Avanza la explotación irracional en el DeltaLa empresa holandesa denunciada por organizaciones ambientalistas y pobladores de Villa Constitución continuó con las obras en los humedales a pesar de que el Gobierno de Entre Ríos le ordenó paralizar las obras. El terraplén ilegal avanzó más de diez kilometros desde entonces, y ya hay testimonios de fumigaciones. En una recorrida por los riachos que bordean la isla Itapé, a unos 8 kilómetros de Villa Constitución, un equipo formado por técnicos e integrantes de las organizaciones Taller Ecologista (Rosario) y M´Biguá (Paraná), verificaron que la empresa holandesa Bema Agri B.V. avanzó con la construcción de terraplenes en la propiedad que adquirieron en esta zona de islas, ubicada entre los arroyos Estévez, San Lorenzo y Los Laureles. En agosto de 2008, el Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (CORUFA) de Entre Ríos, intimó a la firma a que paralice y/o suspenda las obras hidráulicas, y le otorgó un plazo de 60 días para regularizar la situación y presentar la documentación necesaria para la evaluación del permiso correspondiente. Las actuaciones fueron remitidas al presidente de la CORUFA, el Secretario de la Producción Roberto Shunk, quien firmó la resolución el 19 de Noviembre de ese año.“Al no existir evaluación de estudios de impacto ambiental, ni intervención de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, y frente a la ausencia de acto administrativo de la CORUFA que habilite las obras cuestionadas dentro de un área protegida municipal, nos encontramos ante un hecho de una ilegalidad e impunidad sorprendente”, señaló el abogado ambientalista Jorge Daneri, de la Fundación M´Bigua.En septiembre del año pasado los gobernadores de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, lograron un acuerdo junto a la Nación para avanzar en la elaboración de un Plan Integral Estratégico de Conservación y Aprovechamiento Sostenible (PIECAS-DP) en el Delta del Paraná. En este contexto, “la inacción del Gobierno de Entre Ríos es de suma gravedad, y va en sentido contrario al compromiso asumido”, sostuvo Elba Stancich, de Taller Ecologista.Este miércoles, asimismo, las organizaciones ambientalistas le entregaron un documento (1) sobre la Ley de Arrendamiento de las islas fiscales de Entre Ríos a los gobernadores Hermes Binner y Sergio Urribarri, en el cual exigen supeditar la renovación de los contratos de arrendamientos existentes y suspender toda nueva obra en las islas hasta tanto no esté elaborado el PIECAS-DP.Para M´Bigua, estos hechos resultan más graves aún a partir del nuevo texto constitucional de Entre Ríos, que pone especial atención al sistema de humedales y su preservación, y a instrumentos de política ambiental como las evaluaciones ambientales estratégicas, el ordenamiento ambiental territorial, la defensa del bosque nativo y los estudios y evaluaciones de impacto ambiental.Por su parte, Miguel Alfaro, de la ONG Renacer de Villa Constitución, ya había alertado sobre esta obra en mayo del año pasado. “Primero sembraron trigo y obtuvieron excelentes rindes, y ahora tienen sorgo y soja; los pobladores de la zona han visto varias veces los equipos de fumigación, lo cual es casi un crimen para esta zona de alta importancia ecológica”.De proyectarse este avance de agricultura industrial, se estaría iniciando el proceso de pampeanización de los humedales del Paraná Inferior, lo que constituiría el mayor atentado a la fuente de agua más preciada y de mayor prioridad para su preservación en el país, coincidieron los técnicos y ambientalistas.
Contactos:
Elba Stancich, coordinadora campaña Humedales, Taller Ecologista: (0341) 155 035012
Jorge Daneri, M`Biguá: (0343) 155 113491
Miguel Alfaro, Renacer: (03400) 474689Alejandra Martínez, prensa Taller Ecologista: (0341) 156 969635
