La soja es el principal enemigo que tiene la Argentina como país agropecuario y productor de alimentos. La soja permite aumentar la producción, pero ocasiona la desertificación del suelo, una masiva contaminación ambiental, pérdidas irreparables en la biodiversidad de ambientes naturales, la desaparición de alimentos básicos, y un aumento de la desocupación, el hambre y la indigencia.
En el mapa, las áreas en naranja indican el avance de la soja transgénica.
El informe revela la presencia del herbicida, "probable cancerígeno" según la OMS, en algunos de los productos de Maseca
Tortillas de maíz en un punto de venta en la Ciudad de México. (Carlos JassoREUTERS)
Las tortillas de maíz más consumidas por los mexicanos contienen
rastros de glifosato, un herbicida catalogado por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) como “probablemente cancerígeno”, según un
nuevo estudio realizado por el laboratorio estadounidense Health Research Institute.
El análisis, encargado por la Asociación de Consumidores Orgánicos (ACO),
revela la presencia de ese pesticida popularizado por Monsanto en
algunos de los productos de Maseca, la mayor productora de harina y
tortillas de maíz de México con un 70% del mercado.
Tres de las ocho muestras de harina de maíz de Maseca
analizadas por el laboratorio contienen glifosato, alcanzando un máximo
de 17,6 microgramos por kilo. Los niveles aumentan a medida que se
eleva la presencia de maíz genéticamente modificado, resistente al
pesticida.
“Es probable que el maíz genéticamente modificado encontrado en estos
productos sea alimento para ganado importado de Estados Unidos que se
utilizó para elaborar la harina”, dice en entrevista telefónica el
científico John Fagan, del Health Research Institute.
Doctor en bioquímica por la Universidad de Cornell, Fagan afirma que
los niveles de glifosato encontrados son “preocupantes”, dado que los
mexicanos consumen de media algo más de medio kilo de maíz al día. Incertidumbre
Los resultados del estudio arrojan un panorama incierto. Si bien
algunas de las harinas de Maseca analizadas contienen un 95% de
transgénicos y niveles de glifosato de entre 5,1 y 17,6 microgramos por
kilo, en otras no se encuentran rastros de estos.
“Surge enojo y el deber de exigir a esta empresa que por lo menos
diferencie los lotes de producción, que diga: ‘Este es maíz importado y
genéticamente modificado”, afirma Mariana Ortega Ramírez, coordinadora
de la campaña de ACO “Yo quiero mi tortilla 100% nixtamalizada”.
“Diferenciar, ese es el primer paso. Luego el consumidor podrá decidir”.
Una botella del herbicida en un campo de cultivo.Christian HartmannREUTERS
Gruma, propietaria de Maseca, respondió a este periódico que tanto la
empresa como las autoridades sanitarias de Estados Unidos y México
monitorean la presencia de glifosato y “no se ha detectado presencia de
esta sustancia en el maíz que procesamos para producir nuestras
harinas”.
“En todas las operaciones de Gruma en el mundo contamos con los más
altos estándares y normas de calidad para la elaboración de nuestros
productos en beneficio de nuestros consumidores”, resaltó la compañía.
En México no existe una regulación que establezca un límite de
ingesta diario de glifosato, como sí ocurre en otros lugares del mundo.
En la Unión Europea ese techo se sitúa en 21 microgramos al día para un
adulto de 70 kilos, mientras que en Estados Unidos se eleva hasta los
122,5 microgramos.
Si bien los niveles de glifosato encontrados en los productos de Maseca no superan esos límites, John Fagan dice que una reciente investigación publicada en la revista Scientific Reports alerta que niveles mucho más bajos podrían ocasionar síntomas prematuros de la enfermedad del hígado graso no alcohólico.
Tras revisar los resultados, la profesora en ciencias alimentarias de la Universidad de Massachussets Lili He
dijo a este diario que, “en términos generales”, los niveles de
glifosato hallados en las tortillas de Maseca no son preocupantes, pero
cree “que se necesita más investigación (sobre el herbicida) para
asegurar la seguridad alimentaria de la población”.
El Health Research Institute también analizó un paquete de harina de
maíz de Minsa, la principal competidora de Maseca con un 20% del
mercado, en la cual no se encontró el herbicida. Mientras tanto, la
muestra que más altos niveles de glifosato arrojó fue de la
estadounidense Honeyville, con una presencia de 30 microgramos por kilo.
Ese mismo laboratorio desveló en 2017 la presencia del herbicida en
los populares helados Ben&Jerry’s, lo que llevó a la empresa a
lanzar una nueva línea de productos orgánicos. Etiquetado transparente
“La presencia de glifosato en la harina que se usa masivamente para
elaborar tortillas industriales es un atentado a la seguridad
alimentaria de México”, afirmó tras ver los resultados el académico de
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Emmanuel González.
González fue uno de los investigadores, junto con Elena Álvarez-Buylla, que publicó a finales de 2017 un extenso estudio sobre las tortillas de maíz que se consumen en México. En él revelaron que un 90,4% contenían transgénicos y un tercio presentaban rastros de glifosato.
“Es una realidad brutal que el país que es el centro del origen del
maíz y donde ese producto es la base de la alimentación, la población
esté consumiendo tortillas que en el 90% de los casos contienen maíz
transgénico”, lamenta González.
La siembra de maíz transgénico se encuentra suspendida en México desde 2013 a la espera de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie
al respecto, pero no existe una prohibición a la importación de ese
producto. De hecho, México compra cada año a Estados Unidos unos 10
millones de toneladas de maíz transgénico.
Dado que no existe una legislación en México que obligue a informar
sobre el contenido de organismos genéticamente modificados, el
consumidor no sabe cuándo está ingiriendo ese tipo de alimentos y,
potencialmente, glifosato. Por ello, el científico de la UNAM urge a
“pelear por un etiquetado sencillo y transparente”.
Hasta entonces, según González, comer tortillas de Maseca en México seguirá siendo “una ruleta rusa”.
Hay muchas razones por las cuales los paises
reciben el mote de “paises de primer mundo”, pero una de las principales
es la preocupación que muestran sus dirigentes politicos a la salud de
esas comunidades.
Una planta transgénica se obtiene al integrar en la información
hereditaria de su ADN dos o tres genes adicionales de otras especies con
el objetivo de transferirle ciertas cualidades. Los genes con las
cualidades deseadas de ADN se aíslan mediante enzimas y se añade el
propio ADN a la planta usando varios métodos. Uno de estos
procedimientos consiste en insertar un gen bacteriano en un organismo al
que se tranfiere parte de su ADN. Otro método más versátil se sirve de
dispositivo que impulsa partículas microscópicas genéticas revestidas de
tungsteno o de oro en las paredes celulares de la planta. El primer
alimento modificado genéticamente, comercializado en EE.UU. en la década
de los ochenta, fue un tomate con la produccción de etileno suspendida
para ralentizar su proceso de maduración y prolongar su conservación.
Los cuatro países que producen el 90% de los cultivos de transgénicos en
todo el mundo son: Estados Unidos (53%), Argentina (18%), Brasil
(11,5%) y Canadá (6,1%). La superficie mundial de estos cultivos alcanzó
los 125 millones de hectáreas.
Agricultores y campesinos del denominado "otro campo", se manifestarán
este miércoles frente al Congreso Nacional, donde esta prevista una
audiencia pública en la Cámara de Diputados referida a esta grave
problemática.
Las organizaciones agrarias representativas de la agricultura
familiar y campesina, entre las que se encuentra Federación Agraria
Argentina (FAA), realizarán este miércoles un "Semillazo" para "decir no
a la Ley Monsanto-Bayer" de semillas.
El encuentro será frente al Congreso Nacional desde las 10, a las 11:30
habrá charlas y debates, y a las 14 una audiencia pública en la Cámara
de Diputados de la Nación.
FAA indicó en un comunicado que "el Ministerio de Agroindustria pretende
hacernos creer que hay un acuerdo de mayoría que, casualmente, refleja
al pie de la letra las imposiciones de Monsanto en 2004, pretensiones
que al no poder plasmar parlamentariamente, en 2005 intentó imponerlas
reteniendo barcos con carga argentina en puertos europeos".
"Hoy, la supuesta mayoría con el aval de Agroindustria, revive e impulsa en el Congreso aquellas pretensiones", dijeron.
Se trata de la eliminación de los derechos de los productores a
ejercer el derecho al uso propio de la semilla y cobrar regalías en cada
nueva temporada de cultivo.
Además de "dar poderes inadmisibles al Instituto Nacional de Semillas
(INASE) y convertirlo en el custodio de los derechos de patentes sobre
genes de las corporaciones, imponiéndose por encima de la justicia y
violando los derechos de los productores".
También se denuncia que se confunde a "los usuarios, comercios,
profesionales, multiplicadores, criaderos y toda la cadena semillera y
del comercio de granos, evitando que quede claro dónde empieza y termina
el derecho de cada uno de ellos".
Para FAA se intenta "imponer el poder de la concentración de unos pocos
sobre decenas de miles de actores de la actividad agraria "sin que nadie
proteja ni equipare el derecho de los más débiles".
Aseguran que se pretende "engañar a toda la sociedad con la mentira de
que es necesaria una nueva Ley de Semillas para garantizar la
investigación y la recuperación de las inversiones para las empresas
biotecnológicas". .
"Frente a esto, las organizaciones representativas de la agricultura
familiar, campesina e indígena, ratificamos el carácter de orden público
del régimen legal de semillas y la función indelegable del Estado en
materia de protección del derecho de los agricultores y solicitamos que
una nueva normativa que garantice la participación de las organizaciones
agrarias en la redacción de la Ley", concluyeron.
Dewayne Johnson, durante el juicio contra Monsanto (Reuters/Josh Edelson)
Dewayne Johnson, un jardinero
norteamericano de 46 años, ha ganado un juicio histórico a Monsanto, una
de las compañías agroquímicas más grandes del mundo
La compañía Monsanto, subsidiaria de la gigante alemana Bayer, ha sido condenada a pagar cerca de 300 millones de dólares a un jardinero, debido al cáncer terminal que sufre tras utilizar herbicidas de la marca que contienen glifosato.
Dewayne Johnson fue contratado en 2012 como jardinero en las escuelas públicas de Benicia, una pequeña localidad al norte de San Francisco. Durante el año que permaneció allí trabajando, usó los herbicidas Roundup y Ranger Pro, de la compañía Monsanto. Lo hacía cada 12 días, unas 30 veces en un año.
Dos años después un médico le diagnosticó un linfoma No Hodgkin, un tipo de cáncer que se desarrolla en los linfocitos. Tenía 42 años y comenzó a sufrir sarpullidos
que llegaron, en ocasiones, a cubrirle el 80 por ciento de su cuerpo.
En 2015 un estudio de la Agencia Internacional de Investigación contra
el Cáncer, parte de la OMS, clasificó al herbicida Roundup, cuyo ingrediente principal es el glifosato, como potencialmente cancerígeno. Johnson comenzó a preparar su juicio.
Mientras, su mujer tuvo que conseguir dos trabajos y esforzarse durante 14 horas diarias para poder hacer frente a las facturas hospitalarias.
Tras presentar la demanda, el médico de Johnson aseguró que era
probable que su paciente no fuera a vivir más allá de 2020, por lo que
el juicio se aceleró. Ahora, el jurado del Tribunal Superior de San
Francisco ha fallado a favor del jardinero, que recibirá 250 millones de dólares por daños y 39 más como compensación.
Monsanto apelará el veredicto
La
respuesta de la compañía no se ha hecho esperar y un portavoz ha
asegurado que este fallo "no cambia el hecho de que más de 800 estudios y
revisiones científicas respalden el hecho de que el glifosato no causa cáncer y no causó el cáncer del señor Johnson".
Bayer, propietaria de Monsanto desde el pasado mes de junio tras
pagar 66.000 millones de dólares, asegura que los herbicidas que
contienen glifosato son seguros: "Sobre la base de las conclusiones
científicas, las opiniones de las autoridades reguladoras en todo el
mundo y la experiencia práctica de décadas usando glifosato, Bayer está convencido de que el glifosato es seguro y no causa cáncer".
Para Monsanto, este puede ser el primero de miles de juicios por todo Estados Unidos, ya que se cree que entre cuatro y cinco mil personas estaban esperando el fallo del tribunal para presentar su propia demanda.
El glifosato, la polémica sustancia
El glifosato es uno de los ingredientes habituales en los productos de Monsanto, se usa tanto para el control de la maleza en áreas industriales como en jardines y zonas verdes, y lleva en el mercado desde 1974.
Tiene un efecto no selectivo sobre las plantas, por lo que la mayoría de ellas mueren cuando se aplica, y aunque está admitido en más de 100 países, otros lo han prohibido como Portugal, Italia o Sri Lanka. La Unión Europea tiene una licencia hasta 2022 que permite el uso del glifosato.
Desde que perdiera la patente en el año 2000, casi mil productos, sólo en Estados Unidos, utilizan esta sustancia.
SENASA finalmente confirmó que el deceso de 72 millones de
abejas se debió al uso de agroquímicos, pero ante los cuestionamientos
de los apicultores, el Ministro Etchevehere ya les adelantó que el
modelo de agroquímicos no va a cambiar en nuestro país.
El 26 de marzo, desde El Disenso hicimos público que los apicultores de
traslasierra denunciaron la pérdida de más de mil colmenas y la muerte
de alrededor de 72 millones de abejas. En ese momento, y con la nula
cobertura por parte de los medios, el Senasa de Villa Dolores se
encontraba analizando las muestras para determinar la causal de muerte,
aunque se sospechaba del uso de glifosato. En el informe explicamos que
la falta de controles, la informalidad y el modelo de agroquímicos hacía
que en argentina la apicultura pueda derrumbarse en un abrir y cerrar
de ojos, peligrando de esta manera no solo el mercado interno y nuestro
modelo agrícola, sino también exportaciones de miel por 168 millones de
dolares.
El 27 de marzo, durante la reunión del Consejo Nacional Apícola que
tuvo lugar en el Ministerio de Agroindustria, la Sociedad Argentina de
Apicultores (SADA) le reclamó al Ministro Luis Miguel Etchevehere por la
“crítica situación” del sector, que pierde anualmente apicultores y
colmenas a causa del “progresivo deterioro ambiental por la
pérdida de biodiversidad, como resultado de la política
agrícola intensiva vinculada al uso de agroquímicos“ según lo publicado por Infocampo. La respuesta del Ministro no estuvo a la altura de las circunstancias:
“¿Cómo piensan convivir con eso? Porque el modelo no va a cambiar” contestó Etchevehere.
SADA emitió un comunicado como respuesta al ministro, donde denuncia que “Las abejas están desapareciendo. Porque están desapareciendo sus montes, sus bosques, sus flores” porque “el campo se volvió marrón y se sumergió en venenos, que hoy la hipocresía de muchos llama productos fitosanitarios“ y apuntó a Etchevere considerando que su respuesta ante los reclamos de los apicultores “lleva ínsito el desprecio y desconocimiento” de la actividad.
La Mesa Directiva de SADA explicó que “Las
abejas no tienen comida saludable, la que hay es poca, sin variedad y
en la mayoría de los casos contaminada con “fitosanitarios”. Con las
abejas desaparecen además el resto de los polinizadores silvestres, y
con ello buena parte de las frutas y verduras que comemos, así como las
que alimentan a nuestros animales“.
De acuerdo a los apicultores, el actual modelo agroindustrial que usa a la Argentina como banco de pruebas es “ilegal”,
porque se sostiene en la modificación genética de semillas, y de la
utilización de millones de litros de químicos insecticidas, herbicidas y
fungicidas, que destruyen las flores, los ecosistemas, y el resto de
las variedades de frutas y verduras, la flora y la fauna silvestres, y
porque elimina la diversidad biológica en forma expresa, sostén último
de la vida en el planeta, con la única finalidad cierta de aumentar la
riqueza de un puñado de empresas trasnacionales.
Pero tambien SADA hace notar que el actual modelo agroindustrial es antiético,
porque destruye los entramados sociales, productivos y económicos de
nuestras comunidades, condenando a la miseria a sus ciudadanos y es también ecocida,
porque daña irremediablemente la tierra, el agua y el aire, envenena
nuestros alimentos, mata nuestras abejas y deteriora la salud de
nuestros habitantes.
Sospechas confirmadas
Esta
semana que pasó, el SENASA confirmó las sospechas de los apicultores en
la reunión convocada por el Consejo para la Agricultura Familiar
Campesina (CAFC): el causante del deceso de las 72 millones de abejas
fueron los agroquímicos. El equipo multidisciplinario integrado
por miembros de SENASA, INTA, SsAF, Agricultura de la Provincia y
organizaciones de productores fue el encargado de dar a conocer la
noticia.
Desde el sector de Fiscalización del Ministerio
de Agricultura de Córdoba aseguran que han intimado a los agricultores
de la zona para que presenten las recetas fitosanitarias en las que
conste el uso o aplicación de agroquímicos. Pero entre los apicultores
aún resuena la respuesta brindada por el Ministro Etchevehere ANTES de
que el SENASA confirmara el deceso por agroquímicos: “¿Cómo piensan
convivir con eso? Porque el modelo no va a cambiar”.
