sábado, 29 de mayo de 2010

Manifestación en Mar del Plata para exigir el fin del hambre en Argentina

La primera de las marchas contra el hambre en Argentina ocurrió en plena crisis de este país, en 2001, y hubo más en los años siguientes pese a la recuperación económica que redujo la pobreza a casi la mitad, pero no pudo resolver la precaria condición de vida de un cuarto de la población. "Hay un núcleo duro de la pobreza que no se puede perforar", alertó el coordinador de Chicos del Pueblo, Alberto Morlachetti.
La pobreza rebrotó en Argentina por la inflación ascendente desde 2007 y la crisis mundial que comenzó en 2008. Por eso, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner aprobó en diciembre pasado una asignación de 170 pesos mensuales (unos 37 euros) para cada hijo de parado o trabajador informal. Un estudio realizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino (Cenda), el Programa de Formación Popular en Economía (Profope) y el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL), señala que, con esa ayuda, la pobreza se ha reducido del 26% al 22,6% (unos nueve millones de personas) y la indigencia (la carencia de recursos necesarios para comprar alimentos básicos), del 7,5% al 3,4% (aproximadamente 1.360.000 personas).
Los investigadores propusieron que la subvención a los niños fuera complementada con políticas para fomentar el empleo, como el plan de cooperativas que el Gobierno ha puesto en marcha entre críticas de las organizaciones sociales excluidas del programa. Además, una inflación superior al 20% deteriora mes a mes el poder adquisitivo de la ayuda.
"Bienvenida sea la asignación, pero no es universal, porque está condicionada a asistir a la escuela y a recibir las vacunas y además debería cubrir a seis millones de chicos, en lugar de 3,6 millones", opinó Morlachetti, que venía bregando desde hace años por este subsidio, al igual que la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), la diputada Elisa Carrió y el economista Rubén Lo Vuolo. "Si universalizamos la asignación y la llevamos a 300 pesos [62 euros], salimos de la indigencia y me puedo retirar tranquilo", dijo el coordinador de Chicos del Pueblo.
En 2005, Morlachetti había llevado la propuesta de la asignación universal por hijo al entonces presidente de Argentina, Néstor Kirchner, que le respondió entonces que el empleo era su herramienta para combatir el hambre. "Conceptualmente estoy de acuerdo", opinó Morlachetti, "pero no hay pleno empleo y la mitad del empleo es informal. No niego que haya crecimiento, sea por méritos propios del Gobierno o no, pero al ser tan concentrada la riqueza, el crecimiento no llega al núcleo duro de la pobreza. Hay que cambiar la matriz de distribución en este país que puede alimentar a 300 millones de personas en todo el mundo."
El pasado martes, alrededor de dos millones de argentinos celebraron en las calles de Buenos Aires el Bicentenario de la independencia Argentina. Fue una verdadera fiesta popular. También se celebró en las demás ciudades. "Pero los fastos del Bicentenario no deben ocultar la pobreza", señaló el coordinador de Chicos del Pueblo.
El manifiesto de la protesta del viernes en Mar del Plata advertía de que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el kirchnerista Daniel Scioli, "impone políticas públicas que no están nutriendo, ni abrigando, ni abrazando a nuestros niños". Se refería al recorte este año del 20% de las plazas en los comedores escolares, lo que afecta a 400.000 niños que muchas veces sólo se acercan hasta el colegio por los alimentos, según reconocen los propios docentes. También se criticó el proyecto de ley de rebajar la edad de imputabilidad penal de los 16 a los 14 años. "Como si nuestros hijos fuesen los responsables de la pobreza o de la inseguridad", afirmaron los manifestantes.
Entre las organizaciones convocantes figuraban algunas que habían sido aliadas del kirchnerismo hasta hace poco, pero que se alejaron del Gobierno por el devenir de sus políticas. Entre ellos, los movimientos Libres del Sur y Barrios de Pie. También participaron sindicalistas de CTA, grupos católicos, organizaciones sociales y piqueteras, de jubilados y de mujeres. "Vino gente de Buenos Aires, de Santiago del Estero, de Bariloche, de Mendoza... y vinieron porque están cagados de hambre. Si no, no vienen", razonó Morlachetti.
Por ALEJANDRO REBOSSIO - Buenos Aires - 29/05/2010 - Fuente periódico El País - España

viernes, 21 de mayo de 2010

Expansión de los agronegocios en el Noroeste argentino

Este informe surge de un recorrido realizado en noviembre de 2008 por las provincias de Salta y Jujuy, en el Noroeste argentino, y del encuentro con varias de las comunidades indígenas y familias criollas que enfrentan conflictos por la tierra y la masiva destrucción de los montes de la región. Intenta contribuir a la generación de información con el fin de visibilizar y denunciar la situación que viven las comunidades que resisten la expansión del agronegocio y el avance sobre sus territorios.

Analizamos las transformaciones en el modelo productivo de las últimas décadas que trajeron aparejados los procesos de sojización y profundización de la agricultura industrial concentrada. A la vez lo contrastamos con el contexto legal que regula la tenencia de la tierra y los bosques nativos.

Presentamos cuatro casos de conflictos por el territorio en la región: las comunidades wichí de la cuenca del río Itiyuro; la comunidad wichí de Misión Chaqueña; los pobladores criollos de la cuenca del río Dorado; y las comunidades guaraníes de El Talar. Comunidades y poblaciones que hoy enfrentan y resisten con su propia existencia, sus saberes y sus prácticas ancestrales, el devastador avance de un modelo monocultural y extractivo.

informe completo: Bajar PDF

Fuente: Chaya Comunicación Argentina

sábado, 15 de mayo de 2010

El robo del siglo: Mega proyectos mineros y monocultivo sojero













En nuestra zona industrial se exporta, a través de los puertos privados de las cerealeras y de la minera La Alumbrera, el 90% de los minerales extraídos de las montañas y casi el 60% del total exportado de granos, en su mayoría soja, de todo el país. La persecución y desalojo de comunidades, el saqueo fenomenal de los recursos naturales y la contaminación silenciosa de la tierra, el agua y el aire son tan solo algunas de las consecuencias devastadoras de los agronegocios y los megaemprendimientos mineros. El pasado sábado 8 de mayo, Proyecto Sur convocó a una movilización en Puerto San Martín, el corazón portuario del modelo extractivo-exportador. Allí, las voces de las organizaciones, entre ellas, las de Andalgalá, se hicieron escuchar. 





Un panorama desolador 




Puerto General San Martín es una populosa ciudad ubicada en la provincia de Santa Fe, en la zona conocida como el Cordón Industrial del Gran Rosario. Pegada a la vecina localidad de San Lorenzo, en esta ciudad, los aires y las rutas huelen a saqueo y contaminación. 

Desde esta zona industrial se exporta el 90% de los metales que extraen, a fuerza de volar montañas, los mega emprendimientos mineros como lo es la Minera Alumbrera en Catamarca. También las grandes empresas cerealeras como Cargill, Terminal 6, Nidera, Dow, Bunge, Vicentín, Molinos Río de La Plata, etc. ocupan las costas del río Paraná para instalar sus puertos privados, operar, acopiar y exportar millones de toneladas de granos, mayormente de soja, minerales, hidrocarburos, compuestos químicos y petroquímicos, aceites y combustibles.

Por tanto, aquí, en el llamado Polo Portuario San Lorenzo-Puerto San Martín, se encuentra el corazón de un modelo de concentración extractivo, tan poderoso como contaminante: el agroexportador y la minería a cielo abierto. 

Los principales proyectos mineros se encuentran a lo largo de la Cordillera de los Andes, principalmente en las provincias de San Juan, Catamarca, Tucumán, Santa Cruz, Chubut, Salta y Jujuy. Sin embargo, es en Puerto San Martín donde una de las empresas extranjeras más importantes del país exporta, a través de su puerto privado y del llamado Tren Azul, los metales que extrae de los cordones montañosos ubicados en la zona de la provincia de Catamarca: Mina Alumbrera. 

Algunos vecinos de estas localidades -los que se animan- y organizaciones ambientalistas de todo el país, no solo denuncian el saqueo del que son testigos todos los días, cuando el paso del tren muestra la foto calcada del modelo devastador de la megaminería y la soja transgénica, sino que además, intentan dar cuenta de la fuerte contaminación ambiental de las que son víctimas. 

En la Minera Alumbrera se explotan diariamente 300 toneladas de roca utilizando toneladas de explosivos y se las muele en un triturador gigante que consume tanta energía diaria como la ciudad de Catamarca. Según un informe elaborado por el Servicio de Paz y Justicia, “los proyectos mineros a gran escala provocan la destrucción y la contaminación del medio ambiente, las cuales causan enfermedades mortales para las personas, y también para su animales. De fuentes y sustento de vida, el agua, el suelo y el aire pasan a ser fuentes de muerte. Además, la gran minería desplaza las actividades económicas locales, afectando la cultura y la identidad de comunidades para las cuales la tierra es el centro de su vida.” 

El principal recurso afectado es el agua. Cada yacimiento necesita millones de litros de agua cada día, en zonas donde ya es un recurso escaso (la sola mina Bajo La Alumbrera consume 100 millones de litros por día). El agua utilizada es mezclada con cianuro y otras sustancias tóxicas para separar los metales, produciendo enfermedades a los habitantes y consecuencias ambientales como la contaminación de ríos, lagunas e incluso su secado. 

Por otro lado, “la minería contamina también los suelos, lo cual tiene un impacto fuertemente negativo sobre la vegetación y sobre la productividad de esos suelos. La contaminación de los suelos se produce por depósito de partículas sedimentadas, por el vertido directo de los productos líquidos de la actividad minera, o por la infiltración de productos de lixiviación del entorno minero. Al igual que el agua, el aire se contamina por el drenaje ácido de la minería, al entrar en contacto con el ácido sulfúrico. Además, pequeñas partículas de los metales pesados se desprenden de los residuos y se diseminan luego con el viento, integrándose lentamente en los tejidos de los organismos vivos”, detalla ampliamente el informe del Serpaj. 

Con el modelo concentrado de la soja RR, la contaminación y el impacto en la salud de la población es también preocupante. La utilización del herbicida glifosato –ampliamente denunciado por numerosas organizaciones y comunidades-, envenena la tierra, destruye la fauna y la flora nativa de las zonas ricas en bosques y suelo fértil, como Santiago del Estero, Córdoba, Chaco, Santa Fe, por citar solo algunas provincias, contamina el aire y afecta terriblemente la salud de las comunidades, tanto rurales como urbanas, cercanas a los campos fumigados con este tóxico herbicida, propiedad de la multinacional Monsanto. 

En los últimos días, se conoció la muerte de dos transportistas a causa de las fumigaciones con pesticidas realizadas al interior de los camiones cargados con granos, en su mayoría, soja para exportación. En el año 2009 se registraron cuatro víctimas fatales y los casos no denunciados podrían ser todavía más. Fumigar la carga de granos dentro del mismo camión es una práctica ilegal que se realiza cotidianamente y sin ningún tipo de control en los puertos privados de las grandes exportadoras de cereales. Se utilizan pastillas de fosfuro de aluminio, que al entrar en contacto con el aire emite un gas venenoso que mata insectos y afecta la vida en general. Ni los representantes de la llamada Mesa de Enlace ni las corporaciones agrarias ni tampoco los productores sojeros, han denunciado la gravedad de esta práctica ilegal. 

En una nota publicada por Página 12, desde la Asamblea Permanente por la Vida de San Lorenzo, afirman que estas pastillas se las usa “habitualmente en el interior de camiones pero las empresas obligan a que se lo aplique fuera de sus predios para no asumir la responsabilidad”. 

Por su parte, la Campaña Paren de Fumigar publicó un completo informe revelando estudios que dan cuenta del impacto cultural, político, social y ambiental del monocultivo sojero y el nocivo uso de los plagicidas. Allí, sostiene que “caravanas de miles y miles de camiones cargados de porotos cruzan el territorio hacia los pueblos ribereños y los puertos, dejando a su paso regueros de muerte en las poblaciones que viven a orillas de las rutas y que son víctimas de las partículas tóxicas que los vehículos van dejando como una estela a lo largo de su camino.” 

El 60% del total de la exportación de granos del país sale por los puertos de la zona del Gran Rosario. Al mismo tiempo, la plantación del monocultivo de soja trae como consecuencia, también, el constante desalojo y el destierro de cientos de poblaciones campesinas y originarias que habitan los territorios desde sus ancestros. Estas comunidades son permanentemente perseguidas y amenazadas por grupos económicos que encuentran, en los poderes políticos y judiciales locales, una necesaria complicidad para operar casi con total impunidad. Testimonios y denuncias del Movimiento Nacional Campesino Indígena así lo demuestran. 

Definitivamente, el panorama es desolador. “Se esta configurando una catástrofe sanitaria de envergadura tal, que nos motiva a imaginar un genocidio impulsado por las políticas de las grandes corporaciones y que solo los enormes intereses en juego y la sorprendente ignorancia de la clase política logran mantener asordinado. El cáncer se ha convertido en una epidemia masiva y generalizada en miles y miles de localidades argentinas y el responsable, es sin lugar a dudas, el modelo rural.” (Extraído del Informe de la Campaña Paren de Fumigar).






Menem lo hizo

Realidades en diferentes provincias, en distintas geografías, reflejan las mismas operaciones y complicidades de este robo y genocidio silencioso en Argentina. Las legislaciones son, para unos casos, prácticamente inexistentes y débiles y para otros, altamente favorables al avance cada vez más devastador de este tipo de economía a gran escala. “La geografía minera cambió totalmente a partir de la sanción de nuevas leyes durante el gobierno de Carlos Menem, la principal siendo la ley de Inversión Minera 24.196, en 1993. Este nuevo marco legal abrió las puertas a los capitales de la grandes multinacionales extranjeras”, afirma el Serpaj. 

Uno de los principales beneficios que le otorga la ley a las corporaciones es la devolución adelantada del IVA. “Las empresas mineras pueden deducir el 100% de sus gastos de exploración del cálculo del impuesto a las ganancias; se les devuelve el IVA a la exploración, así como el IVA en importación o compra de bienes e inversiones de infraestructura; no pagan derechos de importación; no pagan el Impuesto al Cheque; pueden deducir el 100% del Impuesto a los Combustibles Líquidos, y muchas otras ventajas más. Están autorizadas a no ingresar al país el 100% de las divisas obtenidas por sus exportaciones y además no pagan ninguna carga o impuesto para transferir capitales al exterior del país”. 

El punto destacado es que estos beneficios no podrán ser retirados por el período de 30 años. Como contraparte, las mineras deben dejar regalías a las provincias. Sin embargo, el porcentaje estipulado es irrisorio: solamente se les exige el 3% del valor del mineral extraído. En este sentido, son únicamente las organizaciones sociales y las asambleas de vecinos las que han logrado, hasta el momento, enfrentar con la propia vida, los intereses de las corporaciones mineras y sojeras, frenando la instalación de proyectos como el de Famatina o el de Agua Rica, o logrando, con muchísimo esfuerzo y una larga lucha, escasos fallos judiciales que han impedido, por ejemplo, la utilización de plagicidas en centros urbanos, como fue el caso de la localidad de San Jorge, en Santa Fe. 





Acto y movilización, en Puerto San Martín 





El pasado sábado 8 de mayo, Proyecto Sur, movimiento que lidera a nivel nacional Fernando Pino Solanas, convocó a una concentración y un acto para alzar las voces en contra de la megaminería y el modelo sojero, en la localidad de Puerto San Martín. Al mismo, se sumaron organizaciones sociales de Rosario. 

El objetivo fue, una vez más, denunciar el impacto socioambiental que provocan las multinaciones y el saqueo compulsivo que, en esta zona industrial, se materializa con el Tren Azul y el puerto privado de La Alumbrera. 

“Si pensamos en la calidad del aire que tenemos a orillas del río Paraná, por todas las industrias que tenemos con este tipo de actividad, el aire también es de muy mala calidad”, apunta Cecilia Bianco, integrante del Taller Ecologista, una de las organizaciones presentes en el acto y que a su vez, viene realizando innumerables estudios ambientales sobre el río y el impacto que sufre el Paraná, con la instalación de estos puertos privados y de industrias petroquímicas y pasteras como Petroquímica S.A o Celulosa S.A. 

David Ciccoti es vecino de la localidad de San Lorenzo y desde hace varios años trabaja en la ciudad de Puerto San Martín. Conoce la realidad de su zona y la describe con crudeza. “Acá las exportaciones son de todo tipo: básicamente cereales y minerales. La contaminación profunda que dejan está vinculada al tema del cereal, como también las petroquímicas que nos han destruido prácticamente el suelo y el agua de la zona. Eso habla de lo que le pasa a la gente, hay muchas personas enfermas que no se animan a hablar. Hay poderes políticos que favorecen esta política. Esto es un crimen político, es un genocidio, porque el Estado los esta apoyando”. 

Enojado, preocupado, angustiado, David reclama por una mayor conciencia de la población. Lo que está en juego, afirma, “es la calidad de vida de todos”. Sin embargo, hay un silencio que sucumbe a esta zona gobernada por el poder económico de estas empresas. “Acá amenazaron a una cantidad de gente que denunció cosas, por eso tenemos que estar todos movilizados. El gobierno local si no se lo presiona con movilización no va a modificar su posición frente a las empresas”. “No hay ningún tipo de control de lo que sale del puerto. Minera Alumbrera se puede llevar lo que quiere y de hecho, se lo lleva, en oro y metales. Acá queda entre el 1 y el 3 %.” 

¿Qué pasa con los medios de comunicación?. Dice Ciccoti: “Tenemos a la mayoría de los medios de comunicación totalmente en contra”. Casi como un mecanismo de silenciamiento, las grandes corporaciones compran voluntades. Según detalla la Serpaj en su informe “la mayoría de las grandes empresas transnacionales consiguieron ampliar su área de influencia gracias a una supuesta “acción social y comunitaria” en los pueblos en los cuales se instalan, otorgando subvenciones a todas las instituciones comunitarias. Además del silencio del pueblo, las empresas mineras compran el de los medios de comunicación. Así en 2004, en San Juan, “cuarenta periodistas de toda la región participaron de un curso de manejo de camionetas 4x4 organizado por Barrick Gold, y no es extraño ver en los diarios locales editoriales defendiendo a la minería a cielo abierto”.

“El 1º de agosto de 2007, el diario Clarín difundió el suplemento Minería Ambiental, con 12 páginas que publicita la magia de las explotaciones del sector. El Grupo Vapa, subsidiaria de la empresa de la señora Noble, armó el folleto y es quien comercializa esos “especiales”, señala en su revista Mu, lavaca.org., agosto de 2007” (Nota publicada en periódico El Eslabón). 





¿Qué es el tren azul? 





Una de los momentos, tal véz, más emotivos de la jornada en Puerto San Martín, se vivió alrededor de las 17 hs, cuando todos los que participaban del acto se dirigieron a las vías por donde pasa el llamado Tren Azul, para mostrar en alto, la bandera argentina y repudiar el saqueo que por esas vías se realiza con total impunidad. 

El tren azul sale de Minera alumbrera, atraviesa Tucumán, Santiago del Estero, casi la totalidad de Santa Fe y llega a Puerto General San Martín. Acá, la minera cuenta con un puerto exclusivo al que es imposible llegar. “De ahí, se termina de manufacturar lo que ellos se llevan. De alguna manera, esta es la forma en que el saqueo toma forma y toma forma en estas costas, donde el canal del Río Paraná lo favorece”, cuenta David Ciccoti, integrante de Proyecto Sur, en diálogo con enREDando. “Nos están saqueando el país”. 

Una paradoja que llama la atención es que Puerto San Martín es la única ciudad donde se estudia la Tecnicatura en Medio Ambiente. Sin embargo, según nos dice David, “ninguno de los que estudian y que son de esta ciudad se reciben. Es una traba para que no sean un estorbo. Acá no existen estudios de los niveles de contaminación, se les ha exigido al municipio, pero nunca han venido”. 





“Sabemos que va a correr sangre” 





Invitados para contar su experiencia de lucha, estuvieron presentes los integrantes de la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá, en Catamarca, quienes, en una ejemplar movilización, están enfrentando a la Yamana Gold, una multinacional minera canadiense que pretende explotar la mina Agua Rica, ubicada en el cerro Nevado (cadena del Aconquija), la principal fuente de agua de la región. 

“La situación en Andalgalá es crítica”, describe Marcela, integrante de la Asamblea, en su paso por Puerto San Martín. “Prácticamente durante todo el día y a la noche somos perseguidas por la policía. Llevaron muchos grupos de choque e inteligencia. Nos hacen allanamientos en la casa para culparnos de cualquier cosa. A una compañera nuestra le pusieron una causa de drogas. Hace poco, el gobernador de Catamarca dijo que la Minería se hacía sí o sí y lamentablemente Andalgalá iba a ser una ciudad sacrificable. No les importan los 21 mil habitantes. Hace muy poco, nos enteramos que además de querer llevarse el oro, hay petróleo. Entonces, nos quieren desalojar”. 

A su lado, Alejandro, relata la realidad de este pueblo que se resiste a desaparecer: “Minera Agua Rica nos quiere instalar esta minera a 16km del departamento, que esta ubicada en las cuencas de nuestros ríos, donde nace el nevado del Aconquija, de donde nosotros tenemos el elemento vital que es el agua, para poder hacer nuestras cosechas, nuestros frutos. En Andalgalá estamos organizados en asamblea y peleamos por el agua y repudiamos la represión que sufrimos el 15 de febrero, donde hubo golpes y balas para mujeres, hombres y niños. Nuestro Departamento está militarizado. A nosotros nos toca la minería y acá les toca el tema de la soja y las fumigaciones”. 

Recientemente, la justicia catamarqueña suspendió la realización de un referéndum, que había sido aprobado por el Concejo Deliberante. A través del mismo, los ciudadanos iban a poder expresarse a favor o en contra del proyecto minero. “El referéndum lo suspendieron. Todo papel que presentamos es rechazado. La justicia es cómplice, no tenemos a nadie que nos ampare, el pueblo está luchando solo”, expresa Marcela que vive con el miedo tatuado en su cuerpo. Sabe que puede ser perseguida, porque allá, en su tierra, las amenazas son permanentes. Sin embargo, la militancia no se rinde. “Estamos visitando casa por casa, informándolas más sobre el proyecto, concientizando, estamos pasando videos en los distritos, sumando gente. Seguimos con las caminatas alrededor de la plaza todos los sábados a las 19 horas, con bastante concurrencia de gente”, nos cuenta Alejandro. 

La situación es difícil, coinciden ambos. “Grupos de policías sitiaron las calles de la ciudad de Andalgalá. Parece un Estado de sitio, están en las escuelas, en todas las instituciones. Ahora la estrategia es hacerle firmar a las instituciones como para que avalen la llegada de mayor cantidad de policías. Pero es todo para la misma causa y para tenernos más controlados, incluso se están haciendo allanamientos en las casas de personas que van a las caminatas de la plaza, inventan causas que no existen, los detienen por defender el pueblo.” 

¿Cómo es el trabajo en el pueblo? Como muchos lugares de la geografía argentina, en Andalgalá, el agua es vital para el riego de los campos y el cultivo. Hay olivo, plantaciones de tomates, papa. “Se exportaba para Tucumán todo tipo de frutas”. Y como tantos de estos lugares, esta diversidad de cultivos se fue perdiendo. “Nosotros tratamos de recuperarlo. Estamos pidiendo el agua para la producción de los alimentos y el gobierno entrega los campos a las empresas mineras para que tengan el agua para el sistema de las minas. El gobierno nos ha dejado prácticamente sin comunicación con el Departamento vecino de Belén. Todo esto lo hacen para que la mayoría de la gente esté desocupada y qué digan que somos un pueblo que necesita la minería, por la falta de trabajo. Pero nosotros seguimos en la lucha.” 

Los vecinos de Andalgalá saben que no pueden dar ni un paso atrás. El agua es de todos y van a defenderla. “Hay un distrito donde ya no vive nadie porque el agua no se puede tomar. La planta se nos esta secando. No pensamos entregar a pueblo. Estamos dispuestos a luchar. No queremos perder nuestro trabajo, nuestra casa, y menos nuestra tierra. Sabemos que sangre va a correr.”

Por María Cruz Ciarniello para Boletín EnRedando









Conciencia Solidaria: Trabajemos Juntos para un Planeta en Equilibrio

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails