Ecosistemas en peligro y contaminaciónDiferentes especialistas y organizaciones ambientales fueron consultadas por enREDando para conocer, en líneas generales, los principales impactos socioambientales que está generando, a lo largo y ancho de la República Argentina, el uso irracional de los bienes naturales.
En la zona de la Pampa Húmeda, las incontables hectáreas minadas con soja RR (resistente al poderoso y contaminante herbicida glifosato) marcan el pulso de una constante y silenciosa contaminación en la tierra, el agua y con efectos nocivos en la salud de la población. También, existen estudios y denuncias que revelan otros impactos con consecuencias perjudiciales para las comunidades y el ecosistema.
A pocos kilómetros de la ciudad de Rosario, se encuentra una de las plantas de Celulosa más importantes del país, ubicada en la vecina localidad de Capitán Bermudez. Un estudio de Greenpeace ha revelado algunos efectos contaminantes que produce la utilización de elementos tóxicos por parte de la empresa. En otra localidad cercana, Oliveros, un grupo de vecinos se manifestó abiertamente frente a la instalación de una antena de Telefonía Celular. Allí mismo, se detectaron casos de cáncer en los vecinos y la resistencia del pueblo logró, finalmente, la erradicación de esta antena. Por otra parte, las islas ubicadas en el Departamento Victoria también están siendo fuertemente afectadas por la quema de pastizales, la sojización, y el impacto ambiental que provocó la construcción vial Rosario – Victoria.
Y si miramos hacia otras provincias de Argentina, nos encontramos con la explotación minera a cielo abierto y los mega emprendimientos llevados adelante por empresas transnacionales, con impactos en la salud y en la naturaleza. Una historia de vida golpea de cerca a Rosario. Se trata de Natalia Mechaluca, integrante de la Biblioteca Popular Pocho Lepratti, quien, desde hace unos años, esta radicada en Abra Pampa, provincia de Jujuy. Actualmente, Natalia, maestra rural de una escuela jujeña, tiene en su sangre altos niveles de plomo, al igual que muchos niños de ese pequeño pueblo, azotado por el negocio de la mega minería.
Ecosistemas en peligro
Raúl Montenegro es biólogo, presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM) y docente en la Universidad de Córdoba. enREDando lo entrevistó para conocer su mirada sobre los principales impactos que perjudican la salud y la estabilidad de los ecosistemas. “La estabilidad ambiental de un país depende del balance que exista entre la superficie con ecosistemas naturales, y los ecosistemas productivos y urbanos. En Argentina por ejemplo ya se destruyó más del 80% de la superficie que tenían originalmente los bosques nativos. Semejante destrucción, que continúa en la actualidad, compromete el funcionamiento de las cuencas hídricas. Cada ecosistema natural que se destruye equivale a destruir también sus "fábricas naturales" de suelo y agua. De este modo Argentina pierde su resistencia ambiental, y el costo social aumenta cotidianamente.”
El terrible alud sucedido en Tartagal, que provocó la muerte de 2 personas, más de 1800 evacuados e innumerables daños y pérdidas, es una de las consecuencias más claras del desmonte irracional de bosques nativos, que tiene como principal causa, la siembra de soja transgénica. En un comunicado del Movimiento Nacional Campesino Indígena, con fecha 15 de febrero de 2009, se denuncia que: “desde hace 25 años las topadoras no han parado de derribar árboles de la flora nativa para dar lugar a la soja y la ganadería intensiva, desmontando indiscriminadamente la región chaqueña. Las consecuencias aparecen visibles en los ecosistemas más frágiles en un principio; aludes o sequías, inundaciones o temperaturas extremas, sin entrar en el detalle de nuestra cotidiana lucha; los despojos de tierra y desalojos compulsivos.” En el lapso de 20 años, (entre 1984 y 2004) se desmontaron en Tartagal, 67.000 has. “La gota de lluvia que cae en suelo desnudo en su impacto tapa los poros, haciendo que las próximas gotas no infiltren, sino que escurran. A mayor pendiente y mayor intensidad de la lluvia, arroyos o ríos se improvisarán para "desaguar" esa inmensa superficie donde no hay captación en el suelo. En su paso el agua podrá arrancar árboles, puentes, laderas de ríos, cerros si son socavados, llevarse en su paso todo lo que se encuentre cuando venga la creciente”, sostienen desde el Movimiento Campesino.
Eduardo Spiaggi es integrante de la Cátedra FODEPAL. Según su visión “las consecuencias son muchas, algunas más evidentes como la desforestación o los eventos de contaminación (escapes, derrames, etc.) otras más encubiertas pero acumulativas como el de los agroquímicos. Es el modelo de desarrollo -o subdesarrollo- imperante en casi todo el planeta el que genera uso irracional de los recursos: el sistema funciona en base a RN no renovables. Se trata de una cuestión de valores, de repensar nuestro rol, nuestro lugar en la "trama de la vida".
La falta de una responsable planificación para un desarrollo sustentable de los bienes naturales aparece como una de las principales causas de los desastres ecológicos y la contaminación a largo plazo en la salud de las comunidades. Para Montenegro “a nivel de empresas, incluido el sector agropecuario, que mantiene cultivos industriales como la soja transgénica, sigue predominando la codicia. El egoismo transgeneracional. A nivel de gobierno domina la necesidad de perpetuarse en el poder, y mantener aceitadas conexiones con los sectores más codiciosos de la sociedad. Quedan al costado los sectores más desprotegidos, las comunidades indígenas, buena parte de las poblaciones urbanas y el maltrecho ambiente nacional. Desarrollo sustentable es un par de palabras que se colocan en folletos hechos con papel ilustración, y reciclaje un logo. La gestión ambiental pública y privada no está a la altura de lo que necesita la sociedad, sino las grandes empresas, incluidas las corporaciones mineras.”
En este sentido, Spiaggi afirma que “es cierto que hay puja de intereses: el lucro, el bien común, qué niveles de contaminación pueden ser tolerables, quién los establece, quién los revisa. Para planificar adecuadamente hace falta mucha información de base, sobre el funcionamiento de los ecosistemas y su respuesta al stress, de la cual hoy en muchos casos, se carece”.
Humedales en extinción
Según los define la Convención de Ramsar sobre los Humedales e Importancia Internacional, los humedales son "extensiones de marismas, pantanos, tuberas o agua de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluyendo las extensiones de aguas marinas cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros", es decir, engloba a todas las aguas interiores (lagos, lagunas, cañadas, esteros, pantanos, turbales, ríos, arroyos) y una franja de costas marinas, que se caracterizan en general por su gran diversidad biológica y su importancia sociocultural para distintos pueblos y regiones.”
Desde la organización Taller Ecologista de Rosario y M’bigua de la ciudad de Paraná se viene denunciado desde hace años la crítica situación que atraviesan los humedales del Paraná, provocada fundamentalmente, por la quema de pastizales, el aumento desmedido de la cantidad de cabezas de ganado, desecaimiento de lagunas y riachos para aumentar zona de pasturas, e impactos producidos por el puente Rosario – Victoria.
Diego Rodriguez es integrante de la organización M´Bigua. Consultado por enREDando, afirma que “evidentemente que existe una falta de planificación en gobiernos, principalmente en tanto que no se cuenta en las provincias con un sistema de competencias administrativas coordinado ni contamos tampoco con un sistema de coordinación de políticas en materia de recursos compartidos como son los humedales del Sistema Paraná-Paraguay. Es necesario también contar con algunas herramientas de monitoreo en tanto que las tentativas de ordenamiento que se han iniciado por parte del Gobierno de Entre Rios como es el programa de "Arrendamiento de Tierras Fiscales" no han dado evidentemente los resultados que se propuso la ley que lo instauró, esto conforme el informe que hemos presentado conjuntamente con Taller Ecologista de Rosario.”
En diciembre de 2004, la Cámara de Diputados de la pcia. De Entre Ríos sancionó la Ley 9.603 conocida como ley de Arrendamiento, como consecuencia de la creciente ocupación de las islas de Victoria. Entre el 27 de octubre de 2006 y el 2 de agosto de 2007, se arrendaron en total unas 128.350 hectáreas de tierras fiscales en el Departamento Victoria a 109 adjudicatarios.” Del total de la superficie arrendada, el 99% se utiliza para la ganadería, según se establece en un informe elaborado conjuntamente por estas dos organizaciones, llamado “Islas del Paraná, la última frontera”. “Una de las falencias de la ley es que se permitió la actividad ganadera sin ningún estudio ambiental previo” y si bien, la ley prohibe la quema de pastizales, una práctica habitual de los productores agropecuarios, la misma sigue siendo indiscriminada, afectando el hábitat natural y el equilibrio de los humedales. Además, el humo también ha provocado serias complicaciones en los pobladores, “ocasionando dificultades para respirar, irritaciones y disminuyendo la visibilidad de gran parte de la ciudadanía”.
Otro aspecto importante a tener en cuenta, es la revalorización de las tierras en la zona de las islas, a partir de la instalación del puente Rosario – Victoria. Una vez más, desde las organizaciones ambientalistas, se advirtió a las diferentes instancias gubernamentales, la vital necesidad de establecer un equilibrio armónico entre la actividad productiva del hombre y el mantenimiento de los ambientes naturales. “Hoy, después de inaugurada la obra, el incremento en las actividades que se venían desarrollando y el surgimiento de nuevos usos para esas tierras no cuentan con ningún tipo de regulación ni control por parte de las jurisdicciones responsables. La quema indiscriminada de los humedales –una práctica que se utiliza para limpiar el terreno y dejar crecer sólo pasto– es, según distintas estimaciones, un fenómeno que puede continuar, con daños impredecibles para los ecosistemas de las áreas de influencia y la salud de sus pobladores.”
¿Qué se puede hacer?
Las herramientas legales, en muchos casos, existen. Lo que hace falta es un cumplimiento real y fiscalización de la legislación por parte del Estado. Diego Rodriguez sostiene que “se debe tener en cuenta que varias de las actividades que sabemos se realizan en la zona de islas, no están permitidas por la legislación vigente, como por ejemplo la utilización de agrotóxicos en zonas cercanas a cursos de aguas -lo que abarcaría casi toda la zona- o la construcción de terraplenes, o represamientos sin la debida autorización de los organismos competentes de la provincia. Esto evidencia una falta de eficacia en el control de este tipo de actividades. Es así que el rol de contralor que ejerce a través de las denuncias la ciudadanía cobra un papel relevante en el control de las actividades en la zona”.
De hecho, si bien existe en Entre Ríos una ley de Riesgo Hídrico Nº 9.008, que regula usos y procedimientos de estudio de impacto ambiental, una de las quemas de pastizales afectó a 25.000 has, “las cuales estarían tuteladas por esta legislación”, según se establece en el Informe “Quemar por dinero”, realizado por M´bigua y el Taller Ecologista.
Otro caso emblemático aparece con la construcción de un terraplén ilegal en el Iberá. “El terraplén de 1,5 metros de alto y seis de ancho fue construido sin permiso ni estudio de impacto ambiental por la empresa Forestal Andina en el Iberá (“agua que brilla” en lengua guaraní), una reserva natural de 1,3 millones de hectáreas de bañados, bosques, lagunas de baja profundidad, pastizales, selvas y palmares. La reserva es compartida entre el estado provincial y propietarios privados. Las autoridades controlan sobre todo las aguas, mientras la mayor parte de la tierra firme está privatizada y dedicada a la explotación ganadera y forestal, a la agricultura y al turismo” (Fuente, Agencia de Noticias Biodiversidladla). Debido a las denuncias realizadas por los pobladores, “el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes ordenó demoler el terraplén, diseñado para ganar tierra al agua a la manera de un pólder.” Este fallo fue considerado histórico en la República Argentina. Sin embargo, el terraplén no sólo no se demolió, sino que siguieron construyéndolo durante 20 kilómetros más. Los impactos son claros: probabilidad de inundaciones que afectan a los poblados vecinos y alteración de la flora y fauna del ecosistema de los Esteros del Iberá.
Las comunidades se movilizan
En muchos casos, son las comunidades las que accionan, organizándose, para enfrentar el avance devastador de los agronegocios o denunciar diferentes situaciones de contaminación en zonas urbanas. Uno ejemplo de ello, es la resistencia que realizaron los vecinos de la localidad de Oliveros frente a la instalación de una antena de telefonía celular. Los logros son, en la mayoría de los casos, contados con los dedos de la mano.
Recientemente, vecinos de la localidad de Desvío Arijón de 3000 habitantes, denunciaron ante la justicia la contaminación por fumigación realizada con glifosato, el herbicida de Monsanto que utilizan los productores sojeros para rociar sus campos, y al mismo tiempo, rociar con veneno a las comunidades vecinas. En un informe elaborado por FARCO se denunciaba que “hartos de las fumigaciones, la presidenta del Servicio de Atención Médica Comunitaria (SAMCO) Liana Alonso, integrante también de la emisora comunitaria Radio Del Pueblo de Desvío Arijón y su yerno Jeremías Chauque, hijo del músico Rubén Patagonia, decidieron pararse delante de una fumigadora terrestre que rociaba glifosato cerca de donde ellos viven para impedir que los siga envenenando. Sin embargo, ambos terminaron con una causa judicial en su contra por violación de domicilio y amenazas.”
Raúl Montenegro sostiene que existen leyes como lo es “la ley nacional de residuos peligrosos 24051 y su decreto reglamentario, la cual es clave para llevar a la justicia a los productores irresponsables e incluso a quienes aplican los plaguicidas. Es la misma ley que permitió el procesamiento de Julián Rooney, vicepresidente de Alumbrer Limited.” Sin embargo, el presidente de FUNAM sostiene que “lamentablemente en Argentina las leyes sobre agroquímicos son medievales, solo protejen de las intoxicaciones agudas, pero no toman en cuenta los graves efectos de las pequeñas dosis”.
Además, “los gobiernos han estado mirando para otro lado durante los últimos años. La creación de una comisión para investigar la relación entre plaguicidad y daños a la salud en el Ministerio de Salud de la nación llega tarde y mal. En Argentina los plaguicidas están provocando un genocidio silencioso porque las bajas dosis de muchos productos tienen actividad estrogénica, y afectan por lo tanto el sistema hormonal. Otras alteran el sistema inmune, y disminuyen nuestras defensas ante ataques bacterianos y virales. Sustancias como el glifosato afectan el desarrollo embrionario y reducen la capacidad autoreparadora del ADN en especies testigo, pero siguen utilizándose irracionalmente y exponiendo miles de personas a bajas dosis”.
Si bien, algunas denuncias de las comunidades son recepcionadas y tenidas en cuenta, muchas otras quedan en el olvido. Para Eduardo Spiaggi el problema consiste en el curso y el destino que toman esas denuncias, una vez que son recibidas. Con respecto al Estado, su intervención es bastante pobre. Según Montenegro “la actual política ambiental de la Nación, por ejemplo, está más cerca de las grandes empresas mineras que del propio ambiente y la gente. Se toman decisiones que afectan a las generaciones venideras sin ningún tipo de consulta, y en muchos casos con dudosos fundamentos legales. Se impulsa un programa nuclear altamente riesgoso e improvisado mientras la mayor parte de las minas de uranio que operaba la Comisión Nacional de Energía Atómica siguen contaminando el ambiente y no están remediadas. En Córdoba se quiere ampliar la vida útil de la central nuclear de Embalse sin consulta y en abierta violación a normativa vigente, mientras que en un barrio de la ciudad de Córdoba la empresa Dioxitek, de CNEA, almacena más de 36.000 toneladas de residuos radiactivos de baja actividad. El estado nacional y los gobiernos de muchas provincias hacen cosmética ambiental, no gestión ambiental.”
Eduardo Spiaggi, por su parte, si bien coincide en que el rol del Estado es deficitario, sostiene que es necesario definir un “rol que tenga funciones indelegables, jerarquizando las áreas de ambiente y desarrollo sustentable, avanzar en las acciones integradas (entre secretarias y ministerios) y promover acciones interinstitucionales (con Universidades, Centros de investigación) y crear mecanismos genuinos de control y participación ciudadana.”
La lucha por sancionar una ley de protección a los glaciares (vetada por el gobierno nacional), se suma a los reclamos de las comunidades para defender el medioambiente y los bienes naturales del país, apropiados de punta a punta por intereses nacionales y extranjeros. En este sentido, sigue siendo la resistencia de organizaciones sociales, las comunidades originarias y los vecinos autoconvocados en asambleas (como lo es el emblemático caso de la Asamblea de Esquel, en contra de la minería) los que le apuntan y le exigen a los diferentes gobiernos, un papel serio en política ambiental. “Allí donde los funcionarios miran para otro lado los vecinos se organizan y hasta ponen en marcha los mecanismos de la justicia. La impunidad poco a poco se derrumba, lástima los ambientes y la salud que ya se perdió por la irresponsabilidad de quienes no actuaron”, finaliza Raúl Montenegro.
Fuente: Comunidad en Red enREDando , Argentina - 01/05/2009
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