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viernes, 16 de febrero de 2018

Transgénicos: el ocaso de un imperio

 

La bola de nieve que nunca parecía detenerse y que venía a arrasar con todo, paulatinamente se está frenando, o al menos esos son los primeros indicios de que el modelo basado en transgénicos está en un franco descenso.
Esto lo certificó un informe de una ONG denominada ISAA (International Service for the Acquisition of Agribiotech applications), a pesar de ser una organización con una tendencia a favor de la biotecnología.
Desde que comenzaron los cultivos transgénicos -hace 20 años- siempre tuvieron un crecimiento sostenido, excepto en 2015 que –según ISAA- retrocedió en un 1%. Esta cifra no parece significativa, sin embargo considerando que en los últimos años en el mundo este tipo de cultivos alcanzó las 2.000 millares de hectáreas, sí lo es.
Todo parece indicar que el apogeo de estos paquetes biotecnológicos se terminó y que la resistencia de millones de personas está teniendo efecto…
Todo parece indicar que el apogeo de estos paquetes biotecnológicos se terminó y que la resistencia de millones de personas está teniendo efecto, y no solo eso, sino que el rechazo de la propia tierra es la que también está provocando importantes pérdidas a un modelo antinatural.

Las razones del ocaso

Según ISAA, esta reducción “marginal” es coyuntural y se explicaría por el hundimiento de ciertas materias primas agrícolas como el maíz (-4% en superficies) o el algodón (-5%). También esta disminución “es susceptible de invertirse cuando el nivel de los precios se invierta”.
En Estados Unidos, líder con el 39% del total mundial, las superficies de cultivos manipulados genéticamente o transgénicos (OMG)  retrocedieron en 2,2 millones de hectáreas, mientras que en Canadá, quinto productor mundial, también se redujeron en 0,6 millones de hectáreas, según indicó el informe.
La disminución más fuerte fue en el territorio sudafricano, en este caso en un 23% debido a las severas sequías.
Sin ir más lejos, en la provincia de Santa Fe (Argentina) se perdieron millones de hectáreas de soja a causa de las recientes inundaciones. Aunque nadie desea que el agua sea una amenaza en vez de un recurso esencial, en este caso la Madre Tierra se hizo escuchar.
Por otro lado, el país de Burkina Faso, único de África occidental convertido a la agricultura biotecnológica desde los años 2000, renunció totalmente al algodón transgénico, evocando su falta de rentabilidad.
Otro de los motivos por el que las grandes trasnacionales como Monsanto están retrocediendo sus inversiones en los países en desarrollo es la “reglamentación costosa, lo que sigue siendo el principal impedimento para su adopción, según indico el informe.
También, por supuesto, aunque el informe no lo mencionó está la resistencia de los ciudadanos comunes que se niegan a la implementación de las plantas, como el caso de Malvinas Argentinas, provincia de Córdoba, en donde durante más de dos años los asambleístas sostuvieron un bloqueo en la planta de Monsanto de dicha localidad en rechazo a la habilitación de la misma.
No obstante la resistencia, hay cinco países en desarrollo –Brasil, Argentina, India, China y Sudáfrica en donde se cultivan casi la mitad (48%) de los OGM del mundo.

Patentamiento de  las semillas: otra pulseada perdida

Quizás no lo vio en los principales medios de comunicación pero la trasnacional Monsanto no podrá patentar semillas en Argentina –como era su pretensión- porque no son una invención de la multinacional, sino de la naturaleza.
Un fallo inédito de de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal –con fecha 26 de noviembre de 2015- detiene la intención de Monsantode cobrar canon extra por sus “desarrollos” transgénicos.
“La molécula de ADN recombinante y las células modificadas no constituyen una invención (de Monsanto) porque son materia viva y preexistente en la naturaleza [..]”.
“La molécula de ADN recombinante y las células modificadas no constituyen una invención (de Monsanto) porque son materia viva y preexistente en la naturaleza. Ese material genético tiene la aptitud de generar una planta completa y los países tienen la facultad de declarar no patentables a las plantas”, sentenció el dictamen firmado por los jueces Guillermo Alberto Antelo y Ricardo Gustavo Recondo.
“Es discutible que pueda patentar todo el material por el sólo hecho de haberlo modificado; como indiscutible que el autor de una obra literaria no deviene en propietario del lenguaje empleado en ella por haberla registrado”, fundamentó la sentencia en su rechazo a Monsanto.
Aunque la decisión final depende de la Corte Suprema de Justicia, sin duda es un duro golpe contra las empresas biotecnológicas que pretenden patentar las semillas, cual fuera una invención suya.
Monsanto obtiene dinero cada vez que vende una semilla. Pero, al intentar patentar, también quiere cobrar sobre el grano producido (sobre las cosechas) y cada vez que el mismo se utilice como semilla mientras dure la patente, lo cual está prohibido por la legislación argentina.
Por tal motivo la trasnacional solicitó declarar “inconstitucional” el artículo 6 de la Ley de Patentes (decreto 260/96): “No se considerarán invenciones toda clase de materia viva y sustancias preexistentes en la naturaleza”.
Afortunadamente, la sentencia judicial rechazó el pedido de la empresa y confirmó la validez de la normativa.

¿Por qué se producen “alimentos” transgénicos?

Según sus defensores, esta tecnología tiene como fin aumentar el rendimiento de cultivos, ayudar a resolver el problema del hambre y mejorar la rentabilidad. Sin embargo, hay estudios que demuestran que los transgénicos no rinden más que los cultivos naturales y a su vez tampoco se utilizan principalmente como alimentos sino que se exportan a otros países para engordar ganado o elaborar biocombustibles. Además, introducen contaminantes al medio ambiente y nuevos riesgos  para el hombre, los cuales se siguen sumando.
El interés y razón de ser de cualquier compañía es obtener ganancias, considerando el lugar donde esta se desempeña, la sociedad y el medio ambiente. Sin embargo, estas corporaciones pretenden obtener ingresos por las patentes sobre los transgénicos y a la vez ejercer un control sobre el sistema agro-alimentario mundial para controlar el insumo fundamental: las semillas.
En Argentina la mayor parte de la superficie agrícola depende -en alguna medida- de los transgénicos y los agroquímicos. Sin embargo, decenas de asambleas ambientales surgieron a lo largo del país para tomar conciencia y resistir a este modelo productivo.

miércoles, 23 de octubre de 2013

Argentina: mal uso de los agroquímicos provoca problemas de salud

El boom de la soja en la Argentina, el principal producto de exportación del país, está relacionado con el uso de semillas transgénicas. La mala aplicación de herbicidas y pesticidas trae consecuencias sobre algunos sectores de la población rural

El peón de campo Fabián Tomasi no estaba entrenado para usar pesticidas. Tenía que llenar los tanques de los rociadores lo más rápido posible para que siguiesen fumigando, lo que frecuentemente implicaba ducharse en sustancias tóxicas. Hoy, a los 47 años, es un esqueleto en vida y le cuesta salir de su vivienda en la provincia de Entre Ríos.
Argentina
La maestra de escuela Andrea Druetta vive en la provincia de Santa Fe, corazón de la zona de producción de soja argentina y donde está prohibido rociar agroquímicos a menos de 500 metros de las zonas pobladas. Pero se siembra y fumiga soja a 30 metros de su casa y sus hijos fueron rociados con veneno mientras nadaban en su piscina.

Luego del fallecimiento de su bebé recién nacido por una falla renal, Sofía Gatica hizo una denuncia que dio lugar a la primera condena que hubo en Argentina por el uso ilegal de sustancias agroquímicas. El veredicto del año pasado, no obstante, llegó demasiado tarde para sus 5.300 vecinos de Ituzaingó Anexo. Un estudio del Gobierno encontró niveles alarmantes de contaminación agroquímica en la tierra y en su agua potable, y un 80% de los niños examinados tenía rastros de pesticidas en su sangre.

La biotecnología estadounidense hizo de Argentina el tercer productor mundial de grano de soja, pero el uso de las sustancias químicas que potenciaron ese boom van más allá de los campos de soja, algodón y maíz.

The Associated Press documentó decenas de casos en provincias agricultoras donde se emplean sustancias tóxicas en maneras que no fueron previstas por las regulaciones señaladas por la ciencia o que estuvieran específicamente prohibidas por la ley, y en un contexto de pocos controles estatal. El viento arrastra los tóxicos, que quedan esparcidos en escuelas y viviendas al tiempo que han contaminado fuentes de agua. Los peones del campo manipulan las sustancias sin el equipo protector necesario y la gente almacena agua en contenedores de pesticidas que deberían haber sido destruidos.

Ahora los médicos advierten que el uso descontrolado de pesticidas puede ser la causa de crecientes problemas de salud que vienen experimentando los 12 millones de personas que viven en la vasta región agrícola de Argentina.

En Santa Fe, las tasas de cáncer son entre dos y cuatro veces más altas que el promedio nacional. En el Chaco, los defectos de nacimiento se cuadruplicaron desde que el uso de esta biotecnología aplicada al campo se disparara hace 17 años.

"El cambio en la forma de producir, francamente ha cambiado el perfil de enfermedades", dijo Medardo Ávila Vásquez, pediatra y cofundador de Médicos de Pueblos Fumigados, parte de un creciente movimiento que exige la aplicación de normas seguras en la agricultura. "Nos hizo perder una población bastante sana. Ahora vemos una población con altas tasas de cáncer, niños que nacen con malformaciones y enfermedades que eran muy infrecuentes".

Una nación que supo ser conocida por su ganado alimentado con pasto ha sido transformada, desde 1996, cuando la empresa Monsanto, con sede en Saint Louis, Missouri, convenció a Argentina de que la adopción de sus semillas y sustancias químicas patentadas aumentaría las cosechas y reduciría el uso de pesticidas. Hoy, toda la cosecha de soja y casi toda la producción de maíz y algodón están modificadas genéticamente. Las áreas de cultivo de soja se triplicaron y ahora abarcan 19 millones de hectáreas.

El uso de los pesticidas bajó al principio, pero luego repuntó y se multiplicó por nueve. De los 34 millones de litros de 1990 se pasó a casi 317 millones en la actualidad, a medida que los agricultores aumentaban sus cultivos, hasta un máximo de tres cosechas al año, mientras las pestes se hacían más resistentes a las sustancias.

En general, los agricultores argentinos aplican un estimado de 4,3 libras de agroquímicos por hectárea, más del doble de lo que usan los estadounidenses, de acuerdo con un análisis de la AP de datos del Gobierno y de la industria de los pesticidas.

El glifosato, componente clave de los pesticidas Roundup de Monsanto, es una de las sustancias químicas más usadas y menos tóxicas del mundo para eliminar la maleza. Es segura si se aplica debidamente, según muchas agencias reguladoras, incluidas las de Estados Unidos y Europa.

El pasado primero de mayo, la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos aumentó el nivel aceptable de residuos de glifosato en alimentos tras llegar a la conclusión, basada en estudios presentados por la empresa, de que "hay una certeza razonable de que no causará perjuicios en la población en general ni en los bebés y niños por su exposición acumulada".

Argentina adoptó el modelo de Monsanto, pero la aplicación de las normas de seguridad varía, ya que en la regulación de la agricultura priman las 23 provincias, que tienen distintas normativas. El rociado está prohibido a menos de tres kilómetros de las zonas pobladas en algunas provincias, pero es permitido a 50 metros en otras. Un tercio de las entidades territoriales no prevén límite alguno y la mayoría no tiene políticas detalladas de cumplimiento de las normas.

Una ley nacional obliga a quienes aplican sustancias químicas que puedan amenazar la salud a adoptar "medidas eficaces para impedir la generalizada degradación del ambiente, sin importar costos o consecuencias". Pero la ley nunca se aplicó a la agricultura, según comprobó la Auditoría General de la Nación el año pasado.

En respuesta a numerosas denuncias, la presidente Cristina Fernández de Kirchner creó, en 2009, una comisión para que investigara a fondo la aspersión de agroquímicos. Esa comisión hizo público un informe de avance en septiembre del mismo año que dice que "es necesaria la ejecución sostenida en el tiempo de controles sistemáticos de concentraciones del herbicida y compuestos de degradación, como de estudios exhaustivos de laboratorio y de campo, que involucren a los formulados que contengan glifosato, como así también su(s) interacción(es) con otros agroquímicos, bajo las condiciones actuales de uso en nuestro país". La comisión, sin embargo, no se ha reunido desde 2010, según la Auditoría General.

Funcionarios del Gobierno insisten en que el problema no es la falta de investigación, sino la mala información que recibe la población.

"He leído infinidad de documentos, encuestas, videos en contra de la biotecnología, artículos en medios, en los universidades, tanto en Argentina como en Gran Bretaña, y realmente quienes leen todo esto se encuentran en una ensalada (se marean) y terminamos confundidos", dijo el ministro de Agricultura, Lorenzo Basso. "Creo que tenemos que repartir el compromiso de Argentina como productor de alimentos. Si no nos posicionamos en este principio, empezamos a cuestionar cuál es el modelo argentino".

En una declaración escrita, Monsanto dijo que "no aprueba el mal uso que se haga de los pesticidas o la violación de cualquier ley sobre el uso de plaguicidas, reglamentos o decisiones judiciales" que al respecto se hayan promulgado.

"Monsanto toma muy en serio la administración de los productos y nos comunicamos regularmente con nuestros clientes con respecto al uso adecuado de nuestros productos", dijo a la AP Thomas Helscher, vocero de Monsanto.

Modelo Monsanto

 Argentina fue uno de los primeros países en adoptar el nuevo modelo de la agricultura biotecnológica promovido por Monsanto y otras empresas agrícolas estadounidenses.

En lugar de rotar la tierra abonada y rociarla de pesticidas, para luego esperar que las sustancias tóxicas se dispersen antes de plantar, los agricultoras hacen la "siembra directa" y luego rocían la zona sin dañar las cosechas que han sido modificadas genéticamente para que puedan tolerar determinadas sustancias químicas.

La siembra directa requiere mucho menos tiempo y dinero y permite al agricultor hacer más cosechas y cultivar incluso en tierras que antes eran consideradas poco rentables.

Las pestes, no obstante, se hacen resistentes de manera más rápida, sobre todo cuando se aplican las mismas sustancias químicas a cultivos modificados genéticamente en gran escala.


Por eso es que los agricultores usan glifosato, considerado uno de los herbicidas más seguros del mundo, en concentraciones cada vez más altas y lo mezclan con sustancias mucho más tóxicas, como la 2,4,D, empleada por los militares estadounidenses en lo que se bautizó como el "Agente Naranja" para deforestar las selvas durante la guerra de Vietnam.

En 2006, una división del Ministerio de Agricultura argentino recomendó que las etiquetas advirtieran que el uso de mezclas de glifosato y sustancias más tóxicas debe limitarse a "áreas agrícolas, alejadas de viviendas y centros poblados". Pero la recomendación fue ignorada, según la investigación de la Auditoria General.

El Gobierno cita investigaciones de la industria avaladas por la autoridad ambiental estadounidense, que el primero de mayo dijo que "no hay indicios de que el glifosato sea un químico neurotóxico y no hay necesidad de hacer un estudio" al respecto.

El biólogo molecular Andrés Carrasco, de la Universidad de Buenos Aires, dice que los cócteles químicos son alarmantes, pero que el glifosato por sí solo puede generar trastornos a la salud de los humanos. Comprobó que la inyección de dosis muy bajas de glifosato en embriones de ranas y pollos puede alterar los niveles de ácido retinoico, lo que causa defectos en la columna similares a los que médicos detectan cada vez más en comunidades humanas donde se usan agroquímicos.

El ácido, una especie de vitamina A, es fundamental para combatir el cáncer y desencadenar expresiones genéticas, el proceso por el cual las células embrión se transforman en órganos y miembros.

"Si es posible reproducirlo en el laboratorio, seguramente lo que está pasando en el campo es mucho peor", dijo Carrasco. "Y si es mucho peor, y sospechamos que es, lo que tenemos que hacer es ponerlo bajo una lupa".

Sus hallazgos, publicados en la revista Chemical Research in Toxicology en 2010, fueron rechazados por Monsanto, que dijo que "no sorprenden dada la metodología y los escenarios de exposición irreales".

Monsanto sostuvo, en respuesta a las preguntas de la AP, que los análisis de la seguridad de los químicos deben hacerse únicamente en animales vivos y que la inyección de embriones "es menos confiable y menos relevante en la evaluación de los riesgos para los humanos".

"El glifosato es menos tóxico que el repelente que pones en la piel de los chicos", dijo Pablo Vaquero, vicepresidente de Monsanto en Argentina y director de asuntos corporativos de la empresa en el Cono Sur. "Dicho esto, habría que tener una hojita de responsabilidad en el buen uso de productos, porque de ninguna manera pondría repelente en la boca de los chicos, y ningún aplicador ambiental debería utilizar un mosquito o un avión fumigador sin darse cuenta de las condiciones ambientales y las amenazas que hay a partir del uso del producto". En los campos, las advertencias son vastamente ignoradas.

Durante tres años Tomasi estuvo expuesto cotidianamente a los químicos al llenar de pesticidas los tanques que se usan para rociar los cultivos. Ahora está al borde de la muerte, víctima de una polineuropatía, una enfermedad neurológica que lo tiene sin fuerza, marchito.

"Preparaba millones de litros veneno sin ningún tipo de protección, como guantes, máscaras o vestimenta especial", dijo. "No sabía nada de esto. Aprendí después de hacer contacto con científicos. Los venenos vienen en bidones, son líquidos concentrados con un montón de precauciones que tomar al momento de aplicarlo". Pero "nadie toma precauciones".

La soja se vende a 500 dólares la tonelada y los agricultores la plantan donde pueden, ignorando a menudo las recomendaciones de Monsanto y las restricciones establecidas en las leyes de las provincias, pues rocían sin avisar a la población, incluso cuando soplan vientos.

En Entre Ríos, los maestros dijeron que no se respeta el límite establecido de no rociar a menos de 50 metros en 18 escuelas y que 11 de esos campos de cultivo fueron fumigados en plena clase. Cinco maestros hicieron denuncias a la policía este año.

La maestra Druetta denunció en Santa Fe que algunos estudiantes se desmayaron cuando los pesticidas entraron a las aulas y que el agua potable de su pueblo de Alvear está contaminada. Dice que la escuela carece de agua purificada y que un vecino mantiene congelados cuerpos de conejos y pájaros que cayeron muertos tras la aspersión con la esperanza de que alguien los estudie.

En la provincia de Buenos Aires está prohibido cargar o preparar equipos para fumigar en áreas pobladas, pero en pueblos como Rawson se rociaron los tóxicos al otro lado de la calle, donde hay viviendas y una escuela, y las sustancias tóxicas que se desbordan fueron a parar a una zanja.

Félix San Román dice que cuando se quejó de las nubes de sustancias químicas que llegan a su casa, los rociadores le dieron una golpiza que rompió su columna y algunos dientes. Afirmó que hizo una denuncia en 2011, que fue ignorada.

"Este es un pueblo chiquito donde nadie se enfrenta con nadie y las autoridades hacen la vista gorda", dijo San Román. "Sólo quiero que se aplique la ley existente, que dice que no se puede hacer esto adentro (a menos de) 1.500 metros. Nadie la respeta".

A veces hasta las órdenes judiciales son ignoradas. En enero, el activista Oscar di Vincensi se plantó frente a un tractor en un campo aledaño a una casa, mostrando un papel con un fallo que impide rociar a menos de 1.000 metros de las viviendas en su pueblo, llamado Alberti. El conductor del tractor lo ignoró y lo roció de pesticida.

 El riesgo en la salud

El doctor Damian Verzenassi, director del programa de Medio Ambiente y Salud de la facultad de medicina de la Universidad Nacional de Rosario, decidió tratar de averiguar el motivo de un aumento en los casos de cáncer, defectos de nacimiento y pérdidas de bebés durante el embarazo en los hospitales de Argentina.

"No fuimos a encontrar problemas de agroquímicos", dijo el médico. "Fuimos a averiguar qué estaba pasando con la gente".

Desde 2010, hizo un estudio epidemiológico casa por casa que incluyó a 65.000 personas en la provincia de Santa Fe y comprobó que las tasas de cáncer son entre dos y cuatro veces el promedio nacional, incluidos el cáncer de pecho, de próstata y de pulmón. También se comprobaron altos índices de trastornos en la tiroides y de problemas respiratorios crónicos.

"Puede estar vinculado con los agrotóxicos", dijo Verzenassi. "Hacen los análisis de toxicidad sobre el primer ingrediente, pero nunca han estudiado las interacciones entre todos los químicos que están aplicando.

La médica María del Carmen Seveso, quien dirige desde hace 33 años las unidades de terapia intensiva y comisiones de ética en hospitales del Chaco, se alarmó al ver que, según certificados de nacimiento, los defectos congénitos de los bebés se habían cuadruplicado, de 19,1 a 85,3 por cada 10.000 nacimientos, desde que se aprobó la siembra de cultivos modificados genéticamente hace una década.

Empeñada en hallar las causas, Seveso y su equipo médico encuestó a 2.051 personas en seis pueblos del Chaco. Comprobó que hay más enfermedades y defectos en los pueblos agrícolas que en pueblos ganaderos. En Avia Terai, el 31% de los consultados dijo tener un familiar que contrajo cáncer en la última década, comparado con el 3% del vecino pueblo ganadero de Charadai.

Al visitar estos poblados rodeados por cultivos, la AP encontró rastros de sustancias químicas en sitios donde se supone que no deberían estar.

Claudia Sariski, cuya casa no tiene agua, dice que no deja que sus mellizas beban el agua almacenada en contenedores donde hubo sustancias químicas que tiene en el patio trasero. Pero sus pollos lo hacen, y ella usa esa agua para lavar la ropa.

"Preparan las semillas y el veneno en sus casas. No se ha tomado conciencia de lo que están haciendo", dijo la agrimensora Katherina Pardo. "Es muy común, tanto en Avia Terai como en pueblos vecinos, que usen los recipientes usados para abastecer de agua la casa. Como no hay agua potable, la gente los usa igual. Son gente muy práctica".

El estudio detectó enfermedades que, según la médica Seveso, antes no eran comunes, como defectos de nacimiento, deformaciones del cerebro, médulas espinales expuestas, ceguera o sordera, lesiones neurológicas, infertilidad y problemas inusuales en la piel.

Aixa Cano, una niña de cinco años, tiene verrugas peludas en todo el cuerpo. Su vecina Camila Verón, de dos años, nació con varios defectos. Los médicos les dijeron a las madres que los agroquímicos podrían ser responsables.

"Me dijeron que fue lo que tomaba, que está en el agua porque tiran mucho veneno acá cerca", dijo la madre de Camila, Silvia Achaval, señalando hacia su hija. "Los que dicen que tirar veneno no tiene efecto... no sé qué sentido tiene, porque allí tiene la prueba".

Es casi imposible demostrar que la exposición a una sustancia química específica puede haber causado el cáncer o defectos de nacimiento en una persona. Pero, al igual que otros médicos, Seveso dice que los resultados en Chaco hacen necesaria una rigurosa investigación del Gobierno.

Su informe de 68 páginas, sin embargo, fue archivado por un año en el Ministerio de Salud del Chaco. Finalmente, se filtró una copia, que fue distribuida por internet. "Hay cosas de las que no se habla, cosas que no se escuchan", dijo Seveso. Los científicos dicen que sólo estudios más amplios, a largo plazo, pueden descartar a los agroquímicos como causantes de estas enfermedades.

"Es por ello que hacemos estudios epidemiológicos de males cardíacos, problemas con el cigarrillo y todo tipo de cosas", dijo Doug Gurian-Sherman, ex regulador de la Agencia de Protección Ambiental estadounidense que ahora colabora con la Union of Concerned Scientists. "Si tienes indicios que revelan graves problemas de salud, no esperas hasta tener pruebas absolutas para tomar medidas".

martes, 8 de junio de 2010

Cada vez más denuncias sobre el uso de agroquímicos

08-06-10 Por Sergio Salerno

Graciela Cristina Gómez es una frontal abogada/escribana egresada de la UBA, especializada en temas ambientales, que sostiene una durísima lucha contra el uso de agroquímicos. Fue panelista en las jornadas sobre temas ambientales que organizaron el 13 y 14 de mayo la Defensoría del Pueblo de la Nación y la Asociación Periodistas Ambientales. Luego de exposición, fue entrevistada por NATIVA.




Graciela Cristina Gómez es una frontal abogada/escribana egresada de la UBA, especializada en temas ambientales, que sostiene una durísima lucha contra el uso de agroquímicos tanto en zonas sojeras como en arrozales y en otros cultivos. Oriunda de la provincia de Santa Fe, viaja permanentemente a los pueblos fumigados, junta pruebas y denuncia lo que muchos callan. En su blog ecosderomang hay una gran cantidad de casos de pueblos e individuos afectados por fumigaciones con glifosatos y otros agrotóxicos. Fue panelista en las jornadas sobre temas ambientales que organizaron el 13 y 14 de mayo la Defensoría del Pueblo de la Nación y la Asociación Periodistas Ambientales, a la que asistió invitada esta revista. Luego de exposición, fue entrevistada por NATIVA.


Nativa: -¿Por qué razón este tema casi no aparece en los grandes medios nacionales ni en los locales?
Graciela Gómez: -El tema de los medios no es tan difícil de explicarlo, no se sabe y se oculta porque los multimedios, tanto Clarín como La Nación, son los que concentran gran parte del espectro de prensa de todo el país y este tema no conviene que salga a la luz. Nosotros publicamos en el blog y en cadenas y ahora con la Asociación Periodistas Ambientales y en la prensa extranjera. Pero aquí en la Argentina no se hacen eco y menos en las provincias sojeras. Es un tema tabú, no se lo quiere tratar y hay mucha gente enferma que se anima a denunciar, pero eso no sale en los medios. Yo he recibido amenazas y también los medios que me hicieron notas, cartas para que me retracte y tuve muchos conflictos el año pasado, pero voy a seguir adelante aunque me sigan amenazando y apretando yo voy a seguir adelante.
-Hubo algunos ausentes en este panel de Agroquímicos.
-El gran ausente en este seminario es el Senasa y el señor del Casafe (por Guillermo Cal que fue invitado y había confirmado su presencia). Nosotros estamos representando a la salud y a la ciencia y el señor del Casafe venía a representar a todas las “empresas del espanto” que yo las llamo (por Syngenta, Bunge, Bayer, Monsanto, entre otras).
-¿Qué está pasando en Europa y en EEUU?
-En Europa hay concientización; ellos exportan para no contaminarse, pero a nivel mundial sabemos las consecuencias del glifosato y todos los plaguicidas. Lo que pasa es que en nuestro país, tercero en el mundo como productor de soja, y en la Unión Europea el principio de equivalencia sustancial ha sido dejado de lado desde 2001. La Organización Mundial de la Salud ha regulado el glifosato como clase 1, la EPA lo ha regulado como Clase 2, por su peligrosidad y para precaución, y aquí se sigue negando la toxicidad y el Senasa lo ha clasificado como clase 4, totalmente inocuo.
-Doctora me llamó la atención la cantidad de casos de afecciones y muertes que mencionó en su disertación.
-Sí es que se oculta esa información, nunca usted la va a ver publicada. Hay muchísima gente que denuncia, muchísima gente con cáncer, con malformaciones, con casos de alergia, con problemas respiratorios. En Chaco, el problema no es la soja, sino el arroz ya que la arrocera se fumiga igual que la soja y hay casos pediátricos de leucemia. Eso se ve en Chaco y Corrientes por el arroz, en Misiones por los pinos y eucaliptos, en Santa Fe por la soja y el arroz. En la localidad de Bandera, Santiago del Estero, los casos que denuncié la semana pasada son realmente terribles.
-¿Qué pasó en Bandera?
-Hay una pista de karting marcada con bidones vacíos de glifosato, hay tres pistas de aterrizaje marcadas con bidones, y fumigan arriba de las casas, de la gente y de los animales, y como escasea muchísimo el agua el triple lavado de los bidones vacíos no se hace. La gente pide que por favor se regule porque están fumigando encima de ellos, porque el avión con carga o sin carga debe pasar por arriba del ejido urbano porque justamente hay tres pistas de aterrizaje en la localidad. Eso no se regula, el intendente hace caso omiso y esa regulación por ordenanza se rechazó tres veces y fue lo que se denunció la semana pasada.
-Usted también denunció el caso de los banderilleros (personas ubicadas en el campo para señalar los sitios de fumigación, mientras se está fumigando).
-La primera vez que se tocó ese tema fue en un diario santafesino y cuando fue la inspección Sanidad Vegetal de Santa Fe que tenia sólo 6 inspectores en ese momento junto con el Ministerio de Trabajo y el de Salud dijeron que no era real. Las familias de estos chiquitos usados, de entre 6 y 11 años, fueron acalladas y amenazadas, porque son gente muy humilde y sus padres también trabajan para esos productores; el intendente negó el tema y se lo ocultó. Después salió a la luz que algo se había encontrado hasta que el año pasado yo viajé a la localidad La Criolla y entrevistamos a 4 personas que trabajaron de banderilleros.
-¿Las pastillas que se colocan en los camiones que transportan soja y que según vi en diarios del interior causaron la muerte de algunos camioneros, que función cumplen?
-Matar los gorgojos del cereal, puede ser otro tipo de cereal, pero justamente los camiones en que ha muerto gente trasportaban soja. La soja tiene un horario de salida y uno de llegada y se estaciona a los camiones para descargar en los playones de estas grandes empresas en Santa Fe, en el puerto de San Lorenzo o en el puerto de San Martín. Y los camioneros esperan ahí y en ese tiempo en el grano crecen los insectos, entonces le ponen el insecticida que son unas pastillas grises que están prohibidas desde el año pasado, pero las siguen usando Tienen un olor muy parecido al ajo, se llama fosfina y en contacto con el aire explotan y generan un gas que el camionero mientras duerme inhala sin darse cuenta y muere. Hay casos subidos en las páginas web.
-¿Cuáles son las afectaciones a la salud humana que usted ha observado por agrotóxicos como el glifosato por ejemplo?
-Lo que más se ve son las afecciones respiratorias, muchos casos de alergias, y como son enfermedades a largo plazo, después se van viendo los rasgos de cáncer y cuando están en gestación, según el periodo en que reciben la fumigación, después lo ves en el feto. Son sustancias que se llaman disruptores endocrinos porque engañan a la hormona de tres formas diferente y por eso se producen tantos casos de deformaciones.


Toxicidad aguda


La Agencia de Protección Medioambiental (EPA) –EEUU- ya reclasificó los plaguicidas que contienen glifosato como clase 2, altamente tóxicos. En la Organización Mundial de la Salud, sin embargo, el ingrediente activo (glifosato) está clasificado como extremadamente tóxico (categoría I). Jorge Kaczewer, investigador y médico. Universidad Nacional de Buenos Aires. www.ecoportal.net
Entrevista realizada por Sergio Salerno, Revista Nativa, salud, ambiente y ciudadanía - Tandil, Provincia de Buenos Aires.

sábado, 15 de mayo de 2010

El robo del siglo: Mega proyectos mineros y monocultivo sojero













En nuestra zona industrial se exporta, a través de los puertos privados de las cerealeras y de la minera La Alumbrera, el 90% de los minerales extraídos de las montañas y casi el 60% del total exportado de granos, en su mayoría soja, de todo el país. La persecución y desalojo de comunidades, el saqueo fenomenal de los recursos naturales y la contaminación silenciosa de la tierra, el agua y el aire son tan solo algunas de las consecuencias devastadoras de los agronegocios y los megaemprendimientos mineros. El pasado sábado 8 de mayo, Proyecto Sur convocó a una movilización en Puerto San Martín, el corazón portuario del modelo extractivo-exportador. Allí, las voces de las organizaciones, entre ellas, las de Andalgalá, se hicieron escuchar. 





Un panorama desolador 




Puerto General San Martín es una populosa ciudad ubicada en la provincia de Santa Fe, en la zona conocida como el Cordón Industrial del Gran Rosario. Pegada a la vecina localidad de San Lorenzo, en esta ciudad, los aires y las rutas huelen a saqueo y contaminación. 

Desde esta zona industrial se exporta el 90% de los metales que extraen, a fuerza de volar montañas, los mega emprendimientos mineros como lo es la Minera Alumbrera en Catamarca. También las grandes empresas cerealeras como Cargill, Terminal 6, Nidera, Dow, Bunge, Vicentín, Molinos Río de La Plata, etc. ocupan las costas del río Paraná para instalar sus puertos privados, operar, acopiar y exportar millones de toneladas de granos, mayormente de soja, minerales, hidrocarburos, compuestos químicos y petroquímicos, aceites y combustibles.

Por tanto, aquí, en el llamado Polo Portuario San Lorenzo-Puerto San Martín, se encuentra el corazón de un modelo de concentración extractivo, tan poderoso como contaminante: el agroexportador y la minería a cielo abierto. 

Los principales proyectos mineros se encuentran a lo largo de la Cordillera de los Andes, principalmente en las provincias de San Juan, Catamarca, Tucumán, Santa Cruz, Chubut, Salta y Jujuy. Sin embargo, es en Puerto San Martín donde una de las empresas extranjeras más importantes del país exporta, a través de su puerto privado y del llamado Tren Azul, los metales que extrae de los cordones montañosos ubicados en la zona de la provincia de Catamarca: Mina Alumbrera. 

Algunos vecinos de estas localidades -los que se animan- y organizaciones ambientalistas de todo el país, no solo denuncian el saqueo del que son testigos todos los días, cuando el paso del tren muestra la foto calcada del modelo devastador de la megaminería y la soja transgénica, sino que además, intentan dar cuenta de la fuerte contaminación ambiental de las que son víctimas. 

En la Minera Alumbrera se explotan diariamente 300 toneladas de roca utilizando toneladas de explosivos y se las muele en un triturador gigante que consume tanta energía diaria como la ciudad de Catamarca. Según un informe elaborado por el Servicio de Paz y Justicia, “los proyectos mineros a gran escala provocan la destrucción y la contaminación del medio ambiente, las cuales causan enfermedades mortales para las personas, y también para su animales. De fuentes y sustento de vida, el agua, el suelo y el aire pasan a ser fuentes de muerte. Además, la gran minería desplaza las actividades económicas locales, afectando la cultura y la identidad de comunidades para las cuales la tierra es el centro de su vida.” 

El principal recurso afectado es el agua. Cada yacimiento necesita millones de litros de agua cada día, en zonas donde ya es un recurso escaso (la sola mina Bajo La Alumbrera consume 100 millones de litros por día). El agua utilizada es mezclada con cianuro y otras sustancias tóxicas para separar los metales, produciendo enfermedades a los habitantes y consecuencias ambientales como la contaminación de ríos, lagunas e incluso su secado. 

Por otro lado, “la minería contamina también los suelos, lo cual tiene un impacto fuertemente negativo sobre la vegetación y sobre la productividad de esos suelos. La contaminación de los suelos se produce por depósito de partículas sedimentadas, por el vertido directo de los productos líquidos de la actividad minera, o por la infiltración de productos de lixiviación del entorno minero. Al igual que el agua, el aire se contamina por el drenaje ácido de la minería, al entrar en contacto con el ácido sulfúrico. Además, pequeñas partículas de los metales pesados se desprenden de los residuos y se diseminan luego con el viento, integrándose lentamente en los tejidos de los organismos vivos”, detalla ampliamente el informe del Serpaj. 

Con el modelo concentrado de la soja RR, la contaminación y el impacto en la salud de la población es también preocupante. La utilización del herbicida glifosato –ampliamente denunciado por numerosas organizaciones y comunidades-, envenena la tierra, destruye la fauna y la flora nativa de las zonas ricas en bosques y suelo fértil, como Santiago del Estero, Córdoba, Chaco, Santa Fe, por citar solo algunas provincias, contamina el aire y afecta terriblemente la salud de las comunidades, tanto rurales como urbanas, cercanas a los campos fumigados con este tóxico herbicida, propiedad de la multinacional Monsanto. 

En los últimos días, se conoció la muerte de dos transportistas a causa de las fumigaciones con pesticidas realizadas al interior de los camiones cargados con granos, en su mayoría, soja para exportación. En el año 2009 se registraron cuatro víctimas fatales y los casos no denunciados podrían ser todavía más. Fumigar la carga de granos dentro del mismo camión es una práctica ilegal que se realiza cotidianamente y sin ningún tipo de control en los puertos privados de las grandes exportadoras de cereales. Se utilizan pastillas de fosfuro de aluminio, que al entrar en contacto con el aire emite un gas venenoso que mata insectos y afecta la vida en general. Ni los representantes de la llamada Mesa de Enlace ni las corporaciones agrarias ni tampoco los productores sojeros, han denunciado la gravedad de esta práctica ilegal. 

En una nota publicada por Página 12, desde la Asamblea Permanente por la Vida de San Lorenzo, afirman que estas pastillas se las usa “habitualmente en el interior de camiones pero las empresas obligan a que se lo aplique fuera de sus predios para no asumir la responsabilidad”. 

Por su parte, la Campaña Paren de Fumigar publicó un completo informe revelando estudios que dan cuenta del impacto cultural, político, social y ambiental del monocultivo sojero y el nocivo uso de los plagicidas. Allí, sostiene que “caravanas de miles y miles de camiones cargados de porotos cruzan el territorio hacia los pueblos ribereños y los puertos, dejando a su paso regueros de muerte en las poblaciones que viven a orillas de las rutas y que son víctimas de las partículas tóxicas que los vehículos van dejando como una estela a lo largo de su camino.” 

El 60% del total de la exportación de granos del país sale por los puertos de la zona del Gran Rosario. Al mismo tiempo, la plantación del monocultivo de soja trae como consecuencia, también, el constante desalojo y el destierro de cientos de poblaciones campesinas y originarias que habitan los territorios desde sus ancestros. Estas comunidades son permanentemente perseguidas y amenazadas por grupos económicos que encuentran, en los poderes políticos y judiciales locales, una necesaria complicidad para operar casi con total impunidad. Testimonios y denuncias del Movimiento Nacional Campesino Indígena así lo demuestran. 

Definitivamente, el panorama es desolador. “Se esta configurando una catástrofe sanitaria de envergadura tal, que nos motiva a imaginar un genocidio impulsado por las políticas de las grandes corporaciones y que solo los enormes intereses en juego y la sorprendente ignorancia de la clase política logran mantener asordinado. El cáncer se ha convertido en una epidemia masiva y generalizada en miles y miles de localidades argentinas y el responsable, es sin lugar a dudas, el modelo rural.” (Extraído del Informe de la Campaña Paren de Fumigar).






Menem lo hizo

Realidades en diferentes provincias, en distintas geografías, reflejan las mismas operaciones y complicidades de este robo y genocidio silencioso en Argentina. Las legislaciones son, para unos casos, prácticamente inexistentes y débiles y para otros, altamente favorables al avance cada vez más devastador de este tipo de economía a gran escala. “La geografía minera cambió totalmente a partir de la sanción de nuevas leyes durante el gobierno de Carlos Menem, la principal siendo la ley de Inversión Minera 24.196, en 1993. Este nuevo marco legal abrió las puertas a los capitales de la grandes multinacionales extranjeras”, afirma el Serpaj. 

Uno de los principales beneficios que le otorga la ley a las corporaciones es la devolución adelantada del IVA. “Las empresas mineras pueden deducir el 100% de sus gastos de exploración del cálculo del impuesto a las ganancias; se les devuelve el IVA a la exploración, así como el IVA en importación o compra de bienes e inversiones de infraestructura; no pagan derechos de importación; no pagan el Impuesto al Cheque; pueden deducir el 100% del Impuesto a los Combustibles Líquidos, y muchas otras ventajas más. Están autorizadas a no ingresar al país el 100% de las divisas obtenidas por sus exportaciones y además no pagan ninguna carga o impuesto para transferir capitales al exterior del país”. 

El punto destacado es que estos beneficios no podrán ser retirados por el período de 30 años. Como contraparte, las mineras deben dejar regalías a las provincias. Sin embargo, el porcentaje estipulado es irrisorio: solamente se les exige el 3% del valor del mineral extraído. En este sentido, son únicamente las organizaciones sociales y las asambleas de vecinos las que han logrado, hasta el momento, enfrentar con la propia vida, los intereses de las corporaciones mineras y sojeras, frenando la instalación de proyectos como el de Famatina o el de Agua Rica, o logrando, con muchísimo esfuerzo y una larga lucha, escasos fallos judiciales que han impedido, por ejemplo, la utilización de plagicidas en centros urbanos, como fue el caso de la localidad de San Jorge, en Santa Fe. 





Acto y movilización, en Puerto San Martín 





El pasado sábado 8 de mayo, Proyecto Sur, movimiento que lidera a nivel nacional Fernando Pino Solanas, convocó a una concentración y un acto para alzar las voces en contra de la megaminería y el modelo sojero, en la localidad de Puerto San Martín. Al mismo, se sumaron organizaciones sociales de Rosario. 

El objetivo fue, una vez más, denunciar el impacto socioambiental que provocan las multinaciones y el saqueo compulsivo que, en esta zona industrial, se materializa con el Tren Azul y el puerto privado de La Alumbrera. 

“Si pensamos en la calidad del aire que tenemos a orillas del río Paraná, por todas las industrias que tenemos con este tipo de actividad, el aire también es de muy mala calidad”, apunta Cecilia Bianco, integrante del Taller Ecologista, una de las organizaciones presentes en el acto y que a su vez, viene realizando innumerables estudios ambientales sobre el río y el impacto que sufre el Paraná, con la instalación de estos puertos privados y de industrias petroquímicas y pasteras como Petroquímica S.A o Celulosa S.A. 

David Ciccoti es vecino de la localidad de San Lorenzo y desde hace varios años trabaja en la ciudad de Puerto San Martín. Conoce la realidad de su zona y la describe con crudeza. “Acá las exportaciones son de todo tipo: básicamente cereales y minerales. La contaminación profunda que dejan está vinculada al tema del cereal, como también las petroquímicas que nos han destruido prácticamente el suelo y el agua de la zona. Eso habla de lo que le pasa a la gente, hay muchas personas enfermas que no se animan a hablar. Hay poderes políticos que favorecen esta política. Esto es un crimen político, es un genocidio, porque el Estado los esta apoyando”. 

Enojado, preocupado, angustiado, David reclama por una mayor conciencia de la población. Lo que está en juego, afirma, “es la calidad de vida de todos”. Sin embargo, hay un silencio que sucumbe a esta zona gobernada por el poder económico de estas empresas. “Acá amenazaron a una cantidad de gente que denunció cosas, por eso tenemos que estar todos movilizados. El gobierno local si no se lo presiona con movilización no va a modificar su posición frente a las empresas”. “No hay ningún tipo de control de lo que sale del puerto. Minera Alumbrera se puede llevar lo que quiere y de hecho, se lo lleva, en oro y metales. Acá queda entre el 1 y el 3 %.” 

¿Qué pasa con los medios de comunicación?. Dice Ciccoti: “Tenemos a la mayoría de los medios de comunicación totalmente en contra”. Casi como un mecanismo de silenciamiento, las grandes corporaciones compran voluntades. Según detalla la Serpaj en su informe “la mayoría de las grandes empresas transnacionales consiguieron ampliar su área de influencia gracias a una supuesta “acción social y comunitaria” en los pueblos en los cuales se instalan, otorgando subvenciones a todas las instituciones comunitarias. Además del silencio del pueblo, las empresas mineras compran el de los medios de comunicación. Así en 2004, en San Juan, “cuarenta periodistas de toda la región participaron de un curso de manejo de camionetas 4x4 organizado por Barrick Gold, y no es extraño ver en los diarios locales editoriales defendiendo a la minería a cielo abierto”.

“El 1º de agosto de 2007, el diario Clarín difundió el suplemento Minería Ambiental, con 12 páginas que publicita la magia de las explotaciones del sector. El Grupo Vapa, subsidiaria de la empresa de la señora Noble, armó el folleto y es quien comercializa esos “especiales”, señala en su revista Mu, lavaca.org., agosto de 2007” (Nota publicada en periódico El Eslabón). 





¿Qué es el tren azul? 





Una de los momentos, tal véz, más emotivos de la jornada en Puerto San Martín, se vivió alrededor de las 17 hs, cuando todos los que participaban del acto se dirigieron a las vías por donde pasa el llamado Tren Azul, para mostrar en alto, la bandera argentina y repudiar el saqueo que por esas vías se realiza con total impunidad. 

El tren azul sale de Minera alumbrera, atraviesa Tucumán, Santiago del Estero, casi la totalidad de Santa Fe y llega a Puerto General San Martín. Acá, la minera cuenta con un puerto exclusivo al que es imposible llegar. “De ahí, se termina de manufacturar lo que ellos se llevan. De alguna manera, esta es la forma en que el saqueo toma forma y toma forma en estas costas, donde el canal del Río Paraná lo favorece”, cuenta David Ciccoti, integrante de Proyecto Sur, en diálogo con enREDando. “Nos están saqueando el país”. 

Una paradoja que llama la atención es que Puerto San Martín es la única ciudad donde se estudia la Tecnicatura en Medio Ambiente. Sin embargo, según nos dice David, “ninguno de los que estudian y que son de esta ciudad se reciben. Es una traba para que no sean un estorbo. Acá no existen estudios de los niveles de contaminación, se les ha exigido al municipio, pero nunca han venido”. 





“Sabemos que va a correr sangre” 





Invitados para contar su experiencia de lucha, estuvieron presentes los integrantes de la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá, en Catamarca, quienes, en una ejemplar movilización, están enfrentando a la Yamana Gold, una multinacional minera canadiense que pretende explotar la mina Agua Rica, ubicada en el cerro Nevado (cadena del Aconquija), la principal fuente de agua de la región. 

“La situación en Andalgalá es crítica”, describe Marcela, integrante de la Asamblea, en su paso por Puerto San Martín. “Prácticamente durante todo el día y a la noche somos perseguidas por la policía. Llevaron muchos grupos de choque e inteligencia. Nos hacen allanamientos en la casa para culparnos de cualquier cosa. A una compañera nuestra le pusieron una causa de drogas. Hace poco, el gobernador de Catamarca dijo que la Minería se hacía sí o sí y lamentablemente Andalgalá iba a ser una ciudad sacrificable. No les importan los 21 mil habitantes. Hace muy poco, nos enteramos que además de querer llevarse el oro, hay petróleo. Entonces, nos quieren desalojar”. 

A su lado, Alejandro, relata la realidad de este pueblo que se resiste a desaparecer: “Minera Agua Rica nos quiere instalar esta minera a 16km del departamento, que esta ubicada en las cuencas de nuestros ríos, donde nace el nevado del Aconquija, de donde nosotros tenemos el elemento vital que es el agua, para poder hacer nuestras cosechas, nuestros frutos. En Andalgalá estamos organizados en asamblea y peleamos por el agua y repudiamos la represión que sufrimos el 15 de febrero, donde hubo golpes y balas para mujeres, hombres y niños. Nuestro Departamento está militarizado. A nosotros nos toca la minería y acá les toca el tema de la soja y las fumigaciones”. 

Recientemente, la justicia catamarqueña suspendió la realización de un referéndum, que había sido aprobado por el Concejo Deliberante. A través del mismo, los ciudadanos iban a poder expresarse a favor o en contra del proyecto minero. “El referéndum lo suspendieron. Todo papel que presentamos es rechazado. La justicia es cómplice, no tenemos a nadie que nos ampare, el pueblo está luchando solo”, expresa Marcela que vive con el miedo tatuado en su cuerpo. Sabe que puede ser perseguida, porque allá, en su tierra, las amenazas son permanentes. Sin embargo, la militancia no se rinde. “Estamos visitando casa por casa, informándolas más sobre el proyecto, concientizando, estamos pasando videos en los distritos, sumando gente. Seguimos con las caminatas alrededor de la plaza todos los sábados a las 19 horas, con bastante concurrencia de gente”, nos cuenta Alejandro. 

La situación es difícil, coinciden ambos. “Grupos de policías sitiaron las calles de la ciudad de Andalgalá. Parece un Estado de sitio, están en las escuelas, en todas las instituciones. Ahora la estrategia es hacerle firmar a las instituciones como para que avalen la llegada de mayor cantidad de policías. Pero es todo para la misma causa y para tenernos más controlados, incluso se están haciendo allanamientos en las casas de personas que van a las caminatas de la plaza, inventan causas que no existen, los detienen por defender el pueblo.” 

¿Cómo es el trabajo en el pueblo? Como muchos lugares de la geografía argentina, en Andalgalá, el agua es vital para el riego de los campos y el cultivo. Hay olivo, plantaciones de tomates, papa. “Se exportaba para Tucumán todo tipo de frutas”. Y como tantos de estos lugares, esta diversidad de cultivos se fue perdiendo. “Nosotros tratamos de recuperarlo. Estamos pidiendo el agua para la producción de los alimentos y el gobierno entrega los campos a las empresas mineras para que tengan el agua para el sistema de las minas. El gobierno nos ha dejado prácticamente sin comunicación con el Departamento vecino de Belén. Todo esto lo hacen para que la mayoría de la gente esté desocupada y qué digan que somos un pueblo que necesita la minería, por la falta de trabajo. Pero nosotros seguimos en la lucha.” 

Los vecinos de Andalgalá saben que no pueden dar ni un paso atrás. El agua es de todos y van a defenderla. “Hay un distrito donde ya no vive nadie porque el agua no se puede tomar. La planta se nos esta secando. No pensamos entregar a pueblo. Estamos dispuestos a luchar. No queremos perder nuestro trabajo, nuestra casa, y menos nuestra tierra. Sabemos que sangre va a correr.”

Por María Cruz Ciarniello para Boletín EnRedando









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