sábado, 20 de marzo de 2010

Argentina: La soja empezó a derramar sangre en Santiago del Estero


[17/03 | 23:37]  Dirigentes del MOCASE-Vía Campesina hablaron con P&M tras el fallecimiento de una mujer cuando enfrentaba a las topadoras de una empresa agrícola para impedir ser desalojada de sus tierras.

La muerte agrava una crítica situación por el avance de los cultivos transgénicos, las fumigaciones indiscriminadas y la intervención de fuerzas policiales y parapoliciales.

Sandra Juárez, una madre de 33 años, murió el sábado pasado por una descompensación al enfrentarse a una topadora de la empresa agrícola cordobesa Namuncurá S.A, que al igual que otras compañías de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, se apoderan de las tierras para emprendimientos agrícolas bajo el modelo sojero.

“Veníamos advirtiendo este hecho, donde el avance del agronegocio es cada vez más fuerte sin importar las consecuencias. Ahora dejó una madre muerta y niños huérfanos. Miles de hectáreas se venían destinando a la soja transgénica, pero ahora ya empezó a correr sangre”, denunció Deolinda Carrizo, encargada de la Secretaría de Comunicación del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE-Vía Campesina), en diálogo Política&Medios.

La mujer fallecida, junto a otros vecinos de San Nicolás, departamento La Banda , ubicado a 70 kilómetros de la capital de Santiago del Estero, denuncian los desalojos por parte Namuncurá S.A desde hace dos años.

Entre febrero y la primer semana de marzo la situación se había agravado y detonó el sábado pasado, cuando las topadoras quisieron pasar por encima de las tierras de la comunidad, “aplastando todo a su paso”, según palabras de Carrizo. El cuerpo de Sandra Juárez, que se había plantado firme con su familia, no resistió más y sufrió un paro cardiorrespiratorio.

El MOCASE responsabiliza por esta muerte a los ejecutores del “modelo agroexportador que se está implementando en nuestro país”, que privan “a las comunidades indígenas de la tierra, de su forma de vivir, de producir su alimento”.

“Se está mercantilizando la tierra y la muerte de personas, como así también el envenenamiento de niños por fumigaciones –otra forma de desalojo indirecta-; mujeres que tienen abortos espontáneos, niños con malformación y otras consecuencias que hoy las estamos viviendo en carne propia, y no quienes dan permiso para la siembra y ordenan quitarnos del medio”, explicó Carrizo.

Según la dirigente, la justicia de Santiago del Estero desconoce la ley que plantea que una persona que vive 20 años en una tierra recibe inmediatamente la posesión de la misma: “Los campesinos que defienden sus tierras terminan siendo imputados, cuando tendría que ser al revés. Hay más de 500 compañeros procesados. Esto es por intereses económicos y políticos, y la justicia falla siempre por los empresarios. Además, la policía actúa en los desalojos, lo cual es ilegal, ya que no pueden hacer tareas adicionales”.

Por su parte, Pablo Orellana, también referente del MOCASE y miembro de la Mesa Coordinadora del Frente Nacional Campesino, denunció que la muerte de la campesina ocurrió en el marco de una brutal represión.

“Hoy la justicia nos castiga hostigando a las familias campesinas con policías, y con guardias blancas, que son fuerzas parapoliciales, policías privados que tienen las empresas, y que tienen la facultad de meter presos a los compañeros porque están arreglados con la policía local”, denunció Orellana.

Ambos entrevistados coincidieron además en que el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, es responsable y cómplice de los hechos sucedidos.

“Hay responsabilidad en el gobernador quien no da señales de detener esta situación que pone en peligro cotidianamente a un montón de familias. Ya habíamos advertido la posible muerte de una persona, pero nadie nos escuchó”, remarcó Carrizo.

Orellana, por su parte, aseguró que Zamora “se hace la víctima y tiene mucho que ver en todo esto; está arreglado con estas empresas, e, incluso, su Instituto de Producción es pro-sojero. Hicimos muchos comunicados y nunca tuvimos ninguna respuesta de parte suya”.

Daniel Mecca
|| Fuente: (p&m) - publicado en Prodiario - Santa Fé Argentina


martes, 16 de marzo de 2010

Santa Fé - Argentina: Un freno a los agroquímicos


La Justicia de Santa Fe dejó firme la prohibición de utilizar glifosato, el pilar fundamental de la producción sojera, en cercanías de zonas urbanas. El fallo marca jurisprudencia, invierte el cargo de la prueba y exige nuevos estudios a la provincia.



Por Darío Aranda
La Justicia de Santa Fe dictó un fallo inédito, con posibles impactos en el modelo agropecuario de la Argentina, al dejar firme una sentencia que prohíbe las fumigaciones con glifosato en cercanías de zonas urbanas de la ciudad de San Jorge, en el oeste provincial. La medida fue decidida por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial (Sala II) de Santa Fe, que dio otro paso inédito: ordenó que el gobierno de Santa Fe y la Universidad Nacional del Litoral (UNL) demuestren, en el lapso de seis meses, que los agroquímicos no son perjudiciales para la salud. De esta manera, por primera vez, se invirtió la carga de la prueba: era una regla que los vecinos y campesinos intoxicados tenían que demostrar las afecciones en la salud, pero ahora serán los impulsores del modelo de agronegocios quienes tendrán que demostrar la inocuidad de los químicos. Los jueces también marcaron jurisprudencia al invocar el principio precautorio: ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable, es necesario tomar medidas protectoras. Los iniciadores de la causa, vecinos que sufrieron trastornos en la salud por las fumigaciones, ya solicitaron que la medida se extienda a toda la provincia. El glifosato es pilar fundamental del monocultivo de soja.
San Jorge es una ciudad de 25 mil habitantes, ubicada a 144 kilómetros de la capital provincial. Es una zona sojera por excelencia. Durante los últimos quince años creció al abrigo del monocultivo, la zona urbana se extendió y también los campos sembrados. El barrio Urquiza está en el margen del pueblo, es humilde, con viviendas aún sin terminar y fue durante una década lindero a campos de soja. Desde la casa de Viviana Peralta se ve el campo, y también los aviones fumigadores. Ella fue una de las impulsoras de la denuncia inicial, luego de que su hija Ailén, de sólo dos años, sufriera ahogos, intoxicación y un desmayo después de una fumigación.
En marzo de 2009, el juez Tristán Martínez –del Juzgado Civil, Comercial y Laboral Nº 11– hizo lugar a un amparo y ordenó la suspensión inmediata de las fumigaciones en adyacencias de la zona urbana de la ciudad, hasta que el Concejo Deliberante y el municipio se hicieran eco de la ley 11.273 (sancionada en 1995) y determinaran qué zonas pueden ser rociadas con agroquímicos.
Los productores, la Municipalidad y el gobierno provincial, mediante el Ministerio de Producción, apelaron la medida. Los tres jueces de la Cámara en lo Civil y Comercial de Santa Fe (Armando Drago, Enrique Müller y María Cristina de Césaris de Dos Santos Freire) confirmaron el fallo de primera instancia: prohibición total de fumigar con agroquímicos a menos de 800 metros de viviendas familiares (si el método utilizado es terrestre) y a 1500 metros (si la aspersión es mediante avionetas).
El inédito fallo, unánime, fue dictado en diciembre pasado, pero recién se conoció ahora. “Lo llamado a decidir (la prohibición) se desarrolla en un contexto difícil en donde juegan controversias científicas, intereses económicos, presiones y contrapresiones de orden político y empresario, riesgos reconocidos socialmente (...) que tienen la propiedad de transformar lo apolítico en político, desinformación interesada, descoordinación en la gestión pública, insolidaridad con los posibles afectados”, advierte la Justicia.
En las centenares de denuncias por contaminación e intoxicación, los afectados chocan en la Justicia con un pedido de difícil cumplimiento: son los mismos perjudicados (indígenas, campesinos y humildes habitantes periurbanos) quienes deben probar científicamente que los agroquímicos son perjudiciales.
La apelación del gobierno de Santa Fe se dirigió a ese punto débil. La provincia argumentó que la denuncia original (la acción de amparo) era inadecuada porque, antes de cualquier prohibición, se debía dar un debate amplio con demostraciones científicas que certifiquen los perjuicios sobre la salud y el ambiente. Pero la Justicia rechazó ese camino. “Me permito señalar enfáticamente que la cuestión no requiere de mayor amplitud en cuanto a ‘debate y prueba’. Se discute sobre actos que atentan contra el medio ambiente, repercutiendo de manera directa en la salud de los vecinos de la ciudad de San Jorge, lo que importa que existe un factor de urgencia que (debe) ser atendido”, sentenció la Cámara de Apelaciones.
Y, por primera vez en casos de agroquímicos, invirtió la carga de la prueba. No solicitó a las familias afectadas que probaran los males de los agroquímicos. Ordenó que el gobierno provincial, mediante el Ministerio de Producción, realice estudios junto a la Universidad Nacional del Litoral (UNL). En el término de seis meses deberá probar que los agroquímicos no afectan la salud y el ambiente. El juez de primera instancia Tristán Martínez recibió nuevamente la causa recién la semana pasada. Lo antes posible debe notificar a la provincia y la UNL. Cuando se cumpla el plazo de seis meses, el juez Martínez deberá decidir –estudio en mano– si revierte la medida, la mantiene o la profundiza.
El otro aspecto inédito del fallo es el uso del principio precautorio en lo que respecta a agroquímicos. La Ley Nacional del Ambiente define al principio precautorio en su artículo cuatro: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científicas no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”. La Cámara de Apelaciones de Santa Fe lo utiliza como una de las bases de su fallo, enumera siete casos en los que fue implementado, destaca que se justifica su utilización cuando haya “falta de certidumbre científica y amenazada de daño al ambiente o la salud humana”, y toma como antecedente lo actuado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, máximo tribunal del país, en el freno a los desmontes en Salta (diciembre de 2008).
La Justicia de Santa Fe afirmó que la limitación en el uso del glifosato para la ciudad de San Jorge se fundamenta en “la incertidumbre científica acerca de los riesgos ambientales, la incidencia de la alteración seria del medio ambiente y la irreversibilidad que pueden provocar tales daños”, y explica que su medida se entiende en razón de “evitar un daño futuro, pero relativamente cierto y mensurable”. El fallo también se mete de lleno en la práctica común judicial: llama a fiscales y jueces que “repiensen que los avances tecnológicos no son poderes que se legitiman a sí mismos”.
En la sentencia, los tres jueces advierten que intervienen intereses sectoriales que no buscan identificar los riesgos reales sino defender sus propios roles en la cadena de agronegocios. Señala que los fumigadores sostienen que las contaminaciones se deben al mal uso (un argumento recurrente de las cámaras empresarias), advierte que las compañías productoras de agroquímicos “sostienen la atoxicidad con estudios encargadas por ellas mismas”, el Estado “pregona su preocupación por el medio ambiente, pero olvida que la mejor manera de comprometerse en el tema es efectuando los debidos controles” y evidencia la falta de solidaridad de los chacareros: “Sostienen que si los productos que aplican se encuentran autorizados, nadie puede endilgar acción antijurídica alguna, por lo que no puede impedírseles trabajar y producir”.
“Lo que se muestra claro es que las posiciones divergentes antes de disiparnos las dudas de utilización de los agroquímicos, sobre todo en zonas urbanas, las acrecientan porque todos conocen los potenciales riesgos de su utilización (...), la preeminencia no la tienen los intereses sectoriales de nadie sino que, por el contrario, la preeminencia está del lado de la salud pública y del medio ambiente”, sentenció la Justicia de Santa Fe y afirmó: “Frente a la existencia de la duda relevante, la aplicación del principio precautorio deviene ineludible, porque la sola existencia de los niños afectados (...) así lo determinan”.
El Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat), organización impulsora de la denuncia inicial, ya anunció que solicitará que la limitación del uso de glifosato se amplíe a toda la provincia. “La Justicia protegió a los habitantes de San Jorge hasta que se demuestre la supuesta inocuidad. Pedimos que se proteja al resto de los santafesinos. Si eso no sucede, habrá ciudadanos de primera, protegidos del uso de agroquímicos, y el resto de la provincia estará expuesto a químicos que están sospechados de afectar la salud y el ambiente.”
El Cepronat, que integra la campaña nacional “Paren de fumigar” –donde confluyen decenas de organizaciones sociales y pueblos fumigados–, instó a que el gobernador Hermes Binner escuchara el fallo judicial y extendiera la limitación para las fumigaciones. “Ante todo, el gobernador es médico, entiende que la salud debe anteceder a las actividades productivas”, afirmó Carlos Manessi, del Cepronat.
Este diario intentó dialogar con el gobernador, pero su vocero explicó que no hablará del tema y derivó las preguntas al Ministerio de Producción. Desde la cartera informaron que los funcionarios no harán declaraciones públicas hasta tanto no sean notificados por la Justicia.
Binner se graduó en Medicina en 1970, en la Universidad de Rosario. Entre otras especializaciones, según su curriculum vitae, focalizó su profesión en “salud pública”, que es un concepto social y político que (según la misma definición médica) está destinado a “mejorar la salud y mejorar la calidad de vida de las poblaciones mediante la promoción de salud, la prevención de enfermedades y la armonía con el ambiente”.

viernes, 12 de marzo de 2010

En México la humanidad camina por el filo de la navaja


Balance de la audiencia pública: Los Transgénicos nos Roban el Futuro
Biodiversidad, sustento y culturas


La audiencia pública y sus tiempos. Entre el 28 de febrero y el 3 de marzo, la Red en Defensa del Maíz, la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ambas de México) y Vía Campesina América del Norte, sostuvieron en Guadalajara, Jalisco, México, una audiencia pública denominada Los Transgénicos nos Roban el Futuro, para reunir evidencias y argumentaciones que puedan armar un expediente y conformar una denuncia formal ante tribunales internacionales por la liberación del maíz transgénico en México, cuna milenaria (centro de origen) del maíz, uno de los cultivos más dúctiles y más adaptados a los humanos, que se ha expandido por todo el mundo en sus diez mil años de vida.
Esta audiencia pública se planeó también como denuncia contra la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés como es conocida mundialmente) que en esos mismos días celebró, también en Guadalajara, una reunión “técnica” que tenía como objetivo promover la biotecnología como “factible solución a los problemas del hambre en el mundo”, según sus fines declarados, y por ende promover los cultivos transgénicos (con un reproche inicial hacia todo aquel que resista su introducción, argumente en contra o rechace de plano la mera idea de alterar violentamente los procesos por los cuales, de modo natural, se cruzan las plantas unas con otras o no se recombinan con otro tipo de organismos).
Para acceder al documento completo (formato word) haga clic en el enlace a continuación y descargue el archivo:

Fuente: Carlos A. Vicente
Acción por la Biodiversidad
Gianone 195
(1727) Marcos Paz
Buenos Aires
Argentina
Telefax: 54 220 4771165
www.biodiversidadla.org

domingo, 7 de marzo de 2010

Jujuy, Argentina: La lucha contra el desmonte




Comunicado del Movimiento Nacional Campesino Indígena


San Salvador de Jujuy, 4 de marzo de 2010

Comunicado de Prensa

En el día de ayer las familias de Palma Sola, provincia de Jujuy, que conforman la Organización Campesina Agro-Ganadera (OCA), las familias del barrio Nueva Esperanza de la misma localidad, el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), ATE-CTA Parques Nacionales, el Colectivo Caminando del Frente Popular Darío Santillan, CAPOMA, el Movimiento Fuerte Verde, el Grupo de Reflexión Rural (GRR), el Grupo de Trabajo de Maimará (GTM), la Comunidad Guaraní Penti Caranday, Yantas Maky, el Movimiento Tupaj Katari, y el Movimiento de Teatro del Oprimido intervenimos las calles de la ciudad de San Salvador.

El reclamo que se realizó con el objetivo de exigir la anulación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), la suspensión de los permisos de desmontes y la utilización de agrotóxicos, y la entrega inmediata de los títulos de tierra a las familias poseedoras de la Organización Campesina Agro-Ganadera (OCA), llegó a las puertas de la Dirección Provincial de Políticas Ambientales y Recursos Naturales, la Legislatura y los Tribunales de la provincia de Jujuy.

La primera intervención se realizó en la Dirección de Ambiente, donde fuimos recibidos por la Ingeniera Gómez, Directora Interina de Políticas Ambientales y Recursos Naturales. Allí se leyó el petitorio, en donde se expone la situación de atropello de la que somos víctimas por parte de la familia Macedo (propietaria de la empresa CRAM S.A. y vinculada al poder político), y lo que exigimos a las autoridades.

La Directora interina manifestó que desde la Secretaria de Ambiente se está analizando el Plan de Ordenamiento Territorial. Sin embargo, Gómez no nos dio ninguna garantía de que esto signifique un cambio significativo en el POT o en la suspensión en el otorgamiento de los permisos de desmonte que exigimos. Ante nuestro reclamo por la falta de audiencias públicas para el diseño del POT, la Directora reconoció la irregularidad en que se encuentra la provincia y se comprometió a discutir con el Secretario de Ambiente, una solución para que las comunidades sean partícipes del proceso.

La segunda intervención se realizó en la Legislatura, en donde fuimos recibidos por el Diputado Pablo Baca, quien fuera presidente de la comisión de ecología en el reciente período. En la misma se volvió a exponer el conflicto, ante lo cual el diputado se comprometió a llevarlo a la comisión y encontrar la forma de reunirse con las organizaciones en el territorio. Además, solicitó le acerquemos copias de las denuncias contra la empresa de la familia Macedo, y el amparo que luego se presentó en Tribunales.

Por último, se presentó formalmente el amparo ambiental colectivo ante los Tribunales, con el objeto de frenar los desmontes y las pulverizaciones con agrotóxicos en La Gran Largada, finca ubicada en la localidad de Palma Sola y donde se realizan los desmontes y siembra de soja transgénica y poroto.

En las intervenciones se realizaron volanteadas, pegada de carteles y presentaciones de teatro con el objetivo de informar y concientizar a la sociedad en general sobre los efectos del desmonte, las pulverizaciones, el monocultivo de soja y los atropellos y amenazas de desalojo que sufrimos las familias campesinas agro-ganaderas.

Las organizaciones en defensa de los territorios campesinos indígenas expresamos que:

Como organizaciones en lucha continuamos en alerta y tomaremos las medidas que sean necesarias en nuestro territorio para frenar los desmontes, las pulverizaciones y la siembra de soja transgénica. No nos quedaremos esperando pasivamente a que los políticos, funcionarios y jueces nos den una respuesta y continuaremos denunciando los atropellos de los que somos víctimas.

* Exigimos se anule el actual Plan de Ordenamiento Territorial realizado de forma irregular, aprobado por decreto, y se sancione por ley de acuerdo a las exigencias que establece la Ley de Bosques Nativos, garantizando la convocatoria y realización de las audiencias públicas previas.

Se establezca mediante ley restricciones y prohibiciones a la actual utilización indiscriminada y sin controles de agroquímicos altamente tóxicos como los usados en el paquete tecnológico de la soja transgénica.

* Mediante ley se regularice la entrega de títulos a las familias campesinas que poseemos tierras ancestralmente en la zona de Palma Sola.

NI UN METRO MÁS, LA TIERRA ES NUESTRA

GLOBALIZEMOS LA LUCHA, GLOBALIZEMOS LA ESPERANZA

REFORMA AGRARIA INTEGRAL – SOBERANIA ALIMENTARIA

CAMINO HACIA NUESTRO PRIMER CONGRESO NACIONAL

Contactos:

Enlace 

Fuente: Boletín EnRedando

lunes, 1 de marzo de 2010

Ideas para el activismo: "Artivismo"

Metrópolis 19.02.2010
Proyectos colectivos que entienden el arte como relación social. Intervenciones artísticas en el consumo, guerrilla de la comunicación, formas creativas de movilización y protesta; propuestas críticas cargadas de humor y desobediencia, nuevas narrativas capaces de alterar los signos y códigos establecidos. Imaginarios que provocan la aparición de comunidades y subjetividades inesperadas.Metrópolis dedica el programa de esta noche a las prácticas artísticas situadas a medio camino entre el arte y el activismo social.
Por todas partes podemos leer hoy en día que el arte se ha integrado por completo en la Economía, que es el arte quien estimula el deseo de consumir, que la creación ha quedado totalmente atrapada en el mercado, que las prácticas artísticas son ahora el modelo hegemónico de la producción de riqueza capitalista y otras cosas por el estilo. Pues bien, sin menospreciar en absoluto tales afirmaciones (muy acertadas, en términos generales), presentamos aquí una serie de experiencias que, situadas a medio camino entre el arte y el activismo social, se las ingenian para resistir ante aquella realidad. De esta resistencia surge, como veremos, una nueva estética socialmente comprometida. Un tipo de creación con una nueva responsabilidad política: la de establecer imaginarios posibles e inventar dispositivos críticos que nos sirvan para socializarnos, para crear comunidad, para adquirir subjetividades distintas a las ofrecidas por la publicidad.
Las propuestas incluidas esta semana en Metrópolisentienden la cultura -ese lugar donde se produce el símbolo y por donde circulan los sentidos- como un nuevo terreno de conflicto. Desde esa perspectiva producen sus imágenes; desde ahí escriben sus historias. Todas estas experiencias, cada una a su manera, componen un nuevo escenario de creación donde lo artístico abandona, definitivamente, la epistemología del sujeto individuo y pasa a convertirse en un sujeto colectivo. Este nuevo sujeto creador hace de la vida cotidiana una fuerza capaz de apropiarse de cualquier signo, reinterpretarlo, alterarlo y devolverlo de nuevo a la circulación transformado en una herramienta social plenamente activa. Una marca que se apropia de todas las demás (Yomango); un falsoNew York Times que anuncia el fin de la guerra en Irak; un ejército de payasos que se enfrenta a la policía cargado de burla y humor (C.I.R.C.A); dos tipos que se cuelan en las reuniones de la Organización Mundial del Comercio y ridiculizan sus políticas desde dentro (The Yes Men); el record mundial de gente gritando "No vas a tener casa en la puta vida"; un grupo de superhéroes que transforma la precariedad en un superpoder; un centro comercial convertido en playground para la protesta y la denuncia (Urban Decoy). Todo esto y mucho más en Arte y activismo, una colección de prácticas artísticas que son, antes que nada, una relación social.
Lo dejó dicho Bruce Lee: "La acción es nuestra relación con todo."
Fuente: Metrópolis, TVE

Enlace al vídeo del programa completo: Arte y Activismo

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails