanitarios, es la norma que lo permite.

Los vecinos de este pueblo de 3 mil habitantes comienzan a organizarse para modificar la ley, que sólo limita las fumigaciones en las zonas urbanas.
Mientras, resisten e intentan detener a las máquinas fumigadoras. Por hacerlo, la justicia abrió causas por invasión de domicilio y amenazas a dos vecinos.

Liana Alonso, presidenta del Servicio de Atención Médica Comunitario (SAMCO) de Desvío Arijón, y Jaime Chauque, hijo del cantante Rubén Patagonia y vecino del pueblo, se pararon frente a una máquina de fumigación terrestre.

En diálogo con el programa de radio "Secreto a Voces" que se emite desde la ciudad capital de Santa Fe, ambos expresaron su firmeza en defender la vida y sus intenciones de extender la lucha a toda la provincia.


(PÚLSAR/Secreto a Voces)
Francisco Chiacchietta (Red de Corresponsales) 02/04/2009


Para escuchar los audios disponibles: http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=14745

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