domingo, 31 de mayo de 2009

La oligarquía sojera desespera


El editorial del 24 de abril del diario de los Mitre (La Nación), terroríficamente titulado ‘tierra arrasada’, que fue refrendado por otro del día siguiente de F. Bertello llamado ‘Ante el riesgo de volver al pasado’ –pasado industrial, productivo, independiente, soberano e inclusivo, podríamos agregar-, hace una defensa desesperada y plagada de mentiras y descalificaciones antidemocráticas hacia la acción del gobierno, del modelo de la sojización.

Allí se defiende irresponsablemente la principal herramienta del pequeño poroto transgénico: la lluvia agrotóxica del herbicida glifosato que anualmente inunda nuestros campos, napas, cursos de agua, arroyos, lagunas, ríos y el ambiente circundante de las ciudades del interior. Lluvia que viene acompañada, de su secuela de teratogénesis (malformaciones en los nacimientos y abortos espontáneos) cánceres, alergias, dermatitis, enfermedades respiratorias, expansión descontrolada de la población de mosquitos, afectación de la micro-macroflora y micro-macrofauna del suelo y otros efectos nocivos que se manifiestan en toda la extensión de la cuenca sojera.
Espantó a La Nación, un reciente informe preliminar dado a conocer por el Dr. Andrés Carrasco, científico argentino de renombre internacional, con más de treinta años de carrera, descubridor en los años ochenta del rol de los ‘Genes Hox’ en la morfogénesis de los vertebrados y Director del Laboratorio de Embriología Molecular del Conicet y de la Facultad de Medicina de la UBA. El informe del Dr. Carrasco versaba sobre los graves trastornos teratógenicos y protocancerígenos descubiertos en sus investigaciones de dos años de duración, en embriones de Xenopus levis, un anfibio utilizado en el mundo entero para estudiar los efectos de los fármacos y tóxicos sobre los vertebrados. Gracias a lo descubierto por el Dr. Carrasco en los años ochenta, la ciencia mundial sabe hoy que los procesos morfogenéticos de los anfibios, se reproducen de igual manera en el resto de los vertebrados, lo que incluye al ser humano. Es por ello que Carrasco, como haría cualquier científico responsable ante su sociedad, haya preferido hacer públicos a la prensa sus conclusiones, ya bastante avanzadas y con contundente seriedad académica. Palabrita ésta que le gusta a La Nación cuando la ‘Academia’ es de ella, pero que le molesta cuando la Academia le juega en contra. Carrasco salió a advertir a la comunidad, antes de publicar su trabajo en cualquiera de las medios
científicos existentes, pues al descubrir un hecho que puede afectar gravemente a la salud de la población, primó su responsabilidad como científico, antes que las ataduras a los pasos burocráticos del sistema científico, que por otro lado lo autorizan perfectamente a hacer lo que hizo. De hecho las denuncias y evidencias contra los nocivos efectos del glifosato-Round up y el paquete de agrotóxicos que acompañan a la sojización, van en aumento día a día.

La Nación reduce la cifra de agrotóxicos, a 160-180 millones de litros, pero en la última campaña los litros desparramados superan los 300 millones de venenos, varios de ellos prohibidos en otros países (2-4-D, Clorpirifós, Paraquat, Diquuat), con crecientes daños para el ecosistema en su conjunto y para la salud de la población en particular. Lógicamente las medidas a tomar a partir de la publicación oficial del informe, que pese a lo que tergiversa La Nación, fue entregado por el Dr., Carrasco, al Poder Ejecutivo Nacional, a ambas cámaras del Congreso Nacional y al Conicet, y un resumen preliminar nos fue entregado por correo electrónico a los investigadores ambientales y está disponible para cualquiera. Pero claro, no fue entregado con anticipación –impidiendo su ocultamiento- ni a la Nación, ni a Clarín, ni a la Cámara de agrotóxicos y fertilizantes, ni a Aapresid, ni a Monsanto, ni a los muchachos de la Mesa de Enlace, ni a ningún otro integrante del ‘agronegocio sojero’, y eso lo hace insostenible para La Nación. Peor aun, todos ellos comienzan a mirar con preocupación a sus colegas de la industria del tabaco, cuando se confirmara su relación directa con el cáncer de pulmón. Las costosas indemnizaciones que el agronegocio sojero deberá pagar al conjunto de la población contaminada con venenos agrícolas, por sus secuelas de cánceres, malformaciones, abortos espontáneos, y otras plagas parecen quietarle el sueño a La Nación y sus socios sojeros, por eso no ven la hora, ni la forma de acabar con este gobierno que permite estas investigaciones impertinentes. La sojización constituye una verdadera plaga que ha devastado el otrora poderoso y autosuficiente sistema productivo agropecuario argentino, que se caracterizaba por obtener una enorme masa de alimentos sanos y de altísima calidad sin apelar prácticamente al uso de agrotóxicos, basándose en las enormes ventajas agroecológicas de nuestras pampas y de la rotación agrícola-ganadera que por décadas permitió alimentar adecuadamente a nuestra población y al mismo tiempo poseer un alto saldo exportable de granos y carnes de altísima calidad, hoy perdida por la sojización masiva y la expansión de la producción de ‘carne- basura’ producida en el feed- lot, su lógico producto. Así dejamos de ser el ‘granero del mundo’ –que añora La Nación- para transformarnos en el ‘pastizal-sojal’ de China, la India y la UE, primarizando nuestra producción agrícola a extremos ridículos. Le vendemos soja y maíz en grano a Chile, para comprarles luego los cerdos y pollos que ellos producen con nuestros granos y que nosotros hemos dejado de producir gracias a la expansión descontrolada de la producción de ‘pasto-soja’.

Mentiras a granel

En un párrafo sin desperdicio, para el dolor de nuestra memoria histórica, La Nación se escandaliza de que la Ministra de Defensa haya prohibido sembrar soja trángencia en los campos del Ministerio a su cargo. El diario no puede dejar de mostrar su espanto ante el sistema democrático vigente y su profundización a partir de 2003. 

Dice La Nación: ‘Cuesta creer la ligereza con la cual la ministra de Defensa ha dispuesto prohibir la siembra de soja transgénica en inmuebles propios de las Fuerzas Armadas. Desde el momento en que el ex presidente Néstor Kirchner ordenó a su entonces jefe de Estado Mayor General del Ejército que retirara, como si hubiera sido un peón de limpieza, con sus propias manos un retrato de Jorge Videla del Colegio Militar, la época del desprecio por las instituciones del país ha seguido un curso por momentos trágico y por momentos desopilante.’ Si el párrafo no perteneciera a un editorial del diario mitrista, seguramente merecería integrar una de las mejores antologías de la picaresca político. Cuando el ex presidente Kirchner ordenó al Jefe de Estado mayor retirar la foto de Videla -pues ninguno de los colaboradores del general quiso hacerlo en muestra de rebeldía- Kirchner cerraba con esa acción decidida y valiente un largo ciclo histórico de autoritarismo militar por sobre el poder civil. Fue en ese preciso instante que la aciaga frase del ex presidente Alfonsín, sobre sus ‘Felices Pascuas’ que congelara por veinte años la construcción de un verdadera democracia en la Argentina, pasaba a ser historia. Néstor Kirchner ponía blanco sobre negro que el jefe militar era el Presidente elegido democráticamente por los argentinos, tal cual expresa nuestra Constitución. Esa que La Nación despreciara y aboliera una y otra vez a lo largo de nuestra historia, apoyando a cuanto golpe de Estado se produjera. Los genocidas y asesinos debían ser juzgados, la democracia podía seguir su curso interrumpido por las leyes de la impunidad. Kirchner hacía exactamente, lo que Alfonsín se había negado a hacer en la aciaga Semana Santa donde decidió vaciar de contenido su gobierno y traicionando a los millones de argentinos que dejando de lado sus banderías políticas, ocuparon las plazas de la Patria, rodearon Campo de Mayo y estaban prontos a destrozar al ejército asesino y genocida emergido del 24 de marzo de 1976 y dispuestos reemplazarlo por uno nuevo democrático y popular.

Videla y el glifosato: el mismo proyecto

Resulta notable que La Nación junte al glifosato y la sojaRR con Videla, casi sin anestesia, pues como hemos explicado muchas veces, la sojziación, que ha devuelto al país al modelo agroexportador, es hija directa de la brutal desindustrialización iniciada en marzo de 1976 y llevada hasta el hartazgo por el menemato. Entre 1976 y diciembre de 2001 se destruyeron 280.000 establecimientos industriales y se perdieron 300.000 productores agropecuarios. De ese increíble retroceso histórico surgió la sojización que nos devolvió al modelo de la ‘granja británica’, vigente entre 1862 a 1943, claro que ahora remozada como ‘pastizal chino’. Le vendemos a China ‘pasto-soja’ y le compramos toda su producción industrial incluida la basura.

Eso si que es retorno al pasado. Argentina es el único país en el mundo que se desindustrializó por decisión política de su burguesía, sin haber sufrido ni una guerra de invasión, o de anexión, como ocurriera con la ex Yugoeslavia, la ex Alemania comunista o Irak. La última frase del párrafo es absolutamente perversa y denuesta el correcto accionar de la Presidenta legitima de los argentinos. ‘De un día para otro se toman en el seno de un gobierno orientado desde las sombras, y no por quien fue elegida para regir por cuatro años su destino, medidas que asombran. Pasará el tiempo y muchos de los personajes de esta época revistarán como protagonistas de capítulos inverosímiles, impropios de una república cuya grandeza se celebró por muchas razones en el mundo.’ ¿A razón de qué, una medida tomada por la ministra de Defensa designada por aquella Presidenta‘elegida para regir por cuatro años su destino’ años proviene de un supuesto ‘poder en las sombras’? O acaso la ministra Garré no habrá consultado a la Presidenta, antes de tomar la correcta decisión de prohibir la sojaRR en los campos militares? Campos que por supuesto, no debían estar destinados a la especulación rentista-sojera, sino a la producción de alimentos para nuestras fuerzas armadas. Un ejemplo que debería tomar el ministerio de Educación y prohibir que los campos pertenecientes a las escuelas Agropecuarias o a las Facultades de Agronomía de todo el país se alquilen o produzcan desvergonzadamente sojaRR como si más. Finalmente el párrafo hace mención a gobernantes ‘impropios de una república cuya grandeza se celebró por muchas razones en el mundo’. ¿A qué grandeza se refiere La Nación? ¿A que Republica se refiere el diario de Mitre? ¿A esa extraña ‘república conservadora’, sin voto universal existente entre 1862 y 1916? ¿Al país de las vacas y las estancias? ¿A ese que según Roulet, dirigente de CRA, ‘hicieron grande el campo, la Iglesia y las Fuerzas Armadas?’ Esa República sin votos es la que añora la burguesía terrateniente, hoy reconstituidos en poderosa burguesía sojera, luego de haber vendido sus empresas industriales, habiendo fugado entre 150.000 y 300.000 millones de dólares fuera del país y haber recuperado gran parte de las tierras que debiera vender durante los años del peronismo. Añoran esa ‘republica’ donde votaban los muertos, y el ‘Presidente de la Nación’ se elegía en reuniones del Jockey Club, el Banco de Londres y el Club del Progreso. ¿Será por eso que toda la oposición habla de República, y olvida hablar de democracia? Recordamos entonces una frase que Jaime Jacques Perriaux, el ideólogo del modelo económico perpetrado por Martínez de Hoz, le señalara pedagógicamente al asesino Videla: ‘conviene hablar de República y no de democracia. A la democracia hay que explicarla a la republica no’. Creemos hallar allí la explicación de tanto fervor
republicano de la oposición que se niega a hablar de derechos económicos, sociales y humanos, implicados en la ‘democracia para todos’ y no solo para los propietarios de la tierra (6900 familias dueñas del 49.7% de la tierra en la Argentina, bueno es recordarlo). Nos viene a la memoria al caso, un discurso de Domingo F. Sarmiento, en el Senado Nacional que creemos expresa el pensamiento republicano de La Nación, dice allí el ‘padre del aula’: ‘La clase decente forma la democracia, ella gobierna y ella legisla. (...)

Cuando decimos pueblo entendemos los notables, activos, inteligentes: clase gobernante. Somos gentes decentes. Patricios a cuya clase pertenecemos nosotros, pues, no ha de verse en nuestra Cámara, ni gauchos, ni negro, ni pobres. Somos la gente decente, es decir patriota.(...) las masas populares cuando llegan al poder establecen la igualdad por las patas, el cordel nivelador se pone a la altura de la plebe y !ay de las que lo excedan de una línea! El ejercicio de la soberanía popular traería como consecuencia la elevación de un caudillo, que representa en todos sus instintos la mayoría numérica en despecho de la minoría ilustrada’.(1) Parecería que para los nostálgicos de la república conservadora el voto universal y la vigencia plena de las instituciones democráticas es un problema sin solución. Por suerte.

1-Citado por Carlos Paz en Poder, Negocios y Corrupción en la Época de Rivadavia, pag., 71, De Alejandría, 2000 
Por: Alberto Jorge Lapolla*
*Ingeniero Agrónomo genetista e Historiador, Director del Instituto de Formación y Capacitación de la CMP

Artículo publicado por la Revista Contraeditorial, Nº 12, mayo de 2009.

Fuente para este blog: Chacodiapordia.com

miércoles, 20 de mayo de 2009

Manda la impunidad: Pese a un fallo de la Corte Suprema siguen los desmontes en Tartagal


Integrantes de la comunidad wichi de Tartagal realizaron un piquete como forma de protesta por la continuidad de la tala de bosques. Funcionarios de la Secretaría de Política Ambiental debieron salir a notificar a los responsables de la prohibición legal de continuar con los desmontes dispuesta por la Corte Suprema de la Nación. Gendarmes realizaron varios secuestros de madera.

A pesar de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó suspender en forma provisoria la tala de bosques en Salta, integrantes del pueblo originario wichi denunciaron que el desmonte en la castigada ciudad de Tartagal no tiene freno.

Como forma de protesta ante esta situación, integrantes de las comunidad autóctona Hoktek T'oi realizaron el viernes un corte sobre el kilómetro 16 de la ruta 86, en el departamento San Martín al este de Tartagal.

Junto a las denuncias mencionadas, los indígenas reclaman que de una vez la Secretaría de Política Ambiental de esa provincia haga cumplir la orden de suspensión de la deforestación y la tala dictada en marzo pasado por el máximo órgano judicial del país.

En declaraciones al Nuevo Diario, el cacique Florentino Pérez aseguró que gracias a las medidas de fuerza, personal de Gendarmería realizó secuestros de madera a la vez que lograron contactarse en forma personal con funcionarios de la Secretaría de Política Ambiental.

En tanto, una comisión oficial se dedicó a inspeccionar explotaciones forestales de la zona para notificar a formalmente a los responsable de la orden de suspensión de desmontes y tala en este departamento y en Orán, Rivadavia y Santa Victoria.

Por su parte, la secretaria de Política Ambiental, Cristina Camardelli, explicó a Nuevo Diario que todavía quedan responsables de aprovechamientos forestales que no han sido notificados formalmente de la orden de la Corte Suprema.

“Sobre la ruta 86 hay 35 certificados de aprovechamiento forestal y todavía no han terminado de notificar a todos”, informó ante la consulta.

Detalló que de las 35 explotaciones, tres son de empresas y el resto, de comunidades aborígenes. Dijo que la demora en las notificaciones se debe a las dificultades para acceder hasta algunos de estos lugares donde se talan los árboles.

La funcionaria destacó que el viernes último estuvo en Tartagal, habló con los caciques y les informó que “no pueden sacar más madera”.

En marzo pasado, la Corte Suprema de Justicia mantuvo por 90 días más la suspensión de la tala de bosques en la provincia de Salta y ordenó al gobierno provincial a realizar un estudio de "impacto ambiental acumulado", como paso previo a seguir autorizando los desmontes.

La medida alcanza a un millón de hectáreas pertenecientes a los departamentos de San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria, autorizados en el último trimestre de 2007, y a las áreas que recibieron permisos después de esa fecha. 

Fuente: Portal de noticias PRIMERA FUENTE - Tucumán - Argentina

martes, 5 de mayo de 2009

“Lo que sucede en Argentina es casi un experimento masivo”


ANDRES CARRASCO, PROFESOR DE EMBRIOLOGIA DE LA UBA, INVESTIGADOR DEL CONICET, DENUNCIANTE DE LOS EFECTOS DEL GLIFOSATO


Hace dos semanas denunció en Página/12 los efectos devastadores del compuesto herbicida sobre los embriones humanos. Esperaba una reacción, “pero no tan violenta”: fue amenazado, le armaron una campaña de desprestigio y hasta afirmaron que sus investigaciones no existían. Carrasco contesta y renueva sus cargos contra las multinacionales químicas.


Por Darío Aranda


Amenazas anónimas, campaña de desprestigio mediáticas y presiones políticas fueron algunas de las consecuencias de un doble pecado, investigar los efectos sanitarios del modelo agropecuario y, más grave aún, animarse a difundirlos. En el segundo piso de la Facultad de Medicina de la UBA trabaja Andrés Carrasco, profesor de embriología, investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y director del Laboratorio de Embriología Molecular. Con treinta años de trabajo científico y académico, confirmó hace veinte días el efecto letal del glifosato en embriones, cuya marca comercial más famosa es Roundup, de la multinacional Monsanto. Sabía que vendría una réplica del sector, pero no esperaba que fuera de un calibre tan alto. “No descubrí nada nuevo. Sólo confirmé lo que otros científicos descubrieron”, explica, en su oficina pequeña y luminosa. Pasaron dos semanas complejas, con una campaña de desprestigio que aún no termina. Prefirió el silencio y avanzar en nuevas pruebas. Hasta que pusieron en duda la existencia de su investigación. “Creen que pueden ensuciar fácilmente treinta años de carrera. Son hipócritas, cipayos de las corporaciones, pero tienen miedo. Saben que no pueden tapar el sol con la mano. Hay pruebas científicas y, sobre todo, hay centenares de pueblos que son la prueba viva de la emergencia sanitaria.”Veinte días atrás, cuando este diario difundió su investigación, ninguna empresa ni medio del sector retomó el tema. Pero tres días después se conoció otro hecho, inesperado: la Asociación de Abogados Ambientalistas presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia, por el cual solicitó la prohibición de uso y venta hasta tanto no se investiguen sus efectos en la salud y el ambiente. Las empresas encendieron luces amarillas y comenzaron con comunicados, alarmadas por la posible baja de rentabilidad. Cinco días después, el lunes 20, el Ministerio de Defensa prohibió la siembra de soja en sus campos, haciéndose eco del efecto nocivo del agrotóxico. Fue un hecho político inédito, una cartera nacional alertó sobre los males de los agroquímicos. En ese momento, empresas, cámaras del sector, medios de comunicación y operadores políticos declararon el alerta máxima. Nunca antes las multinacionales del agro y sus voceros habían reaccionado tan violentamente. Durante toda la semana montaron una campaña en defensa de los agrotóxicos y, al mismo tiempo, de desprestigio hacia las voces críticas. El temor de los sostenedores de los agronegocios es la prohibición de su agrotóxico más famoso, uno de los químicos emblema del modelo agropecuario actual.


Glifosato, toxicidady reacciones


Darío Aranda: –¿Esperaba una reacción como la que se dio?–


Andrés Carrasco: No. Fue una reacción violenta, desmedida y sucia. Sobre todo porque no descubrí nada nuevo, sólo confirmé algo a lo que otros habían llegado por otros caminos. Por eso no entiendo por qué tanto revuelo de las empresas. Hay que recordar que el origen del trabajo se remonta a contactos con comunidades víctimas del uso de agroquímicos. Ellas son la prueba más irrefutable de lo que yo investigué con un sistema y modelo experimental con el trabajo de hace 30 años, y con el cual confirmé que el glifosato es devastador en embriones anfibios; aun en dosis muy por debajo de las usadas en agricultura, ocasiona diversas y numerosas deformaciones.


D.A.: –¿Los resultados son extrapolables a la salud humana?–


A.C.: Los modelos animales de vertebrados que hoy se usan en la investigación embriológica tienen una mecánica del desarrollo embrionario temprano y una regulación genética común. Los resultados deben ser considerados extrapolables cuando un impacto externo los altera. El mundo científico lo sabe, y funcionarios de los ministerios también. Por eso, cuando encontré esas evidencias surgieron dos cuestiones a resolver, cómo seguir la investigación para saber cuál es la mecanística de un efecto que altera la forma normal del embrión, lo cual está en marcha. Y la otra decisión era cómo darla a conocer.


D.A.: –¿Por qué la difusión se transforma en un problema?–


A.C.: Porque no hay canales institucionales confiables que puedan receptar investigaciones de este tipo, con poderosos intereses en contra. Entonces la decisión personal fue hacerla pública, ya que no existe razón de Estado ni intereses económicos de las corporaciones que justifiquen el silencio cuando se trata de la salud pública. Hay que dejarlo claro, cuando se tiene un dato que sólo le interesa a un círculo pequeño, se lo pueden guardar hasta tener ajustado hasta el más mínimo detalle y lo canaliza por medios para ese pequeño círculo. Pero cuando uno demuestra hechos que pueden tener impacto en la salud pública, es obligación darle una difusión urgente y masiva.


D.A.: –¿Es una práctica común dar difusión a un avance científico antes de estar publicado en una revista científica?–


A.C.: Es algo totalmente común. En el país hay instituciones que todos los días difunden sus progresos científicos, que hasta poseen agentes de prensa que difunden los avances; nadie los cuestiona y los medios de comunicación los replican sin preguntar. Difunden progresos, sin papers, sin publicaciones y está muy bien. Pero claro, esas difusiones no afectan intereses de grupos poderosos.


D.A.: –Pero existe una tensión en el ámbito científico sobre cuándo dar a conocer un avance.–


A.C.: La tensión es si la divulgación debería esperar a ser “aprobado” (remarco las comillas porque es todo un tema aparte, que lleva años). Ahora, si la investigación tiene implicancias más allá de lo académico, afecta a la sociedad, el dilema moral es si me lo guardo hasta que termine el más mínimo detalle y mi narcisismo esté satisfecho, o prendo el alerta. Yo decidí dar la alerta, e insisto en que no es nada nuevo, hay antecedentes claros como Robert Belle y Gilles-Eric Seralini, que han hecho estudios con otros modelos, publicados, y con resultados más importantes que los míos. Lo que tendrían que hacer las instituciones, en vez de atacarme, como está sucediendo desde algunos funcionarios y las empresas, es informarse y comenzar a trabajar para remediar lo sucedido.


D.A.: –Las empresas, y los medios, de los agronegocios sostienen que no hay estudios serios.–


A.C.: Hay investigaciones en diversas partes del mundo y son muy serias, como las que acabo de mencionar. Las empresas y sus periodistas empleados descalifican una investigación, pero al mismo tiempo no escuchan la catarata de cuadros médicos palpables en las zonas sojeras; las provincias están plagadas de víctimas de agrotóxicos, pero ahí los diarios no quieren llegar, y mucho menos las empresas responsables. No entiendo por qué mi relato tiene más importancia que el de las Madres de Ituzaingó (barrio de las afueras de Córdoba, emblema de la contaminación con agroquímicos). Los médicos de las provincias están desde hace años denunciando, los campesinos y las barriadas urbanas también. Y queda todo silenciado. Es una evidencia de la realidad y es incontrastable. Yo me inspiré en esa realidad y los resultados son los conocidos. Las empresas del agro, los medios de comunicación, el mundo científico y la dirigencia política son básicamente hipócritas respecto de las consecuencias de los agrotóxicos, protestan y descalifican una simple investigación pero no son capaces de observar las innumerables evidencias médicas y reclamos en Santiago del Estero, Chaco, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe.


D.A.: –¿Qué otros trabajos existen?–


A.C.: Belle y Seralini en Francia. También hay trabajos de la Universidad Nacional del Litoral y de investigadores como Alejandro Oliva, de Rosario, que contó con la colaboración del INTA y Federación Agraria. Hay relevamientos de los doctores Rodolfo Páramo (Santa Fe) y Darío Gianfelici (Entre Ríos). No son muchos estudios, pero existen, son serios y están disponibles.


D.A.: –¿Por qué el sector científico no estudia?–


A.C.: Porque no en todo el mundo hay tan enorme cantidad de hectáreas con soja como se da en la Argentina. Hay casi 18 millones de hectáreas. Desde el punto de vista ecotoxicológico, lo que sucede en Argentina es casi un experimento masivo.


Las corporaciones y la ciencia


D.A.: –Se intentó deslegitimar su investigación diciendo que la UBA y el Conicet no sabían de su trabajo.–


A.C.: La UBA y el Conicet son organismos de gestión, no tienen por qué conocer todo lo que hago yo o lo que hacen todos sus investigadores. Está dentro de nuestras facultades definir las líneas de trabajo, investigar y dar a conocer resultados. Es la lógica de la investigación. Por eso yo no tengo que pedir autorización para iniciar una idea o un tema nuevo y ellos no tienen por qué conocerlo, porque la ciencia no funciona con organismos fiscalizadores de los temas que elegimos. Forma parte de la libertad académica, nos movemos por hipótesis, preguntas y desarrollamos investigaciones. También se dijo que el Conicet, como institución, no suscribió a mi investigación. Y es verdad, porque no se lo pedí y no tiene por qué suscribir en el marco de una idea nueva dentro de la amplitud de un proyecto. Es lo que sucede en centenares de investigaciones que se realizan. Que quede claro, el Conicet no tiene responsabilidad sobre mis decisiones. Es una decisión personal, como corresponde, no institucional. Y está dentro de mis facultades. Tampoco se requiere autorización institucional para desarrollar investigaciones, aunque sabemos que algunas son más resistidas que otras.


D.A.: –Son públicos los convenios entre Conicet y la minera Barrick Gold, y también con Monsanto, con la cual hasta contaban con un premio de investigación conjunto (“Animarse a Emprender”). ¿Las investigaciones que pudieran ser críticas con esos sectores son menos bienvenidas que otras?–


A.C.: (Sonríe.) Prefiero no responder.


D.A.: –¿Usted podría investigar para Monsanto?–


A.C.: Desde ya. El Conicet y la UBA lo permiten. Es más, muchos científicos trabajan desde hace años para empresas de biotecnología bajo la figura de asesor-consultor, por la cual el Conicet permite hasta doce horas semanales que sus investigadores provean servicios al sector público o privado.


D.A.: –Se acusa a su investigación de no estar validada en una publicación científica.–


A.C.: Es una chicana barata, de cuarta, que sólo muestra el temor de las empresas. En el mundo científico es sabido que la validación de un trabajo no se da por su publicación en una revista del sector. Es más, los científicos somos testigos de errores e incluso fraudes que se publican en revistas especializadas. Muchas veces se publica algo y luego se demuestra que es erróneo. Y, por otro lado, muchas veces hay investigaciones que no se publican no porque sean malas, sino porque a la revista no le interesa, sea por línea editorial o intereses en juego. Un ejemplo personal: en 1984 descubrimos genes muy importantes para el desarrollo embrionario, genes Hox. Publiqué dos papers en Cell, una de las mejores revistas del mundo, y había quienes creían y quienes no. Tuvieron que pasar años para que la comunidad científica lo validara.


D.A.: –El Laboratorio de Embriología es dependiente del Conicet. ¿Su trabajo tiene que ser validado por el Conicet?–


A.C.: Que por favor quede claro, ni el Conicet ni un comité editorial validan investigaciones, lo que hacen es evaluar la evidencia que uno presenta y juzgan la solidez desde la presentación. No tienen forma de verificar los resultados en forma práctica. La única certeza de una validación se da en que otros investigadores puedan repetir de forma sistemática, y hasta perfeccionada, los resultados de la investigación realizada.


D.A.: –¿Cuándo va a compartir su trabajo para ponerlo a discusión de la comunidad científica?–


A.C.: En breve. Debo terminar algunos ensayos y estará listo. Lo que más quiero es pasárselo a colegas, investigadores que repliquen el trabajo. De hecho ya lo he compartido con pares del país y del exterior. Desde ya que debieran ser estudios independientes, no los provistos por las corporaciones o espacios del Estado a su servicio.


D.A.: –¿Monsanto podría replicarlos?–


A.C.: Si contrata investigadores idóneos, sí. No tengo dudas de que lo hará y todos sabemos a qué resultados llegarán.


D.A.: –¿Cómo continuará la investigación?–


A.C.: Ya confirmamos las malformaciones. Ahora estamos avanzando en conocer cuál es el mecanismo de acción, es un paso más. Como es un trabajo científico, continuaré con el grado de libertad académica de que dispongo, tratando de ver cuáles son las causas mecanísticas y moleculares de las observaciones hechas para publicar los resultados. Aparte del anfibio, que nos sirve de modelo, extenderemos los experimentos a otros modelos de desarrollo embriológico, como aves.


D.A.: –¿Puede suceder que, con estas nuevas pruebas, los resultados difundidos –de malformaciones– no se repitan?–


A.C.: No hay forma. Porque fueron experimentos controlados, en los que fuimos rigurosos. Y, además, porque ya hay evidencia científica que va en ese sentido. Por eso, insisto, no descubrimos nada nuevo. Yo llegué a un resultado y creo en él. Si la comunidad científica llega a otra conclusión, bienvenido sea. El centro del problema no debiera ser esta investigación. Sería querer tapar el sol con la mano. Yo sólo aporté un punto más a la discusión. Pero hay sectores que quieren cerrarla, ni siquiera por convencimiento ideológico, sólo por conveniencia económica.


D.A.: –Se acusa a su trabajo de usar un método erróneo con el glifosato, y que por eso los resultados son devastadores: que las concentraciones de la experimentación nunca son las que eventualmente podría recibir un humano al ser aplicado en el campo. Hubo quien mencionó que “si ponemos gasoil en el vaso de leche, claro que ocasionará intoxicaciones, y no por eso se prohibirá el combustible”.–


A.C.: Ese tipo de afirmación tienen varias facetas. Por un lado, muestra desconocimiento biológico, lo cual es entendible para quien no se dedica a esta rama de la ciencia. Pero, en boca de los voceros de las corporaciones, también muestra una intencionalidad lejana a la inocencia, con intenciones de desprestigiar una estrategia de análisis mundialmente aceptada. Entonces sí me parece una comparación poco seria, maliciosa e hipócrita. Es sabido, tanto en la comunidad científica como en el sector agropecuario, que la aspersión del herbicida afecta ecosistemas, operando directa o indirectamente sobre insectos y otras especies animales cuando se ponen en contacto con el herbicida. O sea que además de células vegetales, también afectan organismos compuestos por células animales. Nuestros experimentos alertan que tanto el cóctel comercial como la droga pura en células animales generan alteraciones del desarrollo embrionario. Por lo tanto el glifosato dentro de la célula embrionaria altera el funcionamiento celular, tal como sucede en las células vegetales de las malezas. Por otra parte, ya está probado que los herbicidas se trasladan por la acción del viento. Es una prueba de la realidad, incontrastable, el padecimiento de familias de campos linderos y de barrios cercanos a las fumigaciones. Por lo tanto, el glifosato puede atravesar barreras respiratorias y/o placentarias y entrar a las células embrionarias, incluso existen avances científicos en esa dirección, como también existen registros de glifosato y de sus posibles metabolitos presentes en mujeres embarazadas. Esto podría correlacionarse con potenciales efectos malformativos. Por lo tanto, desentrañar si el glifosato puro inyectado tiene efectos sobre el comportamiento de células embrionarias animales durante el desarrollo era ineludible en una estrategia experimental correcta, e insisto que utilicé una estrategia de análisis clásica de la investigación científica.


D.A.: –¿Cree que hay que prohibir el glifosato?–


A.C.: En mi trabajo yo no planteo eso. Y no es de mi competencia proponer una medida de ese tipo. Lo único que afirmo, respaldado en 30 años de estudio en la regulación genética embrionaria, es que este producto genera alteraciones en el desarrollo, estoy seguro de eso.–Sus resultados no se corresponden con la clasificación del Senasa o las recomendaciones de la Secretaría de Agricultura.–Es un claro problema de ellos, que lo clasifican como de baja toxicidad. Todo lo contrario de lo que afirman estudios diversos, que confirman la alteración de mecanismos celulares y, sobre todo, contrario a lo que padecen familias de una decena de provincias. Es de locos pensar que no pasa nada.


SUBNOTAS:





Fuente: Periódico Página 12 / Argentina


sábado, 2 de mayo de 2009

Veneno nuestro de cada día

Ecosistemas en peligro y contaminación

Diferentes especialistas y organizaciones ambientales fueron consultadas por enREDando para conocer, en líneas generales, los principales impactos socioambientales que está generando, a lo largo y ancho de la República Argentina, el uso irracional de los bienes naturales.


En la zona de la Pampa Húmeda, las incontables hectáreas minadas con soja RR (resistente al poderoso y contaminante herbicida glifosato) marcan el pulso de una constante y silenciosa contaminación en la tierra, el agua y con efectos nocivos en la salud de la población. También, existen estudios y denuncias que revelan otros impactos con consecuencias perjudiciales para las comunidades y el ecosistema.


A pocos kilómetros de la ciudad de Rosario, se encuentra una de las plantas de Celulosa más importantes del país, ubicada en la vecina localidad de Capitán Bermudez. Un estudio de Greenpeace ha revelado algunos efectos contaminantes que produce la utilización de elementos tóxicos por parte de la empresa. En otra localidad cercana, Oliveros, un grupo de vecinos se manifestó abiertamente frente a la instalación de una antena de Telefonía Celular. Allí mismo, se detectaron casos de cáncer en los vecinos y la resistencia del pueblo logró, finalmente, la erradicación de esta antena. Por otra parte, las islas ubicadas en el Departamento Victoria también están siendo fuertemente afectadas por la quema de pastizales, la sojización, y el impacto ambiental que provocó la construcción vial Rosario – Victoria.


Y si miramos hacia otras provincias de Argentina, nos encontramos con la explotación minera a cielo abierto y los mega emprendimientos llevados adelante por empresas transnacionales, con impactos en la salud y en la naturaleza. Una historia de vida golpea de cerca a Rosario. Se trata de Natalia Mechaluca, integrante de la Biblioteca Popular Pocho Lepratti, quien, desde hace unos años, esta radicada en Abra Pampa, provincia de Jujuy. Actualmente, Natalia, maestra rural de una escuela jujeña, tiene en su sangre altos niveles de plomo, al igual que muchos niños de ese pequeño pueblo, azotado por el negocio de la mega minería.


Ecosistemas en peligro


Raúl Montenegro es biólogo, presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM) y docente en la Universidad de Córdoba. enREDando lo entrevistó para conocer su mirada sobre los principales impactos que perjudican la salud y la estabilidad de los ecosistemas. “La estabilidad ambiental de un país depende del balance que exista entre la superficie con ecosistemas naturales, y los ecosistemas productivos y urbanos. En Argentina por ejemplo ya se destruyó más del 80% de la superficie que tenían originalmente los bosques nativos. Semejante destrucción, que continúa en la actualidad, compromete el funcionamiento de las cuencas hídricas. Cada ecosistema natural que se destruye equivale a destruir también sus "fábricas naturales" de suelo y agua. De este modo Argentina pierde su resistencia ambiental, y el costo social aumenta cotidianamente.”


El terrible alud sucedido en Tartagal, que provocó la muerte de 2 personas, más de 1800 evacuados e innumerables daños y pérdidas, es una de las consecuencias más claras del desmonte irracional de bosques nativos, que tiene como principal causa, la siembra de soja transgénica. En un comunicado del Movimiento Nacional Campesino Indígena, con fecha 15 de febrero de 2009, se denuncia que: “desde hace 25 años las topadoras no han parado de derribar árboles de la flora nativa para dar lugar a la soja y la ganadería intensiva, desmontando indiscriminadamente la región chaqueña. Las consecuencias aparecen visibles en los ecosistemas más frágiles en un principio; aludes o sequías, inundaciones o temperaturas extremas, sin entrar en el detalle de nuestra cotidiana lucha; los despojos de tierra y desalojos compulsivos.” En el lapso de 20 años, (entre 1984 y 2004) se desmontaron en Tartagal, 67.000 has. “La gota de lluvia que cae en suelo desnudo en su impacto tapa los poros, haciendo que las próximas gotas no infiltren, sino que escurran. A mayor pendiente y mayor intensidad de la lluvia, arroyos o ríos se improvisarán para "desaguar" esa inmensa superficie donde no hay captación en el suelo. En su paso el agua podrá arrancar árboles, puentes, laderas de ríos, cerros si son socavados, llevarse en su paso todo lo que se encuentre cuando venga la creciente”, sostienen desde el Movimiento Campesino.


Eduardo Spiaggi es integrante de la Cátedra FODEPAL. Según su visión “las consecuencias son muchas, algunas más evidentes como la desforestación o los eventos de contaminación (escapes, derrames, etc.) otras más encubiertas pero acumulativas como el de los agroquímicos. Es el modelo de desarrollo -o subdesarrollo- imperante en casi todo el planeta el que genera uso irracional de los recursos: el sistema funciona en base a RN no renovables. Se trata de una cuestión de valores, de repensar nuestro rol, nuestro lugar en la "trama de la vida".


La falta de una responsable planificación para un desarrollo sustentable de los bienes naturales aparece como una de las principales causas de los desastres ecológicos y la contaminación a largo plazo en la salud de las comunidades. Para Montenegro “a nivel de empresas, incluido el sector agropecuario, que mantiene cultivos industriales como la soja transgénica, sigue predominando la codicia. El egoismo transgeneracional. A nivel de gobierno domina la necesidad de perpetuarse en el poder, y mantener aceitadas conexiones con los sectores más codiciosos de la sociedad. Quedan al costado los sectores más desprotegidos, las comunidades indígenas, buena parte de las poblaciones urbanas y el maltrecho ambiente nacional. Desarrollo sustentable es un par de palabras que se colocan en folletos hechos con papel ilustración, y reciclaje un logo. La gestión ambiental pública y privada no está a la altura de lo que necesita la sociedad, sino las grandes empresas, incluidas las corporaciones mineras.”


En este sentido, Spiaggi afirma que “es cierto que hay puja de intereses: el lucro, el bien común, qué niveles de contaminación pueden ser tolerables, quién los establece, quién los revisa. Para planificar adecuadamente hace falta mucha información de base, sobre el funcionamiento de los ecosistemas y su respuesta al stress, de la cual hoy en muchos casos, se carece”.


Humedales en extinción


Según los define la Convención de Ramsar sobre los Humedales e Importancia Internacional, los humedales son "extensiones de marismas, pantanos, tuberas o agua de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluyendo las extensiones de aguas marinas cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros", es decir, engloba a todas las aguas interiores (lagos, lagunas, cañadas, esteros, pantanos, turbales, ríos, arroyos) y una franja de costas marinas, que se caracterizan en general por su gran diversidad biológica y su importancia sociocultural para distintos pueblos y regiones.”


Desde la organización Taller Ecologista de Rosario y M’bigua de la ciudad de Paraná se viene denunciado desde hace años la crítica situación que atraviesan los humedales del Paraná, provocada fundamentalmente, por la quema de pastizales, el aumento desmedido de la cantidad de cabezas de ganado, desecaimiento de lagunas y riachos para aumentar zona de pasturas, e impactos producidos por el puente Rosario – Victoria.


Diego Rodriguez es integrante de la organización M´Bigua. Consultado por enREDando, afirma que “evidentemente que existe una falta de planificación en gobiernos, principalmente en tanto que no se cuenta en las provincias con un sistema de competencias administrativas coordinado ni contamos tampoco con un sistema de coordinación de políticas en materia de recursos compartidos como son los humedales del Sistema Paraná-Paraguay. Es necesario también contar con algunas herramientas de monitoreo en tanto que las tentativas de ordenamiento que se han iniciado por parte del Gobierno de Entre Rios como es el programa de "Arrendamiento de Tierras Fiscales" no han dado evidentemente los resultados que se propuso la ley que lo instauró, esto conforme el informe que hemos presentado conjuntamente con Taller Ecologista de Rosario.”


En diciembre de 2004, la Cámara de Diputados de la pcia. De Entre Ríos sancionó la Ley 9.603 conocida como ley de Arrendamiento, como consecuencia de la creciente ocupación de las islas de Victoria. Entre el 27 de octubre de 2006 y el 2 de agosto de 2007, se arrendaron en total unas 128.350 hectáreas de tierras fiscales en el Departamento Victoria a 109 adjudicatarios.” Del total de la superficie arrendada, el 99% se utiliza para la ganadería, según se establece en un informe elaborado conjuntamente por estas dos organizaciones, llamado “Islas del Paraná, la última frontera”. “Una de las falencias de la ley es que se permitió la actividad ganadera sin ningún estudio ambiental previo” y si bien, la ley prohibe la quema de pastizales, una práctica habitual de los productores agropecuarios, la misma sigue siendo indiscriminada, afectando el hábitat natural y el equilibrio de los humedales. Además, el humo también ha provocado serias complicaciones en los pobladores, “ocasionando dificultades para respirar, irritaciones y disminuyendo la visibilidad de gran parte de la ciudadanía”.


Otro aspecto importante a tener en cuenta, es la revalorización de las tierras en la zona de las islas, a partir de la instalación del puente Rosario – Victoria. Una vez más, desde las organizaciones ambientalistas, se advirtió a las diferentes instancias gubernamentales, la vital necesidad de establecer un equilibrio armónico entre la actividad productiva del hombre y el mantenimiento de los ambientes naturales. “Hoy, después de inaugurada la obra, el incremento en las actividades que se venían desarrollando y el surgimiento de nuevos usos para esas tierras no cuentan con ningún tipo de regulación ni control por parte de las jurisdicciones responsables. La quema indiscriminada de los humedales –una práctica que se utiliza para limpiar el terreno y dejar crecer sólo pasto– es, según distintas estimaciones, un fenómeno que puede continuar, con daños impredecibles para los ecosistemas de las áreas de influencia y la salud de sus pobladores.”


¿Qué se puede hacer?


Las herramientas legales, en muchos casos, existen. Lo que hace falta es un cumplimiento real y fiscalización de la legislación por parte del Estado. Diego Rodriguez sostiene que “se debe tener en cuenta que varias de las actividades que sabemos se realizan en la zona de islas, no están permitidas por la legislación vigente, como por ejemplo la utilización de agrotóxicos en zonas cercanas a cursos de aguas -lo que abarcaría casi toda la zona- o la construcción de terraplenes, o represamientos sin la debida autorización de los organismos competentes de la provincia. Esto evidencia una falta de eficacia en el control de este tipo de actividades. Es así que el rol de contralor que ejerce a través de las denuncias la ciudadanía cobra un papel relevante en el control de las actividades en la zona”.


De hecho, si bien existe en Entre Ríos una ley de Riesgo Hídrico Nº 9.008, que regula usos y procedimientos de estudio de impacto ambiental, una de las quemas de pastizales afectó a 25.000 has, “las cuales estarían tuteladas por esta legislación”, según se establece en el Informe “Quemar por dinero”, realizado por M´bigua y el Taller Ecologista.


Otro caso emblemático aparece con la construcción de un terraplén ilegal en el Iberá. “El terraplén de 1,5 metros de alto y seis de ancho fue construido sin permiso ni estudio de impacto ambiental por la empresa Forestal Andina en el Iberá (“agua que brilla” en lengua guaraní), una reserva natural de 1,3 millones de hectáreas de bañados, bosques, lagunas de baja profundidad, pastizales, selvas y palmares. La reserva es compartida entre el estado provincial y propietarios privados. Las autoridades controlan sobre todo las aguas, mientras la mayor parte de la tierra firme está privatizada y dedicada a la explotación ganadera y forestal, a la agricultura y al turismo” (Fuente, Agencia de Noticias Biodiversidladla). Debido a las denuncias realizadas por los pobladores, “el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes ordenó demoler el terraplén, diseñado para ganar tierra al agua a la manera de un pólder.” Este fallo fue considerado histórico en la República Argentina. Sin embargo, el terraplén no sólo no se demolió, sino que siguieron construyéndolo durante 20 kilómetros más. Los impactos son claros: probabilidad de inundaciones que afectan a los poblados vecinos y alteración de la flora y fauna del ecosistema de los Esteros del Iberá.


Las comunidades se movilizan


En muchos casos, son las comunidades las que accionan, organizándose, para enfrentar el avance devastador de los agronegocios o denunciar diferentes situaciones de contaminación en zonas urbanas. Uno ejemplo de ello, es la resistencia que realizaron los vecinos de la localidad de Oliveros frente a la instalación de una antena de telefonía celular. Los logros son, en la mayoría de los casos, contados con los dedos de la mano.


Recientemente, vecinos de la localidad de Desvío Arijón de 3000 habitantes, denunciaron ante la justicia la contaminación por fumigación realizada con glifosato, el herbicida de Monsanto que utilizan los productores sojeros para rociar sus campos, y al mismo tiempo, rociar con veneno a las comunidades vecinas. En un informe elaborado por FARCO se denunciaba que “hartos de las fumigaciones, la presidenta del Servicio de Atención Médica Comunitaria (SAMCO) Liana Alonso, integrante también de la emisora comunitaria Radio Del Pueblo de Desvío Arijón y su yerno Jeremías Chauque, hijo del músico Rubén Patagonia, decidieron pararse delante de una fumigadora terrestre que rociaba glifosato cerca de donde ellos viven para impedir que los siga envenenando. Sin embargo, ambos terminaron con una causa judicial en su contra por violación de domicilio y amenazas.”


Raúl Montenegro sostiene que existen leyes como lo es “la ley nacional de residuos peligrosos 24051 y su decreto reglamentario, la cual es clave para llevar a la justicia a los productores irresponsables e incluso a quienes aplican los plaguicidas. Es la misma ley que permitió el procesamiento de Julián Rooney, vicepresidente de Alumbrer Limited.” Sin embargo, el presidente de FUNAM sostiene que “lamentablemente en Argentina las leyes sobre agroquímicos son medievales, solo protejen de las intoxicaciones agudas, pero no toman en cuenta los graves efectos de las pequeñas dosis”.


Además, “los gobiernos han estado mirando para otro lado durante los últimos años. La creación de una comisión para investigar la relación entre plaguicidad y daños a la salud en el Ministerio de Salud de la nación llega tarde y mal. En Argentina los plaguicidas están provocando un genocidio silencioso porque las bajas dosis de muchos productos tienen actividad estrogénica, y afectan por lo tanto el sistema hormonal. Otras alteran el sistema inmune, y disminuyen nuestras defensas ante ataques bacterianos y virales. Sustancias como el glifosato afectan el desarrollo embrionario y reducen la capacidad autoreparadora del ADN en especies testigo, pero siguen utilizándose irracionalmente y exponiendo miles de personas a bajas dosis”.


Si bien, algunas denuncias de las comunidades son recepcionadas y tenidas en cuenta, muchas otras quedan en el olvido. Para Eduardo Spiaggi el problema consiste en el curso y el destino que toman esas denuncias, una vez que son recibidas. Con respecto al Estado, su intervención es bastante pobre. Según Montenegro “la actual política ambiental de la Nación, por ejemplo, está más cerca de las grandes empresas mineras que del propio ambiente y la gente. Se toman decisiones que afectan a las generaciones venideras sin ningún tipo de consulta, y en muchos casos con dudosos fundamentos legales. Se impulsa un programa nuclear altamente riesgoso e improvisado mientras la mayor parte de las minas de uranio que operaba la Comisión Nacional de Energía Atómica siguen contaminando el ambiente y no están remediadas. En Córdoba se quiere ampliar la vida útil de la central nuclear de Embalse sin consulta y en abierta violación a normativa vigente, mientras que en un barrio de la ciudad de Córdoba la empresa Dioxitek, de CNEA, almacena más de 36.000 toneladas de residuos radiactivos de baja actividad. El estado nacional y los gobiernos de muchas provincias hacen cosmética ambiental, no gestión ambiental.”


Eduardo Spiaggi, por su parte, si bien coincide en que el rol del Estado es deficitario, sostiene que es necesario definir un “rol que tenga funciones indelegables, jerarquizando las áreas de ambiente y desarrollo sustentable, avanzar en las acciones integradas (entre secretarias y ministerios) y promover acciones interinstitucionales (con Universidades, Centros de investigación) y crear mecanismos genuinos de control y participación ciudadana.”


La lucha por sancionar una ley de protección a los glaciares (vetada por el gobierno nacional), se suma a los reclamos de las comunidades para defender el medioambiente y los bienes naturales del país, apropiados de punta a punta por intereses nacionales y extranjeros. En este sentido, sigue siendo la resistencia de organizaciones sociales, las comunidades originarias y los vecinos autoconvocados en asambleas (como lo es el emblemático caso de la Asamblea de Esquel, en contra de la minería) los que le apuntan y le exigen a los diferentes gobiernos, un papel serio en política ambiental. “Allí donde los funcionarios miran para otro lado los vecinos se organizan y hasta ponen en marcha los mecanismos de la justicia. La impunidad poco a poco se derrumba, lástima los ambientes y la salud que ya se perdió por la irresponsabilidad de quienes no actuaron”, finaliza Raúl Montenegro.


Fuente: Comunidad en Red enREDando , Argentina - 01/05/2009

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